La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y convirtió en ley el proyecto que establece la obligatoriedad de los debates entre candidatos presidenciales.
La iniciativa, que recibió 152 votos positivos, 38 negativos y una abstención, fue rechazada por el Frente para la Victoria, que se quejó porque el proyecto fue tratado en el recinto sobre tablas "a libro cerrado" sin tener dictamen de comisión.
La ley obliga a los candidatos presidenciales que hayan superado las PASO a presentarse a un debate público, la normativa estipula que dicho encuentro sea televisado y se realice entre 20 y 7 días antes de la elección general.
Además, incorpora la obligatoriedad de un debate adicional antes del balotaje, en caso de que la elección no quede resuelta tras los comicios generales y se necesite una definición en esa instancia.
En este caso, el debate deberá realizarse 10 días antes de la fecha de la segunda vuelta.
La iniciativa modifica el Código Electoral Nacional y establece que estarán obligados a debatir públicamente "todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias abiertas".
Para ello, los candidatos que no cumplan con esa obligación "serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual" para la campaña.
Se establece además que la Cámara Nacional Electoral, designada como la autoridad de aplicación de la norma, convocará a los candidatos elegidos en las primarias, cinco días después de su proclamación, a fin de determinar su voluntad de participación en el debate.
El mismo tribunal, con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil, convocará a los candidatos o representantes de los partidos a una audiencia en la que se acordará el reglamento, los moderadores y los temas para los debates.
Los debates presidenciales serán transmitidos en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (R.T.A. S.E), agrega el proyecto.
El diputado del FpV-PJ Juan Carlos Díaz Roig propuso incorporar un artículo para establecer penas a aquellos candidatos que no cumplieran con las "promesas de campaña" asumidas en sus plataformas electorales a través de una declaración jurada ante la Cámara Nacional Electoral. Pero su propuesta fue rechazada.
