Dos empleados de Sameep murieron en Tres Isletas y sus vidas acabaron en medio del caos, del descontrol y de la indiferencia de una empresa que durante mucho tiempo gastó cientos de miles de pesos para intentar demostrar que Gestión era igual a solución.
Para una tarea como esa era indudable que el ABC de la seguridad industrial les hubiera salvado la vida, pero en una provincia en donde se hace alarde de que las autoridades (provinciales, municipales o de las empresas del Estado) les entregan ropa de trabajo a los empleados, la muerte de dos personas viene a exponer además que junto a la ropa con necesariamente debe acompañarse otros elementos con los cuales no hubiera sido necesario declarar un día de duelo.
Duelo que baste decir, fue prácticamente toda la reacción del gobierno provincial ente una clara mala praxis empresarial que en un Estado de Derecho hubiera significado una medida más drástica para quienes tienen responsabilidades en lo ocurrido.
Nada de lo que se hayan encontrado en ese pozo cloacal con temperaturas superiores a los 40 grados en superficie era imposible de prever si quienes tenían que operar allí hubieran estado suficientemente capacitados. Los empleados que fallecieron en ese accidente de trabajo, víctimas de la negligencia –propia- y de sus patrones debían saber que no podían bajar al pozo sólo con una camisa y un pantalón con el logo de la empresa.
No se puede dejar de mencionar que la reacción de los dos sindicatos de empleados de Sameep fue el más estruendoso silencio. Silencio de parte de quienes denunciaron a la empresa y sus autoridades cuando les retacearon la cuota sindical. ¿A quiénes representan? ¿Habrán recuperado ya el código de descuento?
Gustavo Martínez, líder del espacio político que maneja la empresa se sienta en la mesa chica de las decisiones. Es además uno de los dirigentes políticos que ha sabido manejar cajas públicas para permanecer en las primeras planas a base de pautas publicitarias de una empresa absolutamente deficitaria sostenida con el argumento de que “No hay forma que una empresa pueda tener rentabilidad si no está al servicio de una rentabilidad social”. Las palabras son de Jorge Capitanich en 2009 cuando visitó la empresa Sameep como gobernador de la provincia y tuvo que ir al pie para ratificar a Martínez en el cargo después de la recordaba movilización que le hicieron con camiones y máquinas a la esquina de Mitre y Marcelo T. de Alvear.
Desde aquella vez quedó en claro que la conducción de ese espacio era de Martínez, como lo es ahora, aunque haya delegado la presidencia de la empresa del Estado en su cuñado Jorge Claudio Marcelo Westtein.
En el ejercicio de la responsabilidad social, por fuera de sus recursos los empleados de Sameep deberían contar con máscaras y tubos de oxígeno para descender a un pozo como ese y su uso debiera ser obligatorio.
Debería exigirlo la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que también es obligatoria, que además debería capacitar a los trabajadores en cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo. Y el Estado debería controlar que eso pase. Que se cumpla.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo establece las obligaciones de las ART:
• Brindar todas las prestaciones que fija la ley, tanto preventivas como dinerarias, sociales y de salud.
• Evaluar la verosimilitud de los riesgos que declare el empleador.
• Realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas afiliadas y su evolución.
• Efectuar los exámenes médicos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores expuestos a riesgo.
• Visitar periódicamente a los empleadores para controlar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos del trabajo.
• Promover la prevención, informando a la SRT acerca de los planes y programas exigidos a las empresas.
• Mantener un registro de siniestralidad por establecimiento.
• Informar a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances y de su régimen de alícuotas.
• Controlar la ejecución del Plan de Acción de los empleadores y denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos.
• Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los empleadores y a sus trabajadores en materia de prevención de riesgos del trabajo.
• Denunciar los incumplimientos de los empleadores a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Sería interesante conocer si todos cumplieron su función en este caso. Sólo el silencio impide saberlo. El de la empresa, el del Estado que debe controlarlo y paradójicamente el de los gremios que deben defender a sus trabajadores.
El silencio permite que las apariencias vuelvan a naturalizar las cosas. Recuperen la imagen previa al hecho que expone la falencia.
Por eso, después de la muerte de un empleado se declaró día de duelo. Pero al fallecimiento del segundo, ya prácticamente todos decidieron que no hacía falta otra jornada de recogimiento. Quizás también por la prematura versión de que en el mismo día habían muerto los dos.
Pero en el segundo caso, abundaron las noticias que hablaron del fallecimiento de un “segundo operar ario” así a secas ya no se mencionaba más el nombre de la empresa Sameep. Fue acaso un descuido, una manera de informar algo que se sobreentendía y que no era necesario aclarar que se trataba de la empresa que conduce Martínez o sus familiares o su espacio político.
Así terminó el episodio que como mínimo es de esperar que deje una lección porque la tarea que provocó estas dos muertes todavía está por hacerse.
Silencio
Con mucha sinceridad el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en la primera defensa al jefe de la AFI, Gustavo de Arribas, “Somos todos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario”.
Se refería a la denuncia publicada por el diario La Nación en la que se denunciaba que el jefe de la oficina de inteligencia nacional puesto por el presidente de la Nación Mauricio Macri, había recibido coimas de parte de la multinacional brasileña Odebretch.
No solamente porque decidiera incluirse en la denuncia contra De Arribas que llama la atención la declaración del delfín macrista, sino porque el gobierno nacional no puso en vigencia el mismo principio constitucional para reconocer la arbitraria detención de la dirigente social Milagro Sala, que esta semana cumple un año ilegalmente en prisión.
Y ante esa expresión hay silencio. Como si hubiera corrupciones buenas y corrupciones malas. O inocencias para ricos y culpabilidades para pobres.
Pero el silencio principal sobre la situación del escribano y vendedor de jugadores de fútbol que el presidente puso a dirigir la ex SIDE es justamente la de Mauricio Macri. Que debiera expresarse. Su vínculo con De Arribas es estrechísimo, de hecho le alquila el departamento que desocupó el presidente cuando se mudó a la Quinta de Olivos.
El presidente no parece dispuesto a conceder el alejamiento temporario de su jefe de la AFI como hizo en una ocasión con el director general de Aduanas, el carapintada Juan José Gómez Centurión.
Mientras tanto Sala atraviesa un año con prisión preventiva. Sin que hasta la fecha se haya demostrado su culpabilidad o como pide el ministro de Justicia, Germán Garavano, tratando de demostrar su inocencia.
No importa que en el camino se hayan expresado como Rodríguez Larreta para con De Arribas, la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
