El restablecimiento de las relaciones entre el establishment de los medios de comunicación con el gobierno del Chaco está mostrando señales inequívocas de la finalización de la tormenta agravada de corrupción que sacudió al gobierno provincial de a partir de marzo de este año. En cierta medida se trata de una cuestión previsible, por cuanto la espectacularidad de los allanamientos y medida de prueba requerida en los inicios de las investigaciones han sido superadas y las causas judiciales avanzan en su trámite en cuestiones que tienen más que ver con el trabajo puertas adentro de los tribunales que por fuera.
A diferencia de un fenómeno meteorológico la cola de una tormenta en este caso no produce el efecto catastrófico sino que más bien se asemeja mucho al bálsamo que va cerrando heridas. Quizás de esa manera pueda ser vista la presencia del gobernador Domingo Peppo en los estudios del canal local hablando de futbol y sin cuestiones que tengan que ver con el interés periodístico, más allá de que la conducción de ese programa estuviera a cargo de los principales conductores de noticieros de la emisora.
Y es que si bien la actualidad pasa hoy por el Mundial Rusia 2018 o las consecuencias de la crisis económica, financiera y política nacional de mayo/junio, el grueso de los medios parece haber restablecido las relaciones con el poder a los tiempos anteriores a la detención de Horacio Rey, ex secretario general de la Gobernación.
Salvo por el dramático ajuste que viene imponiendo el gobierno provincial, cuyas consecuencias hacen imprevisible un pronóstico, este retorno a los tiempos de paz importaría el retorno del statu quo, donde todo vuelve a ser como antes.
Poco pesan los dramáticos indicadores sociales de ultimísima actualidad, con la provincia del Chaco liderando los niveles de desocupación que presuntamente a nivel nacional descendieron levemente.
Quizás el último escollo que atraviesa el gobierno provincial sea el caso del ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, cuyo juicio político viene encaminándose, pero paradójicamente, encontraría una salida distinta al arresto ordenado por la Justicia Federal, sino una solución madurada, que deja satisfechos a casi todos los actores de ese sainete, fundamentalmente a los protagónicos, el gobernador y claro el propio ministro.
La clave de la orden de detención del ministro es precisamente su función en el gabinete provincial. Pero sin esa función, que le otorga inmunidad, habría elevadas posibilidades de que la Cámara Federal de Apelaciones concediera la eximición de prisión, tal como ocurrió con la diputada nacional Aída Ayala.
A diferencia de lo que interpretó la juez Zunilda Niremperger, para la Cámara de Apelaciones, la condición de legisladora nacional de Ayala, cuando se investigan hechos relacionados con su gestión como intendente de Resistencia no son fundamentales para obstaculizar la investigación, habiendo sido indagada, ante la presentación espontánea de la diputada, los trámites están cumplidos. Ya está.
En el caso Echezarreta, el ministro es todavía ministro y lo que se investiga está relacionado exactamente con su función de ministro. Y el camino es ponerlo a este funcionario en las condiciones en las que está la ex intendente.
Es un poco más complejo pero no imposible. No correspondiendo el pedido de desafuero –que además está bloqueado por la “pre-cautelar” de la juez Eloisa Barreto-, el avance juicio político al ministro de Infraestructura tiene una consecuencia de corto plazo, y posiblemente una de mediano o largo plazo.
La primera, si la Comisión de Acusación –donde está ahora el trámite- declarara admisible la denuncia presentada por el Dr. Rolando Núñez, Echezarreta, debería ser suspendido en la función. Pero no perdería las inmunidades.
Dejaría de ser temporalmente ministro, debería ser apartado del cargo, pero todavía no podría ser arrestado. Eso recién ocurriría al final de la acción de la Comisión Juzgadora, si decidiera declararlo culpable y en ese caso, removerlo.
Como Ayala, Echezarreta se presentó voluntariamente a ser indagado, por lo que la juez Niremperger puede avanzar en el trámite de la causa, y tal como hizo en la Casa Lavado II, procesar e incluso dictar la prisión preventiva, si considerara pertinente.
Estando suspendido el ministro no podría ser detenido. Y apartado de sus funciones –pero con inmunidades- la Cámara Federal debería analizar si cesa el riesgo estimado por la juez federal para dictarle la orden de arresto. Estaría a las puertas de continuar el proceso en libertad.
Peppo habría cumplido su compromiso con el ministro y recién entonces podría ocurrir la renovación de su gabinete. Como anticipó el conductor radial Julio Wajcman, para el mes de agosto.
Llegar al juicio ya es otra cuestión. Las cadenas de apelaciones podrían demorar mucho, quizás más allá de las elecciones tan temidas que deberían ocurrir en agosto o septiembre del año que viene.
El nuevo escenario, con una política que viene fortaleciéndose después del vendaval desatado en marzo, impone otros hechos. Sin sonrojarse, los diputados Ricardo Sánchez y Juan José Bergia denunciaron penalmente al fiscal de la FIA, Dugaldo Ferreyra, por presunto mal desempeño en sus funciones, entre otras cosas por haber denunciado el que debió haber sido el Lavado III a la Justicia Federal o haber comentado su trabajo con diferentes medios de comunicación.
Será todo un desafío la tarea de los fiscales de investigación del fuero ordinario que no vieron en los últimos doce años un hecho de corrupción en la provincia, hasta que el fiscal Federal abrió la caja de pandora de la lanchas de los funcionarios y sus testaferros.
Se conoció al filo del fin de semana que el gobernador Domingo Peppo dispuso la cesantía de una empleada de la Tesorería General que se habría aprovechado de un sistema de pagos y cobros denominado Interbanking para presuntamente defraudar al Estado en 235 mil pesos.
Mientras tanto Contaduría General dispuso un sumario a las máximas autoridades de la Tesorería –no sólo a esta empleada ahora despedida- por el uso de ese sistema denominado “Interbanking” por el que se movieron unos 4 mil millones de pesos sin control, todo en conocimiento de los Fiscales de Investigación sin que a nadie se le mueva un cabello.
Efectivamente, las cosas están volviendo a la normalidad.
