Ocurrió en Neuquén. El débito automático para el pago de las cuotas de las viviendas construidas a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) está en la cuerda floja. Una jueza laboral falló a favor del reclamo de un empleado público y ordenó al gobierno suspender el cobro compulsivo.
Se trata del nuevo sistema, en otras provincias es usado recientemente, que impuso el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) para asegurarse el cobro de la cuota de la vivienda y bajar de esa forma, la morosidad que admitió tener el ente autárquico correntino.
El fallo de la Justicia neuquina es una mala noticia para el área de Ingresos Públicos de esa provincia que ideó el sistema, tras hacer un relevamiento para medir el grado de cumplimiento de las obligaciones de los agentes públicos en esta materia.
Este es el primer caso de una serie de demandas que en lo sucesivo llegarán a los juzgados, promovidas por los abogados de los gremios estatales. Mariano Mansilla, uno de los letrados que trabaja en este tema, dijo que se preparan unos 4.000 juicios individuales a partir del resultado obtenido en este caso testigo.
La primera medida cautelar beneficia a César Fuentes, un empleado público que pidió que no le descuenten de sus haberes la cuota de su vivienda. El fallo de la jueza laboral Ana Lía Zaperi suspende los efectos de las resoluciones que dieron origen al débito automático.
El gobierno puso en vigencia este sistema con los sueldos de noviembre y comenzó con cuatro mil agentes a los que, en promedio, se le descontaron unos 120 pesos de sus haberes.
Las autoridades lanzaron esta propuesta que continuará en diciembre porque la intención es incorporar bajo este mecanismo de cobro a 7.878 empleados públicos. Los gremios estatales ya pusieron a disposición de sus afiliados la documentación necesaria para iniciar nuevas demandas. Los agentes alcanzados por la medida del gobierno pueden consultar sobre este asunto en las seccionales sindicales de esta capital y del interior, informó Mansilla.
El recupero de las cuotas vía débito automático fue impulsado por la subsecretaría de Ingresos Públicos que conduce Marcelo Raimondo. En su área se realizó un estudio que indicaba que el 80% de los empleados que tienen viviendas del IPVU registra al menos dos meses de atraso en el pago de las cuotas.
Vivienda emite 20.000 facturas por mes y cerca del 40% llega al domicilio de un empleado público. El programa original consistía en lanzar intimaciones masivas para que los deudores regularizaran su situación, pero luego el gobierno cortó por la vía más expeditiva y decidió cobrar las cuotas de los sueldos antes de que los billetes lleguen al bolsillo de su dueño.
El Estado provincial es mal cobrador en materia de viviendas porque emite una facturación anual de 12 millones de pesos, pero sólo percibe alrededor de cuatro millones.
