Como es noticia, se aprobó en el día de hoy en el recinto del Congreso Nacional un paquete de leyes dentro de las cuales se encuentra la no menos resonante “Ley anti-Despidos”.
Lo cierto es que en caso de lograr su aprobación, el titular del Poder Ejecutivo Nacional había prometido que hará uso de su facultad de vetar la misma, lo que sin lugar a dudas, es la mejor alternativa posible.
Las centrales obreras proponen esta medida como un mecanismo bastante perverso, para evitar los despidos que vienen ocurriendo. Lo cual es ampliamente negado por el Gobierno Nacional, quien manifiesta que según datos de la AFIP, la cantidad de empleados registrados ha aumentado levemente.
Es por ello, que se niegan a la puesta en marcha de este mecanismo y en cambio, proponen implementar medidas de creación y fomento del empleo.
Es innegable que una medida de semejante envergadura no hace más que aumentar las distorsiones existentes en el mercado laboral. Se debe tener en cuenta, que al existir dichas distorsiones se ve reducido el interés económico general, afectando negativamente en el bienestar de la sociedad.
Si bien resulta necesaria la implementación de un paquete de medidas que fomenten la conservación de los puestos de trabajo, duplicar la indemnización por despido resultaría un camino ineficiente, puesto que más allá de influir sobre el número de despidos, influirá sobre el nivel de contrataciones.
Imaginemos un escenario dónde no existan costos de despido, allí cada empleador tendría un empleado siempre que la utilidad agregada por este sea mayor a los costos que produce tenerlo en la planta. De esta manera, cada empleador podría ajustar su plantilla conforme a las necesidades de cada momento, beneficiando la movilidad laboral.
Sin embargo, este supuesto es inimaginable en nuestro País, puesto que aquí si existen costos, los cuáles pueden ser percibidos como una suerte de impuesto que deben afrontar las empresas ante el despido de un obrero. Este impuesto afecta el nivel de empleo, ya que mayores costos esperados de despedir al trabajador se encarece el factor trabajo y se reduce la contratación, al menos bajo modalidades formales de empleo.
Otro efecto de dichos costos, es que puede incentivar la contratación efectiva solamente de trabajadores con mayor productividad (hombres en edad adulta), desalentando la contratación de jóvenes, mujeres y obreros de menor calificación.
Asimismo, la presencia de altos costos de despido podría reducir la velocidad del cambio tecnológico. En primer lugar, debido a que impiden la reasignación del factor trabajo en nuevos sectores, ya que imposibilitan la reducción de mano de obra en industrias con mercados en declive.
En segundo lugar, dichos costos reducen en cierta medida los incentivos de los empresarios a llevar a cabo un cambio tecnológico ya que no pueden reemplazar su mano de obra por una capacitada para utilizar la nueva tecnología; y finalmente, reducen los incentivos de los empresarios a explorar nuevos mercados e industrias que impliquen un elevado riesgo comercial, debido a que el despido de los trabajadores resultaría muy costoso si el proyecto no resultase exitoso.
En la medida que los costos de despido son percibidos como un impuesto a la operación de una empresa, se está reduciendo el valor de la empresa y desincentivando la inversión en capital y tecnología. Estos limitantes al cambio tecnológico podrían provocar en el mediano o largo plazo, una reducción de la competitividad del país.
Así las cosas, tanto los legisladores del oficialismo como de la oposición, focalizan la discusión en un lugar equivocado, puesto que están centralizándose en una medida temporaria a corto plazo. Lo realmente valioso sería discutir la cuantificación eficiente del despido, para abandonar de esta manera, el arcaico sistema tarifado compuesto por el binomio factico de antigüedad y salario.
La duplicación de la indemnización por despido no es el camino adecuado para sobrepasar esta etapa de transición. Por ello, se deben abrir los ojos ante el oportunismo político, necesitamos medidas eficientes, estudiadas y debatidas, aunque esa idea mucho no le agrade a los políticos old school.
Las centrales obreras y los Legisladores de la oposición deberían sincerarse con los ciudadanos en situación de desocupación, aclarándoles que en caso de que se apruebe la ley y no se haga uso del veto presidencial, lo más probable es que continúen siendo desocupados, pasando a engrosar el número de la estadística oportunista.
Por todo esto, el veto presidencial termina siendo el mejor camino pero no el ideal. No deben tomarse decisiones irrazonables y juveniles, somos una democracia entrando en la madurez, el País nos necesita a la altura de las circunstancias.
Por Octavio Panozzo*
