La alianza oficialista ECO-Cambiemos no buscó ninguna solución al caso de los pacientes con graves problemas de salud que son electrodependientes y que actualmente pagan el tarifazo eléctrico en la Provincia, mientras que la empresa DPEC optó por desentenderse del problema.
Las pacientes electrodependientes son aquellos que dependen de equipos eléctricos, de forma permanente y habitual, para subsistir o mantenerse con vida ante los graves problemas de salud que enfrentan.
Que en 2018 los correntinos electrodependientes no tengan el servicio de luz gratuito garantizado, viola la Ley Nacional 27.351 en Argentina y atenta contra los principios básicos de derechos humanos que establecen que, tanto la energía eléctrica como el agua potable, deben ser garantizados de manera obligatoria a personas con serios problemas económicos y de salud.
El 7 de diciembre de 2017, tan solo tres días antes de terminar su gestión, el entonces gobernador Ricardo Colombi vetó, es decir, rechazó la ley que garantiza el servicio gratuito de energía a los pacientes electrodependientes en toda la provincia de Corrientes.
Desde ese momento, los diputados y senadores de ECO-Cambiemos archivaron el veto y optaron por el silencio en las cámaras, siendo que podían haber rechazado la decisión de Colombi y buscar una solución urgente.
Con siete meses de gestión, el gobernador Gustavo Valdés tampoco encaró una propuesta alternativa ni solución al problema, mientras que las familias de esos pacientes deben pagar hoy el tarifazo que elevó en más de 400 por ciento el costo de la boleta de la DPEC en los últimos 30 meses.
Para colmo, además de la falta de sensibilidad y responsabilidad del poder político, la DPEC emitió hoy un comunicado en el que, claramente, esquiva el problema y sostiene que ella no es responsable de otorgar la tarifa social. Pero aquí se trata de una Ley de electrodependientes, que garantiza el servicio eléctrico gratuito para esos pacientes sin necesidad de que inscriban en una tarifa determinada.
El artículo 2 de la Ley Nacional 27.351, que en Corrientes no se cumple, dice: “El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud tendrá garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente. El medidor de dicho domicilio deberá estar debidamente identificado”. El artículo 3 garantiza la gratuidad: “El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud gozará de un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público de provisión de energía eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción nacional”.
El titular de la DPEC, Alfredo Aún, como funcionario responsable de garantizar el servicio de energía en la Provincia tampoco gestionó ninguna solución por las vías del Poder Ejecutivo ni de la Legislatura.
Lo insólito del caso también es que el propio Ricardo Colombi ahora es senador provincial y la ley vetada se mantiene encajonada: en su bloque, de ECO-Cambiemos, nadie se anima a pedir que se rechace el veto que el mismo firmó en diciembre pasado.
La falta de garantías en esta provincia para estos pacientes volvió esta semana a ser noticia luego de que el 6 de junio pasado Corrienteshoy.com informó sobre el caso de un hombre de San Luis del Palmar que es electrodependiente y que, a su vez, tiene un hijo con discapacidad. Ni por uno ni por otro caso, esa familia recibe tratamiento especial de la DPEC.
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06/06/2018 - Un correntino del interior, que es un paciente que necesita mantener drogas en frío y que además tiene un hijo con discapacidad, debe hacer magia para poder pagar la factura de luz de 1.200 pesos por mes porque sus ingresos de trabajador independiente no le alcanzan.
El caso pone en evidencia otra injusticia que es tan grande como el tarifazo eléctrico: la Provincia de Corrientes, a través de la DPEC, nunca respetó la Ley Nacional 27.351, que garantiza el suministro permanente y gratuito de energía eléctrica a las personas electrodependientes y que rige para todo el país.
En su vivienda de la localidad de San Miguel, este trabajador y padre de familia vive con su esposa y con su hijo de 26 años, que tiene un retraso psicomadurativo. Bajo reserva de su identidad, habló con Corrienteshoy.com para informar su angustiante situación económica, la que se agravó con las boletas que la DPEC le envía todos los meses. Mientras tanto, piensa en accionar ante diversos organismos para que se lo encuadre en el derecho de la ley de electrodependientes.
El hombre padece una enfermedad en sus articulaciones y debe comprar las drogas importadas, provenientes de Canadá, para hacerle frente a la vida. El medicamento es humira, de marca Adalimumab, inyectable y se aplica dos por mes. Según los precios actualizados a mayo de 2018 en alfabeta.net, la droga cuesta 51.140 pesos (2.005 dólares) para el tratamiento.
El paciente recibe ayuda de una ONG para asistir al tratamiento y un contenedor para trasladar sus remedios.
Cada vez que llegan sus pedidos, desde Corrientes a San Miguel, el hombre debe llevar esos medicamentos en conservadoras especiales porque no puede interrumpir el frío y debe conservarlos en su casa en una heladera, a 6 grados.
En este caso, podría considerarse que le corresponde el derecho de no pagar la energía porque es electrodependiente por sus medicamentos. Para ello, tiene el correspondiente certificado médico.
Si no toma su medicación, o si se le funde porque le cortan la luz, su cuerpo queda paralizado porque es inmunosupresivo.
De la misma manera, posee el certificado médico de su hijo con discapacidad que le expidió el propio Gobierno provincial, de acuerdo a la Ley 24.901.
En la DPEC, no puede hasta el momento conseguir ni siquiera un descuento en la tarifa eléctrica que llega ahora 1.200 pesos por mes, un 400 por ciento más que hace dos años.
