Tras la polémica y las denuncias que el Gobierno provincial mantiene oculto un acuerdo con la Anses por el cual la caja previsional de Corrientes podría trastocar las condiciones en que se otorgan las jubilaciones, en especial los regímenes especiales de policías y docentes, la doctora María de las Mercedes Solís de Zambrano presentó el 31 de julio pasado un amparo ante la Justicia, para que intime al Instituto de Previsión Social (IPS) para que dé a conocer el anexo oculto del decreto 3.611/16. Se solicita la remisión de las actuaciones administrativas invidualizadas mediante providencia Nº 2.870, que deberán ser remitidas en el término de quince días (15 días) de conformidad al Art. 49 de la ley Nº 4.106.
La providencia Nº 2.830 del 31 de julio del 2017, obrante a fs. 41, que en la parte pertinente dice: Requiérase el original o copia certificada del decreto 3.611 Convenio de Adecuación del Sistema Previsional de la Provincia de Corrientes al Gobernador de la provincia de Corrientes, lo que deberá ser remitido en el término de quince días, de los cuales ya se consumaron cinco días hábiles.
El recurso en cuestión fue interpuesto por María de las Mercedes Solís de Zambrano al Instituto de Previsión Social (IPS) ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1 de la ciudad de Corrientes. Advierten que entre los puntos que podrían ser modificados aparecen la edad jubilatoria mínima, la movilidad salarial de las jubilaciones correntinas y el riesgo de que desaparezca la garantía del 82 por ciento móvil que se mantiene en Corrientes, pero no en el sistema nacional.
Desde semanas atrás la oposición exige que la administración radical blanquee ante la opinión pública este acuerdo bilateral con el gobierno de Mauricio Macri, pero por el momento sólo se escucha el silencio desde los despachos oficiales. Hay orden que del tema no se hable. Luego de un trabajo de una auditoría de la entidad que conduce Lorena Lazaroff, evaluación de la que no se saben los resultados, el Poder Ejecutivo rubricó un convenio con la Anses de adecuación y financiamiento del sistema previsional de la provincia, acuerdo del que tampoco se conocen detalles, menos aún, la documentación del acuerdo en el que figurarían las potestades que el IPS le resignaría a la Anses.
