Sin ruborizarse el fiscal de la Corte adjunto, Miguel Fonteina, expresó su orgullo por liderar el equipo de fiscales que investigan los hechos de corrupción que atraviesan al gobierno de Domingo Peppo. Sin embargo, nunca tan profundamente visible el Poder Judicial atraviesa una de las etapas más vergonzosas trasluciendo los tironeos políticos a los que está sometido ahora para que un sector de la política prevalezca sobre otros en la resolución de una cuestión que ni siquiera debería tener discusión, la salida del ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, del gabinete provincial para que pueda ser investigado en delitos vinculados al lavado de dinero, entre otros.
Ninguno de los actores del sainete del desafuero o juicio político salió a dar explicaciones todavía de la publicación del diario La Voz del Chaco sobre una reunión de la que habría participado el subsecretario de Justicia, José Sánchez con “altos funcionarios del Superior Tribunal de Justicia y del Ministerio Público Fiscal”, mucho menos los supuestos protagonistas. Mientras la política pulsea a su ritmo habitual, diferencias entre partidos y sectores internos mediante, la Justicia acepta el papel de reparto que le ofrecen los sectores en pugna y atropellan, se atropellan y se dejan atropellar. Sencillo, aunque parezca complicado.
Si la resignación de un poder del Estado sometido a otro que administra los fondos es una sospecha habitual en tiempos de sigilosos movimientos para garantizar impunidad, los desvergonzados movimientos, tendientes prácticamente a lo mismo, sólo permiten confirmar que el orgullo declarado por el subprocurador Fonteina, o es un equívoco o es el síntoma de la alienación de un Poder del Estado en relación con la realidad.
Si la medida “anti cautelar” de la juez Barreto nació en aquel encuentro que señala La Voz del Chaco, estará prohijada por el Ejecutivo que no se cansa de dar muestras que va a entorpecer cuanto pueda toda la investigación que lleva adelante la Justicia Federal.
Hay que recordar en este momento la alegría que manifestó el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, cuando el ministro de Justicia, Martín Nievas, le presentó al subsecretario Sánchez. De acuerdo a las crónicas de esa fecha –diciembre de 2017-, “Nievas recibió la felicitación de Toledo por “la designación del doctor, José Sánchez, quien será nuestro nexo con el STJ y la cartera”.
Hace falta repetir aquí que ya es sospechoso que el gobernador Peppo se resista a entregar a Echezarreta, pero además hay altos niveles promiscuidad entre el Ejecutivo y la Justicia para consolidar ese objetivo. Importa recordar también que el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales, Walter Bernard, vinculó los aumentos extraordinarios y fuera de la ley de enganche que recibieron los jueces chaqueños con la necesidad del gobierno de frenar investigaciones.
Es “una resolución del Ejecutivo para quedar bien con los jueces de la provincia en relación a las investigaciones judiciales federales que están transcurriendo en la provincia”, afirmó el dirigente sindical.
En ese mar de dudas y cuestiones cruzadas, Peppo contribuye. Incita, salvo esta vez la Cámara de Diputados, al menos una parte. A esa parte “rebelde y angelical” le sale al paso el fallo de la juez Barreto. Usa una medida no escrita, que no existe en el Código Procesal chaqueño. Busca derecho comparado, jurisprudencia y doctrina. Y el que busca, encuentra.
Históricamente, la impunidad había alineado a todas las fuerzas de la república provincial. Nada de lo que pudiera alguno enorgullecerse. Esta vez, resiste una porción importante de la Legislatura. La Justicia quiso ser herramienta para neutralizarla.
Inefable, la política juega con todas las herramientas que tiene a su alcance. La justicia es ya un títere. Otro juez utiliza otra herramienta procesal que no existe. La “anti-cautelar”. De nuevo, doctrina, jurisprudencia, tallan.
Un juez de primera instancia, titular del juzgado Civil y Comercial Nº 21, Julián Benito Flores. El mismo que sorprendió al Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, cuando en el mes de marzo le negó una cautelar para frenar el aumento del boleto.
Corregido señaló que en el fallo –denegatorio de la cautelar-, el juez Flores tuvo “un cambio de criterio que no pone el foco en la violación a la norma”, porque para él, se había violado la ley de Audiencia Pública previa a establecer un boleto de 11,50 pesos en el transporte de pasajeros interurbano.
Flores, ahora dictó una “anti-cautelar” suspendiendo una “pre-cautelar” y dando órdenes a otra juez de primera instancia. El summun. Casi como un tribunal de alzada, pero sin serlo.
Las vinculaciones del juez Flores con la política, no son meramente jurisdiccionales. Son de sangre, de familia. Por eso no llama la atención que le conceda esta “apelación” solicitada por un diputado del bloque de legisladores, del espacio interno, que quiere liquidar el pleito de Fabián Echezarreta a como dé lugar.
Se genera entonces, más allá de los fines y sin poder justificar los medios, otro retroceso. El revés final es para la justicia. Tampoco nada de que enorgullecerse. Por su lado, la juez Barreto continúa con el trámite que interpuso el ministro, con la acción de fondo. La Legislatura recibió el traslado de la acción. Tiene un plazo muy breve para contestar. Si apuran “el desafuero” podrían hacerlo antes de que venza y declarar “abstracta” la cuestión, como el Congreso con el pedido de desafuero de la diputada Aída Ayala. Parecido, pero distinto. Las dudas están en el radicalismo, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. A esta hora, empieza a analizarse con cierta nostalgia el camino del Juicio Político, debería empezarse de nuevo.
El Centro de Estudios Nelson Mandela, que coordina el abogado Rolando Núñez, abrió la instancia formalmente. Pero, la cuestión llevaría más tiempo.
Mientras tanto discutimos esto. No a Echezarreta. Hace dos semanas y media con pedido de detención.
En la puerta del juzgado Federal, la defensora del ministro, Valeria Corbacho, que se movía antes de que estuviera imputado, en vehículos del Ministerio, ponía claridad cuando su cliente fue voluntariamente a ser indagado. “El ministro no es querellante, el ministro es imputado, no hay contradicción entre una cosa y la otra. El gobierno es querellante, en todo caso, el gobierno debería querellar al ministro”.
Efectivamente, todo lo contrario
Peppo no lo entiende así. Es la raíz del problema. A esta altura de los acontecimientos, el gobernador se ha transformado más en una parte del problema que de la solución.
