El Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzó hoy con un juicio histórico en la ciudad de Virasoro contra el represor y actual empresario Héctor Torres Queirel, único acusado en la causa que investiga las desapariciones de trabajadores del establecimiento yerbatero Las Marías, de Adolfo Navajas Artaza.
Torres Queirel, que administra un campo cercano a Las Marías, se negó este lunes a declarar, en el comienzo de un debate oral en el que se prevé que declaren unas 30 personas como testigos, entre familiares de víctimas y sobrevivientes de la última dictadura cívico militar en Argentina.
El juicio oral es histórico porque es la primera vez que el Tribunal, presidido por Víctor Alonso,se traslada a Virasoro, donde hace 47 años se reclama justicia por el secuestro, torturas y desaparición de obreros de Las Marías.
Hasta el momento, Torres Queirel es el único acusado, pero los sobrevivientes del terrorismo de Estado y familiares de desaparecidos intentarán demostrar también la responsabilidad de Navajas Artaza en la desaparición de personas teniendo en cuenta que en primera instancia se lo acusó de ser cómplice.
Por decisión del juez subrogante Antonio Chalup, en 2011 Navajas Artaza quedó sobreseído luego de prestar declaración indagatoria como imputado, en un fallo que fue considerado impune porque iba a demostrar la participación de civiles en el proceso de desaparición de personas.
Concretamente, esta es la denominada causa Las Marías, donde jueces y fiscales investigan la responsabilidad civil y empresaria en los secuestros y desapariciones de trabajadores del establecimiento yerbatero, quienes además eran miembros o dirigentes de los gremios rurales de FATRE y STIA.
Torres Queirel fue teniente del Ejército durante la dictadura, entre 1976 y 1983, pero desde entonces también es propietario de la estancia “María Aleida”, proveedora de yerba de Las Marías, donde desapareció el trabajador Marcelo Peralta, una víctima que se le imputa al mencionado represor. También, el único imputado fue en esos años interventor militar en la Municipalidad de esa localidad.
Es justamente por esta desaparición que se lleva adelante el juicio, mientras que los organismos de derechos humanos intentarán comprobar todo el mecanismo represivo que secuestró y torturó a varios trabajadores de la yerba mate. Entre ellos, también está en el expediente la desaparición de Neri Pérez, otro obrero de Las Marías cuyo paradero se desconoce desde 1977.
También, en el juicio podría complicarse la situación del exgeneral de brigada, Llamil Reston, y del excapitán, Juan Carlos Sacco, quienes habían sido separados de la causa por supuestos problemas de salud y luego también fueron sobreseídos.
Por la cantidad de personas a las que podría involucrar, entre civiles y exmilitares, es precisamente que Torres Queirel habría tomado la decisión de no declarar ante el Tribunal en la primera audiencia, según se sospecha.
Torres Queirel llegó al juicio en libertad y todavía sigue administrando el establecimiento proveedor de Las Marías, en Virasoro.
Las audiencias del Tribunal Federal continuaron este lunes con la declaración de varios testigos, mientras que este martes y miércoles seguirá con la ronda de testimoniales.
Una de las testigos es Noemí Acuña, vecina de Virasoro, e hija Marcelo Acuña, dirigente sindical de los yerbateros durante la dictadura. “De Las Marías salió el listado que luego entregaron a (el capitán Juan Carlos) Sacco (interventor militar), y el propio Navajas participó junto a los militares de la asamblea en la que se les ordenó (a los trabajadores) el cese de toda actividad sindical”, dijo anteriormente en declaraciones a la prensa.
Organismos de derechos humanos, familiares de víctimas, sobrevivientes, dirigentes políticos y gremiales, y vecinos de Virasoro marcharon el domingo por la tarde por las calles de esa ciudad para informar a la población sobre el comienzo del histórico juicio.
Además de Alonso, el Tribunal está integrado por Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas de Badaró.
En tanto fiscal es Juan Martín García y la querella está integrada por los abogados de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Daniel Domínguez Henaín y Manuel Brest Enjuanes.
