El Tribunal Oral Federal N°3 absolvió a los accionistas del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián de Sousa y condenó al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray a 4 años y 8 meses de presión en el juicio oral por Oil Combustibles. Tras dos años y medio el tribunal finalmente confirmó que no hubo delito.
Esta mañana la audiencia comenzó con las “últimas palabras” de los tres acusados el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, y los accionistas principales de Oil, Cristóbal López y Fabián De Sousa. "Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto", dijo López al hablar en la ultima audiencia.
Por su parte, Fabian De Sousa lanzó:"Siempre tuve clara mi inocencia" y completó: "La finalidad no era cobrar impuestos, era quebrar a las empresas del Grupo Indalo. Querían quebrar a los medios que daban una visión de país distinto al que ellos querían mostrar", dijo el accionista.
En tanto, Ricardo Echegaray definió que "los hechos que se me imputaron no constituyen delito". "Pidieron mi condena de prisión sin ninguna prueba", completó.
Luego de conocerse el veredicto, los accionistas del Grupo Indalo brindarán una conferencia de prensa en un hotel porteño.
Para poder elevarla a juicio con velocidad, debate que comenzó el 13 de junio de 2019, la causa original se partió en dos: la segunda ni siquiera fue elevada a juicio. Echegaray, López y De Sousa hicieron uso de la palabra en un último mensaje. No fue la primera vez porque el juicio tuvo una particularidad: los tres aceptaron declarar e incluso ampliaron sus dichos en algunos tramos del juicio, y aceptaron preguntas de todo tipo cada vez que subieron al estrado.
El TOF 3, integrado por Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos llamaron a un cuarto intermedio y volverán a convocar para leer el veredicto a las 17. Es de uso y costumbre que los fundamentos se difieran, ya para 2022, en este caso.
En la decisión de los jueces se juega además confirmar si existió delito o no por parte del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, y los accionistas principales de Oil, Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes solo la fiscalía insistió en acusar por supuesta defraudación al Estado por el acogimiento a cuatro planes de pago de AFIP, cuyo cumplimiento –según todos los peritos, incluyendo los de la acusación- era regular al 10 de diciembre de 2015, cuando cambió el Gobierno. Desde la aparición del peritaje, los famosos $8 mil millones de deuda acumulada desaparecieron. Tampoco formaron parte de los alegatos.
El caso tuvo todo ese despliegue y que puede convertirse en un leading case sobre la incidencia de intereses políticos y económicos para definir la suerte de la que fue la petrolera insignia del Grupo Indalo y que terminó quebrada y con sus activos rematados por impulso del Gobierno de Mauricio Macri.
No sabían
El juicio comenzó con López y De Sousa presos, detenidos de forma preventiva durante 22 meses a raíz de la supuesta venta del holding en obstrucción a la Justicia. Los denunció el juez Julián Ercolini. Ese tiempo demandó establecer que nada de ello había ocurrido y que no existió delito, tal como dijo la jueza María Eugenia Capuchetti. Fueron liberados y continuaron asistiendo a todas las audiencias que Ámbito cubrió en su totalidad.
Su principal acusador, la AFIP, terminó desistiendo al momento de presentar sus alegatos. Sostuvo que como la empresa alcanzó el fin de la quiebra con el proceso de “avenimiento” que es una suerte de acuerdo para pagar las acreencias, debían desistir de la acción penal y también de la acción civil que incluía conceptos como “daño a la imagen”, aventura a la que se subieron de la mano del abogado Ricardo Gil Lavedra, contratado especialmente para impulsar este caso durante el macrismo.
Alberto Abad y Leandro Cuccioli estuvieron entre los primeros testigos. Con temor de autoincriminarse debido a que fueron imputados por la fiscalía en la denuncia (que surgió del propio juez comercial que escuchó a De Sousa) que investiga la jueza María Servini se negaron a responder sobre el caso. Servini investiga si no existió una asociación ilícita en el Gobierno de Macri –que lo incluía- para poner como objetivo a Indalo, ahogarlo financieramente, tumbarlo y quedarse con sus activos más valiosos. Parte de ello terminó ocurriendo.
Abad, molesto, evasivo y con mucha incomodidad terminó por afirmar que él no era un “tributarista”, como para responder cuestiones técnicas del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). En lo formal, la causa había empezado con una nota del diario La Nación en la que se afirmaba que López se había “apropiado” de un porcentaje del dinero que los consumidores abonaban por la nafta en las estaciones de servicio, que lo había evadido y hasta que había expandido sus empresas gracias a no pagarle nunca al fisco.
Expertos en impuestos como Hernán Cruells testificaron en contrario desde lo técnico: el impuesto grava la primera transacción del combustible. En este caso, cuando salía de la refinería de Oil rumbo a las estaciones que eran propiedad de terceras personas jurídicas. Tampoco eran “agentes de retención” ni de “percepción”. La figura era “sujeto obligado” y Oil según sus balances siempre declaró sus acreencias con el fisco, se adhirió a dos de los cuatro planes a través de los sistemas informáticos de AFIP (que lo validaron) y obtuvo otros dos “especiales” debido a que adujo un desfasaje en sus finanzas por el incremento de los valores en dólares de crudo y el “topeo” en los precios de venta entre 2013 y 2015.
No fue el único: Echegaray otorgó en las mismas condiciones y con procedimientos internos idénticos otros 1.648 planes de este tipo que, según expusieron los peritos, no tuvieron para Oil ni quita de capital y sumaron intereses resarcitorios (por no pagar a tiempo) e intereses de financiación (por las cuotas). En la audiencia, el fiscal terminó discutiendo con la propia perito del Ministerio Público Fiscal que había firmado conclusiones beneficiosas para la defensa, junto con el de AFIP y la perito de la Corte Suprema, que se mantuvo y exhibió solidez técnica.
Pedidos
El fiscal Juan Patricio García Elorrio deambuló durante tres audiencias describiendo partes del juicio, para terminar -recién en la cuarta- volviendo en la acusación inicial al eje temático que había esbozado Gerardo Pollicita, cuyo requerimiento terminó recortado al máximo.
En sí, volvió a afirmar que había existido connivencia entre los empresarios y Echegaray para obtener un plan sin acreditar las condiciones económico-financieras –en un procedimiento interno difuso- para luego con el excedente de dinero vaciar a Oil y financiar otras empresas del Grupo y expandirse. Y que nada de esto había sido controlado por la AFIP que omitió exigirle el cobro inmediato de los impuestos que se pagaban en cuotas. Pidió penas de 4 años y 8 meses para el exfuncionario y de 4 años y 4 meses para López y De Sousa. Además pidió hacer un peritaje para cuantificar el monto del perjuicio al Estado, al sostener que existió una defraudación, lo que dejó flotando que durante el juicio no se pudo determinar.
Las defensas pidieron absoluciones y apuntaron a tres vías: a justificar el accionar de Echegaray desde AFIP (validando cómo se gestionaron y aprobaron en sus distintos pasos administrativos los planes), con los testimonios de los testigos (muchos de ellos propuestos por los fiscales) y atacando el origen de la prueba documental que se incorporó a la causa por parte de la AFIP, con falencias de trazabilidad, dudas sobre el origen o directamente incompletas.
Testigos
Transpiró Jorge Schiaffini que firmó un informe que reconoció que no había escrito; declaró Javier Llorente, de la sindicatura puesto por el juzgado, que apuntó a que la AFIP se comportó siempre como “acreedor hostil” al cerrar todos los caminos posteriores para que la petrolera pagara sin quebrar; fue determinante Oscar Ramos Rivera que dejó entrever la decisión política de AFIP de buscar a como diera lugar –y en palabras de Carlos Bo- si “la plata no se la había llevado Cristina de Kirchner”; el propio Bo tomó distancia del caso al filo del falso testimonio diciendo que no había tenido participación y que en realidad su trabajo “no era para ir a la guerra”; Néstor Sosa defendió sus auditorías (materia prima para el inicio de la causa) pero dijo no haber visto un solo papel de Oil; varios jefes de agencia y directores regionales adujeron que no existía diferencia alguna entre los planes que ellos mismos habían tramitado y los que obtuvo Oil y que les indignó la judicialización del caso y el procesamiento de sus compañeros por algo que hacían todos igual; Juan Carlos Santos también afirmó que solo se intentó “mover” a la empresa de la agencia donde había sido radicada a Grandes Contribuyentes Nacionales.
Síndicos, veedores judiciales, interventores, funcionarios de AFIP actuales y pasados, el abogado que hizo la denuncia en el fuero penal económico que no detectó que hubiera insolvencia fiscal fraudulenta completaron la nómina de testigos que el TOF 3 escuchó. Se produjo prueba nueva y se incorporaron documentos que fueron surgiendo en estos años. Sobre toda esta base, los jueces decidirán sobre lo que se debatió durante dos años y medio en una de las causas de mayor gravitación institucional –por sus repercusiones- de los últimos años.
