Ante el rebrote de casos de coronavirus en todo Estados Unidos, muchos norteamericanos vacunados están perdiendo la paciencia con los que se resisten a vacunarse, a quienes acusan de faltar a sus deberes cívicos o abrazar teorías conspirativas y noticias falsas mientras los hospitales se llenan nuevamente de enfermos y el gobierno redobla la presión para el uso de barbijo.
Hace apenas un mes, parecía que Estados Unidos iba saliendo de la pandemia, y el ambiente de celebración era palpable. Ahora, muchos padres vacunados temen por sus hijos no vacunados y hasta por sí mismos, ante el riesgo de contraer una infección posvacunación. El aumento de casos trastocó todos los planes de reapertura de escuelas y lugares de trabajo, y la perspectiva de una nueva ola amenaza con hacer colapsar los hospitales de numerosas localidades.
“Ne sé qué esperaban que pasara. Es como si hubiera salido el sol y fuese tema de debate”, dice irónicamente Jim Taylor, empleado público jubilado de 66 años de Baton Rouge, Luisiana, un estado donde menos de la mitad de los adultos se dio ambas dosis.
“El virus está matando gente, tenemos la forma de frenarlo, y la gente no lo hace”, dice Taylor. “Es desesperante”.
Esa bronca hacia los no vacunados fogonea los pedidos de medidas más coercitivas. Científicos, líderes empresarios y funcionarios de gobierno por igual reclaman la obligatoriedad de la vacuna, y si no puede ser una decisión a nivel nacional, al menos dejarlo bajo las jurisdicciones, escuelas, empresas y empleadores de cada localidad.
“Me fui poniendo furioso con el tiempo”, dice Doug Robertson, un docente de 39 años de las afueras de Portland, Oregon, que tiene tres hijos demasiado pequeños para ser vacunados, uno de ellos con un grave problema de salud congénito.
“Ahora que tenemos la vacuna y hay una esperanza en el horizonte, algunos egoístas deciden mirar para otro lado”, dice Robertson. “Con esa decisión están arruinándole la vida a mi familia y muchas otras”.
El lunes, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ordenó que todos los trabajadores del municipio sean vacunados para mediados de septiembre, cuando se inicia el ciclo escolar, o en su defecto tendrán que hisoparse semanalmente. Horas más tarde, las autoridades de California se hicieron eco con una orden parecida, para todos los empleados públicos y trabajadores de salud del estado.
También el lunes, el Departamento de Asuntos de los Veteranos se convirtió en el primer organismo nacional de Estados Unidos en exigir que los 115.000 trabajadores de la salud que cumplen funciones bajo su órbita sean vacunados en el transcurso de los próximos dos meses. Ese mismo día, casi 60 importantes entidades relacionadas con la salud, incluida la Asociación Médica de Estados Unidos y la Asociación de Enfermería reclamaron la vacunación obligatoria de todos los trabajadores de salud del país.
“Hay que empezar a culpar a los que no se vacunan, y no a la gente común”, declaró con evidente indignación el gobernador republicano de Alabama, Kay Ivey. “Los que nos tiran para abajo son los no vacunados”, disparó Ivey ante los periodistas.
Punto de inflexión
Indudablemente, Estados Unidos ha llegado a un punto de inflexión. Según la base de datos de The New York Times, el 57% de los norteamericanos mayores de 12 años recibieron la vacunación completa. En promedio, actualmente se están aplicando unas 537.000 dosis diarias, una caída del 84% respecto del pico de la campaña, que a principios de abril alcanzó un récord de 3,38 millones de inoculaciones.
Como resultado de la lenta vacunación actual y el levantamiento de las restricciones, los contagios están en alza. El domingo, Estados Unidos registró un promedio semanal de 52.000 nuevos casos diarios, un aumento del 170% respecto de dos semanas antes. Las internaciones y las muertes también van en aumento, aunque a menor velocidad.
Desde San Francisco hasta Austin, Texas, las autoridades recomiendan que los vacunados usen barbijo en los lugares públicos cerrados. En respuesta a la propagación de la contagiosa variante delta, los condados de Los Ángeles y de St. Louis, Missouri, impusieron el uso obligatorio de barbijo en lugares cubiertos.
Muchas escuelas y universidades que tenían planeado el regreso a la presencialidad incluso en agosto, de pronto están reconsiderando la reapertura, y en esos entornos también hay crecientes tensiones entre los vacunados y los no vacunados.
Las universidades podrían exigir la vacunación de los estudiantes y docentes que asistan de manera presencial, pero muchas no lo han hecho, y los vacunados se quejan.
“Si respetamos los derechos y libertades de los no vacunados, ¿qué pasa con los derechos y libertades de los que nos vacunamos?”, se pregunta Elif Akcali, de 49 años, profesor de la carrera de ingeniería de la Universidad de Florida en Gainesville.
Para muchos norteamericanos que están vacunados desde hace meses, el futuro ha vuelto a ser sombrío. Y ante el rebrote de casos en todo el país, son ellos los que creen que el gobierno federal, en vez de incentivos, tendría que empezar a usar el garrote.
Tal vez el gobierno de Washington debería exigir la vacunación de todos los empleados públicos y de todos los contratistas que prestan servicios al Estado, se atreve a sugerir Bill Alstrom, un jubilado de 74 años de Acton, Massachusetts, y si bien aclara que no estaría de acuerdo con medidas que apunten directamente contra las familias, cree que el gobierno debería recortar los fondos federales a los estados que no cumplan con las metas de vacunación.
Tal vez el resentimiento de los vacunados explique el aumento de las presiones para aplicar medidas coercitivas, pero los expertos advierten que los efectos pueden ser contraproducentes, obturar los canales de diálogo, y desactivar cualquier esfuerzo.
“Cualquier cosa que reduzca las chances de un diálogo y de un intento honesto de persuasión es un camino equivocado”, dice Stephen Thomas, profesor de salud pública de la Universidad de Maryland. “De hecho, cada grupo ya está aislado y encerrado en su propio sistema de información, adentro de su propia cámara de resonancia.”
