Una marcada decisión de sepultar el caso de los cuatro muertos de Sameep comenzó a materializarse apenas se supo de la terrible tragedia sellando el triste destino de cuatro jóvenes precarizados que prestaban servicios para la empresa estatal que políticamente dirige el presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Gustavo Martínez, sin que por ello Domingo Peppo deje de ser gobernador de la provincia.
Hay demasiados indicios de que lo que pasó en enero en Tres Isletas volvería a pasar y sin embargo no solamente no se tomaron medidas sino que se continuó un sistema de trabajo que condenó a estas cuatro personas pero que expone potencialidad a los miles de jornalizados que tiene Sameep y que hacen el trabajo sucio.
La indignación fue generalizada, aunque eso no baste para aplicar las medidas que deben servir de correctivo. Y para ese caso, la Justicia ya ha tomado parte en el acting que comenzó con el coro de lamentaciones que hicieron el gobernador, su secretario general Horacio Rey, el presidente de la empresa Sameep, Claudio Wettstein, el presidente del Concejo, Gustavo Martínez que suspendió un acto político y los representantes del Ministerio Público, que aceptaron mansamente el lineamiento que bajó la política de “esperar que pase el dolor para ponerse a investigar”.
Si los casos de Tres Isletas y Puerto Vilelas son calcados es de esperar que la fiscal que investiga la muerte de cuatro obreros pida como prueba el expediente abierto en la Fiscalía de Investigación de Sáenz Peña.
El primer hecho ocurrido siete meses antes debería estar lo suficientemente avanzado y seguramente tendrá ya imputados y procesados. O no. En todo caso, si la decisión es no investigar, también puede servir para saber cuáles fueron los vericuetos para no adjudicar responsabilidades y no inquietar a la política que para colmo de males (o de bienes) está en medio de una campaña política.
Tan absurda como ésta, la muerte del conductor de una camioneta que cayó al agua en Corrientes en un puente caído que no estaba señalizado, al menos le costó el cargo al jefe de la Unidad Regional de Goya y la representante de Vialidad Nacional, dirigente política del PRO en la provincia vecina públicamente puso su renuncia a disposición del gobierno nacional, aunque claro, no iban a aceptársela.
Aquí en el Chaco frente a la repetición de tragedias evitables, era de esperar un gesto parecido, sin embargo no nació de las autoridades una actitud similar. El gesto más recordado, en todo caso, será el retiro de Carim Peche del último debate entre candidatos a legisladores provinciales.
El presidente de Sameep, dijo cuando ya no podía esquivar la respuesta en Radio Chaco, que “siempre su renuncia está a disposición del gobernador”, aunque antes había aclarado que no quiere presentarla por este hecho.
De todas maneras, su afirmación es expresamente cierta. La decisión final de dejarlo permanecer en el cargo es tácitamente del gobernador. Vale decir, es Domingo Peppo el que no quiere renuncias o el que considera que la vida de seis personas no amerita que algún funcionario se vaya.
“Chaco abdicó las banderas de protección del trabajador” había dicho José Niz, secretario general de UPCP en medio de la discusión salarial. Se lo planteaba como una contradicción a un gobierno peronista que por más distancia que haya tomado del kirchnerismo no puede renegar de que el propio Juan Domingo Perón consideraba a los trabajadores como “la columna vertebral del movimiento”.
Las palabras de José Niz cuadran a la perfección desde lo estrictamente técnico. Wettstein anunció que el Área de Recursos Humanos de Sameep iba a comenzar a investigar porque “ellos son los encargados de higiene y seguridad”. Si lo que dijo es así, es este sector el que debe permanecer al margen de la investigación. Precisamente éste.
Pero en el Chaco, la realidad vaya en sentido contrario de los hechos. Ha reiterado varias veces el gobernador “no hay más lugar en el estado”. Pareciera que lo dice para evitar discutir pases a planta o la incorporación de contratados.
Los cuatro operarios que murieron no eran empleados de Sameep. Ni siquiera son empleados. Los gremios o movimientos sociales, los llaman precarizados. El gobierno los llama “jornalizados” y dependen del Ministerio de Desarrollo Urbano Y Territorial y está a cargo del ministro Guillermo Ariel Monzón.
Fue el cargo que el gobierno de Jorge Capitanich había inventado para darle un cargo de ministro a Gustavo Martínez. Monzón es hombre de Martínez. Es el que aporta el recurso humano para que el presidente del Concejo haga obras por su cuenta dentro del municipio con el denominado “Equipo Hábitat”.
Con esto, Sameep o la presidencia del Concejo tienen recurso humano con costo al presupuesto general de la provincia. Es la porción del poder y recursos que le corresponde al espacio político de Martínez. No podría cuestionarse o si, pero evidentemente esta distribución de recursos pasó por manos de Tribunal de Cuentas si objeciones. Pero lo que existe en realidad es un sector dentro del poder con sus propias reglas. Un estado en el que el jefe de Estado no tiene acceso.
Por eso no puede Peppo pedir renuncias. Ni al ministro responsable del personal que trabaja en condiciones infrahumanas en Sameep ni al presidente de Sameep, que como cabeza de la empresa toleró por acción u omisión que estas cosas pasen en la empresa que conduce.
La única vez que se animaron el gobernador Peppo y el intendente Jorge Capitanich a pedirle una renuncia a Gustavo Martínez cuando negociaron la lista de candidatos a diputados nacionales. Se oponían a las reelecciones y Gustavito quería que su padre Gustavo Martínez Campos fuera candidato a diputado nacional nuevamente.
Le respetaban el espacio, pero le pedían que fuera otra persona, otro familiar. Le sugirieron incluso el nombre de Claudio Wettstein. Gustavo se mantuvo firme. Un ejemplo de lo infranqueable que es esa cuota de poder.
Si los medios en la provincia se plegaron a la línea oficial de explicaciones o de silencio, los medios nacionales tampoco preguntaron mucho. Esta semana, Livio Gutiérrez, se ocupó de rescatar que la provincia es anunciante en el programa del Grupo Clarín, Código Político. ¿Quién se acuerda hoy de que como jefe de Gabinete, Jorge Capitanich partió al medio algunas hojas del diario Clarín?
Paralelamente, en las redes sociales la dirigencia del Movimiento Clasista y Combativo de donde salieron los cuatro operarios fallecidos, una asamblea de otros obreros precarizados toma distancia del sindicato de obras sanitarias y denuncian que existen aprietes en la empresa para que el tema se aplaque, para que no haya reclamos. Entra tallar la necesidad de los deudos. Una de las llaves para que la cuestión termine rápidamente.
