El caso del Barrio Vista Linda es apenas el botón de muestra, existen otros hechos de inseguridad que no han sido denunciados. Otros que si fueron denunciados, incluso tienen investigación policial y judicial no fueron informados.
Más de la mitad (mucho más) no son reconocidos en informes oficiales de prensa de la Policía del Chaco, la Justicia, en tanto, apenas tiene una dependencia que se dedica a lo institucional y no se conoce ni siquiera para la estadística, las causas penales por delitos comunes en trámite, pero hay certeza que con lo poco que se denuncia, las fiscalías y juzgados del fuero penal están abarrotados.
Pero la verdad es que la gente lo sabe porque lo sufre. El caso del joven futbolista de 18 años, Lucas Holden, asesinado a sangre fría en la noche del jueves no fue el único acontecimiento trágico ni siquiera está cerrado el episodio cuando ya en las redes sociales, especialmente Facebook, puede hacerse un seguimiento de la cacería que desató, no solo la Policía para dar con “el porteñito” también los familiares y amigos de la víctima que incluso reiteradamente amenazan a la familia del victimario.
El mediodía del día anterior a la muerte de Lucas, hubo conmoción en la zona de los barrios construidos en los 90 del viejo Villa Elisa por un tiroteo entre la Policía y desconocidos, sin que todavía se sepa por qué fue.
El sábado también al mediodía –no a la siesta, no a la noche- en Villa Chica, una mujer fue apuñalada por la espalda en un intento de robo y está viva de milagro.
La gente no sabe qué pasó, tampoco sabe si los delincuentes que provocaron esos hechos están detenidos.
Todo esto ocurre mientras la seguridad del país entero fue declarada en emergencia por el Consejo Federal de Seguridad. Quizás nadie lo recuerda, pero tampoco se sabe qué alcance tienen esas medidas.
Este mismo fin de semana, cuando las pocas noticias policiales que trascienden son suficientes para encabezar el ranking de lecturas de portales y medios tradicionales, el gobierno decidió lanzar un “Operativo preventivo de efectivos motorizados”. Un cóctel de motocicletas de distinto tipo sale a recorrer los barrios del área metropolitana, la más densamente poblada. Incluso la fuerza puso a disposición de la ciudadanía tres números telefónicos “para comunicar cualquier situación de ilícitos”. Los números de contacto son: 3624221806 – 3624221597 – 4463120.
Es que además, se trata de delitos comunes. No hablemos aquí de los zapallitos formoseños ni de la operación que quiere ver el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán pese a que la Justicia Federal se preocupó desde el inicio de despegar al mandatario vecino.
El delito común, el que debería ser objeto de prevención -sin caer en el debate sobre si son más o menos que antes-, está fuera de control.
Que no hay capacidad de prevención y que no hay política en la materia. Ni nacional, ni provincial. Que pese a la emergencia no hay aporte de fondos suficientes para tomar medidas urgentes. La variopinta tropa motorizada permite entender que no hay elementos suficientes para hacer el patrullaje preventivo, cuando la realidad, la forma de manejarse de ese delito común indica que la motocicleta es el vehículo ideal para enfrentar esos hechos en el terreno, siempre que no llueva y las calles de los barrios de Resistencia no se tornen intransitables hasta para una poderosa 4 x 4.
Esa emergencia debe contemplar también los recursos necesarios y con la urgencia actual para el mejoramiento de lugares de detención, porque así como se reclaman mayores controles, habrá mayor cantidad de detenciones, pero no hay hoy capacidad de atender esa nueva “demanda”.
Es un cliché, pero también una realidad. Las condiciones de detención de los establecimientos penales -incluidas las comisarías- son centros de entrenamiento para el delito. Como diría el ministro de Educación, Estaban Bullrich, “una fábrica de chorizos”. Esa misma falta de recursos en materia de seguridad es admitida cuando se limita el operativo motorizado a “las próximas semanas”.
Esa carencia se nota cuando las dependencias disponibles para las detenciones en caso de narcomenudeo, se llenan sin que puedan derivarse a lugares de rehabilitación a las personas que combinan el delito con su adicción. Aún así, se presenta el fuero antimenudeo, como un avance. Pudo haber sido originalmente, pero ya llegó a un callejón sin salida.
Otros mecanismos de contención están también limitados a la falta de fondos. El recorte de recursos, el parate de la actividad llevado al extremo con el objetivo de hundir intencionalmente la economía para mostrar luego el rebote como un mejoramiento, tiene sus consecuencias.
Vivir en la capital chaqueña es cada vez más complicado, y las circunstancias fueron agravándose. El deterioro es progresivo. Pero eso no se discute. La política mira hacia otro lado, los temas que marcan la agenda, no son estos. Quizás intencionalmente, porque no hay solución, ni ideas respecto de cómo hacerlo.
Pero esta parte de las responsabilidades del Estado necesitan inversión y estamos en época de ajustes. Hay que prepararse para más.
El anuncio del gobierno es que habrá más fuerzas de seguridad para reprimir el corte de rutas, el corte de calles. Hay quejas por la extensión horaria de piquetes y promesa de intervención de parte del gobierno para evitar que se repitan.
Obvio para esto habrá que distraer fuerzas destinadas a la prevención. Chaco no es la provincia de Buenos Aires, no puede pedir presencia de fuerzas federales. Pero si hay más piquetes es porque hay una cuestión de fondo.
La situación social también se va deteriorando. No hay –otra vez- recursos para atender el reclamo. Si antes de diciembre de 2015 la presunción era que se dilapidaban fondos públicos para sostener una estructura de “choriplaneros” al solo efecto de intercambiarlo por apoyo político, el abrupto corte que vino con el nuevo gobierno, importa ver que esos sectores desprotegidos siguen estando ahí, son demandantes reales, personas de carne y hueso, y ya no hay atención ni siquiera con control para evitar despilfarro y corrupción. No hay alternativas para ellos, ya no de recursos sino de un plan de acción.
Movimientos sociales, cooperativas, movimientos de trabajadores, los nombres son variados. El gobierno no lo dice pero decidió no tomarlos en cuenta. La mayoría está paralizada, sin ninguna respuesta.
En la reunión en la que el ministro Bullrich habló de la máquina de hacer chorizos, el Coloquio de IDEA, el sacerdote jesuita, fundador y director de la Escuela de Liderazgo Político-CIAS, Rodrigo Zaragoza, le advirtió al auditorio “Yo no conozco a nadie que gane (un plan de) $880 por mes que no quiera trabajar si le ofrecen un trabajo en el que le van a pagar 15.000 pesos".
Zaragoza hablaba en el panel sobre "Integración social, puente para el desarrollo sustentable de la Argentina", en el 52 Coloquio de IDEA. La cifra mensual que dio no era antojadiza, mientras se suscitaba el coloquio se conoció también que durante el pasado mes de setiembre una familia necesitó 12.637,53 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en referencia al costo de la Canasta Básica Total, que subió un 1,2% por sobre la de agosto.
En tanto, para la Canasta Básica Alimentaria, la cantidad mínima de alimentos que requiere un núcleo familiar, hizo falta $ 5.287,67 pesos, un 2,2% más que en agosto.
Pero hay que ver que ese monto se corresponde con un núcleo familiar tipo, una pareja de un hombre de 35 años y una mujer de 31, con un hijo de seis años y una niña de ocho. En el caso del Chaco, es probable que el padre Zaragoza se esté quedando corto.
Las medidas que más le dolieron al presidente Mauricio Macri parecen el horizonte. Se aleja a medida que avanzamos. Quizás no sea tiempo de resultados, según se aplican sus propias políticas, pero falta saber hacia dónde vamos a 20 días de cumplir un año de gobierno. No solo Macri, también Domingo Peppo.
