La alianza Cambiemos, por primera vez desde que es Gobierno, perdió una votación en el Congreso. Se dio en la Cámara de Diputados, en el momento en que los legisladores se aprestaban a votar el proyecto que crea un régimen de contratación e inversión público-privado y que ya traía media sanción del Senado. El Frente para la Victoria pidió que la iniciativa regrese a comisión y la votación resultó 107 a favor contra 105 negativos.
Desde el comienzo de la sesión, el kirchnerismo buscó dificultar el quórum quem tras tratativas con diputados de la oposición, el oficialismo consiguió con los 129 legisladores necesarios. Desde el FpV denuncian que Cambiemos tenía preparadas 30 modificaciones al proyecto para hacerlas en el recinto, motivo que generó la moción que impulsó el diputado Abel Furlán.
El pedido fue que se votara nominalmente, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se opuso. Tras insistir, el FpV logró que se vote nominalmente, y dejó al descubierto una fractura dentro del Frente Renovador, ya que varios diputados abandonaron el recinto, entre ellos, Felipe Solá y Facundo Moyano para no quedar expuestos en la votación.
El Bloque Justicialista de Diego Bossio estaba dispuesto a votar junto a Cambiemos esta iniciativa, que hasta Margarita Stolbizer marcó que significaba volver a los 90. "Este proyecto consolida el Estado bobo de los 90", sentenció la líder del GEN. Tanto Stolbizer como el socialismo y Libres del Sur se abstuvieron de votar.
El diputado del Partido Solidario Carlos Heller sostuvo que "es un proyecto de ley que pone al Estado al servicio del sector privado". El legislador criticó que el texto original "no establece como obligación la publicación de la licitación en el Boletín Oficial", dando a entender que esa omisión "podría facilitar la concentración de la obra pública".
Las críticas que se le hacen a este proyecto de ley tienen que ver con que el Estado concedía demasiadas garantías a las empresas privadas para la obra pública. Este proyecto era anhelado por Mauricio Macri en su búsqueda de la lluvia de inversiones. Entre los beneficios para los privados se destaca, por ejemplo, la quita de la responsabilidad para las empresas por cualquier daño ambiental que realice la empresa ya que pasan a correr por cuenta del Estado.
