Concejales de la alianza ECO de San Roque serán buscados por la Policía provincial para que concurran a cumplir con sus obligaciones porque acumulan ausencias injustificadas y bloquean el normal funcionamiento del Concejo Deliberante con la intención de proteger al viceintendente macrista procesado por corrupción.
Este hecho vergonzoso ocurre en la localidad de San Roque, donde tres concejales radicales y aliados de ECO se niegan a sesionar porque defienden al viceintendente macrista, José Altarmirano, quien está suspendido en sus funciones porque fue procesado en una causa por corrupción que espera fecha de juicio oral.
“Con el intento de dar impunidad a Altamirano, esos concejales no asisten a las sesiones en el recinto y bloquean el normal funcionamiento del Concejo desde hace un mes, lo que atenta contra el carácter republicano de esta institución municipal”, dijo el concejal de San Roque, Mohamed Hadad, quien es vicepresidente segundo del cuerpo.
Los concejales macristas que serán citados y llevados por la fuerza pública a sesionar, en caso de volver a ausentarse el viernes 4 de septiembre a las 20, son: Nicolás Domínguez, que es presidente de la UCR local; Lidia Montenegro, autonomista; y la referente de ELI, Mariana Passeto.
Ante tres inasistencias consecutivas de los concejales de ECO sin justificación, el Concejo Deliberante tiene facultades de solicitar que sean citados por la fuerza pública, es decir por la Policía provincial, de acuerdo al reglamento interno, a la Carta Orgánica Municipal y a la Ley Orgánica de Municipios de Corrientes. Si el viernes 4 de septiembre no asisten a sesionar, la Policía tendrá instrucciones de la Jefatura de Policía de la Provincia para actuar buscando a los concejales para que concurran al recinto del Concejo para garantizar que esa institución municipal funcione.
Esta decisión de compeler a concejales que no cumplen con sus obligaciones fue aprobada por otros cuatro concejales: María Laura Salinas (vicepresidenta primera del Concejo); Mohamed Hadad (vicepresidente segundo); Graciela Tomasella y Lorena Caballero.
La disposición, que fue aprobada por esos cuatro concejales el viernes pasado, dice en su artículo 1: “Compeler con uso de la fuerza pública a los concejales Domínguez y Montenegro a fin de que sean conducidos al recinto del Concejo Deliberante, a las 20, a fin de que cumplan con su deber se asistencia a la sesión ordinaria de la fecha”. En el artículo 5, se dispone intimar por lo mismo a la concejal Pasetto bajo apercibimiento de ser buscada y llevada por la Policía a cumplir con su trabajo de sesionar.
Esta disposición ya fue notificada a la Policía de Corrientes el viernes por la noche y tendrá cumplimiento efectivo en la próxima sesión del 4 de septiembre a las 20.
La decisión de requerir el uso de la fuerza pública para que estos concejales asistan a trabajar está sustentada en los artículos 174 y 182 de la Carta Orgánica de San Roque; además, en el 17, 18 y 20 del Reglamento del Concejo; en el 1, 55, 56 y 236 de la Ley Orgánica de Municipios; y en la Ordenanza 05/84.
