La semana se fue con un operativo que prometió ser uno más de los tantísimos que se despliegan todos los días en la República Argentina, como gran país consumidor de drogas de todo tipo. Que tiene a la provincia de Santa Fe, como la mayor productora y consumidora de droga, con la ciudad de Rosario como la cuna narco de un gigantesco panorama que asola a cuanto rincón argentino existiese. Ese operativo que incluyó ocho lugares calientes de marihuana, por caso, tocó a la ciudad de Goya en particular, con otros siete lugares en la vecina provincia que arrojaron un feroz nido de narcos, con siete detenidos, casi tres toneladas de marihuana y una singular transacción “comercial” en el medio del Paraná, entre Goya y Reconquista.
Todo esto para recordar que el gobernador correntino Ricardo Colombi fue triste protagonista de un escándalo nacional, tal como lo vio toda la sociedad argentina, a través de los canales nacionales, interrumpiendo el operativo y poniendo preso al jefe antinarcóticos José Moyano de la ex drogas peligrosas de Santa Fe detenido en una camioneta de sus pares correntinos.
En medio de la porfía policial que, por suerte, no terminó a los tiros con nadie y entre nadie, porque bien los allanados podrían haber respondido como lo hacen los integrantes de la mafia; juntamente con la discusión jurisdiccional y hasta judicial, trascendió desde la Provincia de Santa Fe, que el juez federal de Corrientes, Dr. Carlos Soto Dávila, había recibido un exhorto de su par de Reconquista, Dr. Aldo Alurralde, para que estuviera al tanto, autorizara y acompañara el operativo que tuvo otra pata escandalosa cuando los policías santafesinos “alzaron” por la fuerza a dieciséis jóvenes correntinos que disfrutaban plácidamente de la costanera capitalina a más de 200 kilómetros de los mega operativos antinarcos.
Lo real es que un jefe policial, Moyano, fue a detener a traficantes en Goya con una orden de un juez federal de Reconquista. En nuestra provincia entendieron que invadió jurisdicción sin autorización local. Soto Dávila por ahora guarda llamativo silencio.
El máximo jefe policial del área de Drogas Peligrosas de la provincia de Santa Fe fue detenido en la tarde del miércoles en Corrientes durante el seguimiento de un presunto grupo de traficantes de la ciudad de Goya que ingresaban estupefacientes por vía fluvial hacia la ciudad de Reconquista.
La inédita situación, que mantiene por estas horas a las autoridades de las dos provincias enfrentadas en un conflicto no resuelto, se dio a partir de una pesquisa que tiene varios meses, en la que interviene el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. El lunes 19 de diciembre varios hombres fueron sorprendidos en lanchas en las que transportaban 40 kilos de marihuana en la ciudad costera del norte santafesino.
Fuentes de la investigación señalaron que, de acuerdo a escuchas telefónicas realizadas en tiempo real -es decir transcriptas directamente mientras se producían los llamados-, permitieron saber que los abastecedores de los pasadores de la droga descubierta en la lancha tenían domicilio en Goya.
SOTO DÁVILA SABÍA
El juez federal Alurralde emitió entonces un exhorto hacia su colega de Corrientes Carlos Soto Dávila para que habilitara los allanamientos en Goya, ciudad situada frente a Reconquista, del otro lado del río Paraná. Hacia allí concurrieron policías de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la policía de Santa Fe al mando de su jefe, comisario mayor José Moyano, a fin de concretar los procedimientos en los domicilios de los sindicados como proveedores.
El hecho que los policías santafesinos intervinieran en lo que jurídicamente se denomina extraña jurisdicción sin la presunta habilitación del juez federal correntino provocó una crisis mayúscula al trascender que se estaban realizando los allanamientos.
La tensión llegó hasta el mismo despacho del gobernador Ricardo Colombi que pidió a sus funcionarios del área de Seguridad Pública que impidieran los allanamientos, a los que consideró una intromisión no autorizada por la autoridad judicial con competencia en Corrientes, la jueza Graciela Elizabeth Ferreyra.
Según fuentes de la Casa de Gobierno de Santa Fe, Ricardo Colombi requirió que se liberara a los dos testigos del procedimiento que los policías santafesinos llevaron desde la capital correntina hacia Goya. Tal como se observó en la noche del viernes 23 a través de TN Central para todo el país. Lo que en nuestra provincia consideraron una privación ilegítima de la libertad.
Las autoridades santafesinas señalaron estar actuando sujetas a derecho y por orden emanada de un juez federal. Fue así que Moyano, jefe del operativo, dijo que los testigos no estaban detenidos sino que actuaban merced a una carga pública de imposición legal, y que interrumpir la tarea que cumplían significaría el fracaso del operativo.
Frente a esa respuesta una jueza provincial ordenó la detención del jefe de la policía santafesina que encabezaba los allanamientos.
En una discusión por momentos acalorada el gobernador Colombi le reprochó a un ministro santafesino que se hubieran trasladado 250 kilómetros a los testigos y que se interviniera en el territorio de otra provincia sin aviso previo a las autoridades competentes.
Según el gobierno santafesino con autorización judicial de por medio no es imperioso notificar a la autoridad local de una acción operativa en curso.
El fiscal correntino Patricio Paliza, que junto con el fiscal Guillermo Barry, dictó la orden de arresto contra Moyano, afirmó que "se habla de supuesta privación ilegitima de la libertad, en el marco de denuncias realizadas en la fiscalía de la doctora Mónica Espíndola", en el marco de los allanamientos realizados.
