El Gobierno Provincial advirtió hoy públicamente que, sin voluntad de pago, la administración municipal de la Ciudad adeuda alrededor $147 millones a la DPEC; más de $83 millones al IOSCOR; y otros $30 millones al sistema previsional correntino. El ex intendente “Camau” Espínola se encuentra imputado precisamente en una causa iniciada por DPEC en 2012, a raíz de estas irregularidades. Pese a las deudas, la gestión del gobernador Ricardo Colombi no suspendió los servicios y sostiene los beneficios. La millonaria acreencia fue dada a conocer públicamente esta mañana por las autoridades de los organismos. La Caja Municipal de Préstamos presenta graves problemas en materia administrativa, que podrían derivar en causas penales.
Solamente por deudas e incumplimiento de compromisos con tres dependencias provinciales, la gestión del municipio de la ciudad de Corrientes adeuda cerca de 260 millones de pesos al Estado correntino, según informaron hoy las áreas acreedoras de la administración comunal. La Caja Municipal de Préstamos, con numerosos pedidos de informe pendientes de respuesta en el Concejo Deliberante local, presenta varias irregularidades que derivarían en presentaciones incluso penales.
En este contexto, pese a la intervención judicial y la falta de voluntad de pago por parte la gestión comunal, el Gobierno Provincial mantiene los servicios como la asistencia social, el abastecimiento de energía y el pago del beneficio adicional a los pasivos municipales.
La millonaria acreencia fue dada a conocer públicamente esta mañana en una conferencia de prensa desarrollada en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, por el subinterventor de Administración de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Alfredo Aun; la titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Lorena Lazaroff; y el gerente general del Instituto de la Obra Social de Corrientes (IOSCOR), Gustavo Vega.
Desde 2013 a la fecha, la municipalidad administrada por Fabián Ríos adeuda al sistema previsional provincial alrededor de 30 millones de pesos, por incumplimiento de aportes personales y contribuciones patronales por parte de la Caja Municipal, según señaló Lazaroff. La titular del IPS también advirtió que el municipio de la Capital no paga absolutamente nada en concepto del plus-adicional mensual que otorga el Gobierno Provincial y que alcanza a los jubilados y pensionados de la comunica capitalina.
El subinterventor de la DPEC informó que la acreencia que la empresa local tiene con la administración municipal de la ciudad de Corrientes asciende a alrededor de 147 millones de pesos. En tanto que el gerente general del IOSCOR, afirmó que la deuda comunal con el Instituto supera los 83 millones de pesos.
EN MATERIA DE ENERGÍA
“El municipio de la Capital se vincula con la DPEC fundamentalmente por tres aspectos: el consumo de energía de las dependencias oficiales de la comuna, como primer vínculo; un segundo, tiene que ver con el consumo de energía en el sistema de alumbrado público; y finalmente en relación a inversiones que se han hecho, en virtud a convenios entre la DPEC y el Municipio, porque en su carácter de urbanizador de la ciudad, la comuna capitalina vendió lotes a diferentes propietarios de viviendas que requerían de una determinada infraestructura. La distribuidora local avanzó y realizó las inversiones que están pendientes de pago”, señaló el subinterventor de DPEC.
“En toda la provincia de Corrientes, el servicio de alumbrado público es prestado por los municipios que tienen jurisdicción en esta prestación. En convenio con la DPEC, las gestiones municipales a través de mecanismos convenidos cobran este servicio a los vecinos a través de la factura de la distribuidora provincial, que tiene mayor eficiencia en la recaudación”, explicó Alfredo Aun.
“En 2012, el entonces intendente capitalino Carlos Mauricio Espínola denunció este convenio de cobro y lo dejó sin efecto. Pero el municipio no pagó el consumo de energía para la prestación de este servicio de alumbrado público. Tampoco abonaron el consumo de energía de las dependencias del municipio”, recordó el directivo de la DPEC.
“Esta situación generó una deuda importante del municipio con la DPEC, que asciende a más de 120 millones de pesos en estos cinco años. Hay un reclamo por parte de la empresa provincial vía judicial, con sentencia favorable”, afirmó.
“Además, el municipio continuó instalando determinadas dependencias si autorización de la DPEC y esta situación motivó una denuncia penal contra el ex intendente Espínola”, puntualizó Aún. La causa fue iniciada el 26 de abril de 2012 en la Fiscalía de Instrucción Nº 2, ante la negativa del Municipio de declarar los puntos de conexión a la red y a normalizar sus instalaciones, así como también por las irregularidades en las instalaciones del alumbrado y las conexiones directas de dependencias municipales. En la causa, hay requerimiento del fiscal interviniente para que el ex intendente “Camau” Espínola sea citado en calidad de imputado en el expediente que lleva actualmente en el Juzgado de Instrucción Nº 6.
“Por otra parte, para avanzar con el programa PROCREAR, el municipio de la Capital otorgó diferentes lotes sin la infraestructura necesaria. Se celebró un convenio con la comuna a través de la cual la DPEC dotó de la infraestructura necesaria y esto originó una deuda del municipio de aproximadamente de 2 millones de pesos que está pendiente de pago”, sostuvo.
“También en el marco del proyecto urbanístico integral de Santa Catalina, con financiamiento del Estado nacional, se demandó la dotación de la infraestructura necesaria en energía eléctrica y agua. La DPEC tuvo que dotar de potencia a la Estación Transformadora de Santa Catalina y requirió descargar desde aquí para dar energía al proyecto de urbanización integral”, añadió.
“Con este fin hay que hacer una nueva estación transformadora en 132 kV y en esto el municipio se comprometió a aportar un transformador de 50 mva, 132-33-13.2, que tiene un costo aproximado de 1,5 millones de dólares (25 millones de pesos); esto también está pendiente. Es un compromiso que asumió la gestión de Ríos y no está cumplido”, dijo.
“Hay tiempos perentorios porque se tienen que poner en funcionamientos las viviendas de Santa Catalina y con fecha determinada, necesitamos llegar con la potencia necesaria para abastecer de energía en la zona”, afirmó Aun y agregó: “El municipio no regala los lotes, los cobra, y es el responsable de ejecutar la infraestructura necesaria”.
INCUMPLIMIENTO PREVISIONAL
“En lo que respecta a la Caja Municipal de Préstamos de la Capital, debemos decir que debe al IPS, en concepto de aportes personales y contribuciones patronales, cerca de 30 millones de pesos”, expuso la titular del instituto, Lorena Lazaroff.
“Esta deuda, el Municipio la viene acarreando desde 2013, última fecha en que se firmó un convenio de reconocimiento de deuda y plan de pago presentado por el propio Municipio. A partir de allí, sólo se realizaron pagos parciales; pero por ejemplo, en 2016 han pagado solamente 876 mil pesos de un total de 12 millones de pesos, y este año no ha pagado absolutamente nada”, describió máxima responsable del IPS.
“La Caja Municipal de Préstamos debe pagar mensualmente más de 1 millón de pesos pero no cumple”, afirmó Lazaroff.
“Es importante también hacer hincapié que el Gobierno Provincial incluye a los jubilados y pensionados municipalidades en el beneficio del plus-adicional mensual, y la municipalidad de la Capital no realiza los aportes en dicho concepto”, agregó la autoridad del IPS.
“Lo ideal es llegar a un acuerdo; la Provincia lo que busca es conciliar la deuda y a partir de allí trabajar para evitar una acción judicial. En el caso de que esto no suceda, debemos avanzar con la acción civil y penal por retención indebida de aportes personales que está realizando la Caja Municipal de Préstamos”, señaló Lazaroff.
CON LA OBRA SOCIAL
“La Caja Municipal de Préstamos de la Municipalidad de Corrientes con el IOSCOR viene arrastrando una deuda aproximada de dos años y medio, sin realizar ningún tipo de pago. Se estima a la fecha de hoy más de 6,5 millones de pesos de deuda de este organismo. Oportunamente, se ha requerido a las autoridades municipales acercarnos y conciliar los números y se acercaron, anunciaron pagos en el marco de un plan pero nunca lo hicieron”, expresó el gerente general del Instituto de la Obra Social de Corrientes.
“De todos los municipios de la provincia, la única administración comunal que tiene deudas con el IOSCOR, más allá de un mes, es la municipalidad de Capital, tanto por falta de aportes como por las retenciones que hacen a través de la Caja Municipal de Préstamos”, señaló Vega.
“El Instituto, en ningún momento ha procedido al corte de los servicios para con los empleados municipales. A pesar de que la patronal, en este caso el municipio de la Capital, no efectuó los pagos correspondientes, el IOSCOR no suspendió los servicios a los afiliados municipales”, aclaró Vega.
“Es conveniente también que se aclare que el IOSCOR informa mensualmente sobre las deudas, para que el deudor manifieste su voluntad de pago, se comunique y se genere un ámbito voluntario para saldarlas. Pero desde el año pasado, cuando se planteó la deuda con el municipio capitalino, venimos haciendo únicamente el cobro de un mes de los cargos siempre que la municipalidad informe el monto. Si el municipio no lo hace, nosotros repetimos la información fehaciente que tenemos para poder hacer el descuento por coparticipación”, explicó Vega.
“Además de la deuda de la Caja Municipal de Préstamos, el IOSCOR tiene una acreencia por deudas del municipio de la Capital por más de $76 millones, y el valor total asciende a alrededor de $83 millones que adeuda la comuna con el instituto”, describió el gerente Vega.
