El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitió un duro dictamen contra el modelo forestal de la provincia de Corrientes, que, advierten los especialistas, está provocando un “ecocidio” y afectando severamente los derechos humanos y de arraigo de los pobladores locales.
“Hay un ecocidio en el territorio contra todos los seres vivos. Se violan los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Este modelo forestal viola las débiles normas de protección ambiental”, señaló Alberto Acosta, un economista ecuatoriano que preside el ente internacional establecido por ciudadanos para investigar y dar a conocer violaciones a los Derechos de la Naturaleza, inspirado en otros esfuerzos populares, como el Tribunal Internacional de los Crímenes de Guerra y el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Aunque sus dictámenes no son vinculantes, sí significan una crítica a la gestión de los gobiernos locales y federales, a quienes se elevan las investigaciones.
Durante varios días un equipo de especialistas estuvo en Corrientes para conocer de primera mano el modelo forestal y hablar con los pobladores. Advirtieron que el modelo forestal intensivo afecta el agua, la tierra y las formas de producción campesinas. “Las plantaciones no son bosques, porque no reproducen la vida”, remarcaron los investigadores.
También cuestionaron la ausencia de regulación estatal y los “hechos de corrupción que aparecen una y otra vez en los mecanismos de apropiación de suelos fiscales”.
Uno de los párrafos más duro del dictamen advierte que el modelo forestal “condena a condiciones de trabajo esclavo y trabajo infantil”.
“Se insta a Corrientes a generar reconocimiento efectivo de la naturaleza y que promueva un plan de superación. Además, se demanda al Estado nacional y provincial el respeto irrestricto de derechos humanos, arraigo, territorio y soberanía alimentaria”, señala el documento, similar a uno que fue emitido por plantaciones forestales en Chile-
“Se exige con urgencia un plan de restauración integral, moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y que se reconozca a pastizales y humedales como sujeto de derecho”, concluye el documento.
Durante la audiencia pública del 8 de noviembre (en el Espacio Mariño en la capital correntina), expusieron especialistas en el tema y pobladores directamente afectados dieron su testimonio sobre las consecuencias ecológicas y sociales de este modelo productivo extractivista. Hacía el final de la audiencia, los jueces y juezas elevaron un veredicto preliminar que marcará un precedente histórico para la provincia.
La Organización Defensores del Pastizal habla de “un proceso transicional de la ganadería extensiva, que bajo cierto tipo de manejo logra mantener el ecosistema natural, al monocultivo forestal que modifica en un 100% el ambiente, convirtiéndose en un desierto verde para la fauna nativa, llevándola a su extinción”. En el verano de 2023 más de 100 mil hectáreas fueron devastadas por el fuego, impulsando un círculo vicioso de aún más sequía y destrucción sin ninguna responsabilidad política tomada.
Impactos del modelo forestal de monocultivos de pinos y eucaliptos:
Incendios forestales masivos Drenaje del aguaDesinformación de la gente local, presentando monocultivos forestales como bosques y modelos de desarrollo y mitigación del cambio climático Destrucción de los ecosistemas como consecuencia de su modificación totalExpulsión fauna nativa que ya no encuentra alimento o refugio Éxodo rural por pérdida de las condiciones ambientales que permiten la agricultura de supervivenciaVulneración de los derechos humanos y trabajadores en estos monocultivosVulneración de la salud de la población local por el humo de los incendiosVulneración de la salud de la población local por los agrotóxicos usados en los monocultivosPérdida de un patrimonio cultural (leyendas y personajes vinculados a los humedales y pastizales)Te puede Interesar Venta de combustible al público: Misiones se recupera por encima de la media nacional
Los miembros del Tribunal que viajaron a Corrientes fueron Alberto Acosta (Presidente del Tribunal, economista, Ecuador), Yuvelis Morales (lideresa socioambiental, Colombia), Enrique Viale (abogado ambientalista, Argentina), Jacqueline Arriagada (campesina y activista, Chile), Maximiliano Mendieta (abogado especialista en Derechos Humanos, Paraguay) y Natalia Greene (Secretaria del Tribunal, Ecuador). La Fiscal de la Tierra fue la bióloga Renata Nicora Chequin (de la organización Defensores del Pastizal, Corrientes) quien llevó adelante la acusación.
Con información de Economis
