Una misión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó una revisión, como todos los años, de las acciones que realiza el gobierno argentino contra los delitos de corrupción en el Estado. El informe revela varias fallas y elevó una serie de recomendaciones que deben generar preocupación en la Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso.
Entre las recomendaciones, según revela el diario La Nación, se destaca la necesidad de dar mayor transparencia a la contratación de funcionarios públicos; el proceso de adquisición de bienes y servicios del Estado; los sistemas para proteger a los funcionarios que denuncien actos de corrupción; la actualización de normas éticas, y el ordenamiento jurídico interno del país.
En ese sentido, pidieron "evitar la continuidad de contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales a título personal". Sobre este tema, insistieron que "la implementación de los concursos públicos resulta ineficiente en los plazos pretendidos por la normativa, debido a la burocratización de los procesos o ineficiencia en la determinación de recursos", por lo que se reclamó mayor transparencia.
El informe de 37 páginas también elogia a medidas del Gobierno, como la reciente aprobación de la ley de acceso a la información pública y los decretos de datos abiertos.
