En los tres años que se investigó se hicieron reparto y retribución en partidas de pautas pese a que eso estaba prohibido por ley. Luciano Mario González, uno de los contadores del Poder Judicial, responsables del peritaje a los expedientes de pago por propaganda oficial, comenzó a declarar ayer ante el Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP 1) de Corrientes en la 12da. audiencia del juicio por la llamada Causa Publicidad. Pasadas las 8.30 se reanudó el debate en el Edificio Patono.
González expuso durante más de 2 horas respecto a su actuación como perito en el caso que tiene como imputado al ex gobernador Arturo Alejandro Colombi y otros ocho ex funcionarios de su gestión (2005/09). Su conclusión fue que durante enero de 2007 y octubre de 2009 se cometieron acciones ilegales que quedaron en los documentos oficiales secuestrados por orden del entonces juez de Instrucción en lo Penal Nº 3, Luis Osvaldo Cocchia Breard.
El testimonio fue cuestionado en varios tramos por supuestas deficiencias de enrostrar por la defensa. Según declaró ante el TOP 1, examinó una muestra de 1.036 expedientes de publicidad sobre un total 12.141 confeccionados por la Dirección de Información Pública durante los tres años en que se cernió la pesquisa. De esa disquisición surgieron presuntas irregularidades tales como el pago que figuran como del 2006 pero cuya imputación presupuestaria fueron hechas en 2007. A esto, el contador González sumó una modificación en el plan de cuentas (el gasto en publicidad previsto en el presupuesto) y que para ello el Sistema (Integral Financiero) fue alterado porque no debería haberlo permitido.
En su interpretación, el testigo afirmó que la ley de presupuesto impide resignar gasto de otras partidas presupuestarias a la de publicidad (conocido como la 360). No se puede gastar más de lo que la Legislatura presupuestó, dijo. Es allí donde -a su entender- se produjeron supuestos delitos tales como el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. No obstante, anteriores testigos (como las empleadas públicas Teresita Ramírez y María Antonia Giménez) declararon que los giros de partidas al interior de una misma jurisdicción (ministerio) era una práctica habitual y legítima.
Además, los defensores reprocharon debilidades en el argumento de González, como no haber considerado la ley de Ministerios Nº 5.549/04. La acusación del Ministerio Público entre 2007 y 2009 se gastaron en pauta más de $85 millones de forma espuria alcanzando el clímax con la tercerización a través de Agencia Corrientes.
