Un nuevo caso de lavado de dinero involucra a la jefa del fujimorismo, Keiko Fujimori. La tres veces derrotada candidata presidencial, hija y heredera política del encarcelado dictador Alberto Fujimori, está incluida en una investigación fiscal a una organización criminal encabezada por el exsecretario general y excongresista del partido fujimorista Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. Esta semana la fiscalía incautó cerca de 300 inmuebles y vehículos de Ramírez, también investigado por narcotráfico. A Keiko se le acusa de ser el brazo político de esta organización criminal, de darle protección y beneficiarse económicamente del lavado de dinero. Parte de los 183 millones de dólares que según los primeros cálculos de la Fiscalía habrían sido obtenidos ilícitamente y lavados por el clan Ramírez, fueron destinados, según esta investigación, para financiar las campañas electorales de Keiko.
El caso Odebrecht
La jefa del fujimorismo está acusada en otro caso de lavado, por recibir y no declarar más de diez millones de dólares de poderosos empresarios peruanos y de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un mega escándalo de corrupción regional, para sus campañas electorales de 2011 y 2016. Por este caso, la Fiscalía ha pedido 30 años de prisión para ella. El juicio oral debe comenzar en los próximos meses.
Ramírez, que trabajó como cobrador de buses, ha logrado acumular una fortuna de origen desconocido. En 2016, cuando era congresista, jefe de campaña y financista de Keiko, se reveló que la agencia estadounidense antidrogas, la DEA, lo investigaba por narcotráfico. Tiempo antes, en 2014, en el Perú la Procuraduría de Lavado de Activos lo había denunciado por lavado. Cuando le pidieron los libros contables para revisar sus ingresos, dijo que los había perdido al olvidarlos en un taxi. Protegido por el fujimorismo, la inmunidad que tenía como congresista bloqueó esa investigación. En 2017 esta pesquisa por lavado fue archivada, pero luego reabierta. Esta semana el caso retomó relevancia cuando la Fiscalía Especializada en Lavado incautó 295 propiedades de Ramírez, que incluyen lujosas residencias, edificios, oficinas, vehículos y aeronaves. El monto de esos bienes se estima en unos mil millones de dólares. La investigación fiscal incluye a catorce personas, entre ellas Keiko y un hermano de Joaquín Ramírez, Osías, que también fue congresista por el fujimorismo.
De acuerdo a la investigación fiscal, la organización encabezada por Joaquín Ramírez utilizó la Universidad Alas Peruanas, cuya administración fue controlada por un tío de Ramírez por dos décadas, para enriquecerse con operaciones ilícitas, que incluyeron contratos fraudulentos para servicios no realizados o sobrevalorados. Queda abierto profundizar la investigación de narcotráfico como una fuente de los millonarios ingresos ilícitos de Ramírez. Hay serias sospechas que su inmensa fortuna tiene relación no solo con los negocios sucios en la universidad. El excongresista fujimorista utilizó una cadena de estaciones de servicio, diversas empresas y la compra de inmuebles para lavar sus ingresos ilícitos. La Fiscalía señala que Keiko, además de beneficiarse económicamente con los recursos ilícitos esta organización, participó directamente al menos en una triangulación en la compra y reventa de un terreno como parte de una operación de lavado.
La relación de Ramírez con Keiko es estrecha y viene de años atrás. Ramírez financiaba al fujimorismo y Keiko utilizaba su poder en el Congreso y su influencia en el sistema de Justicia para darle protección. Esa relación basada en el poder de su fortuna le permitió a Ramírez ascender rápidamente en la dirigencia fujimorista. En 2011 fue elegido congresista, luego vocero de la bancada fujimorista. Fue parlamentario y secretario general de Fuerza Popular hasta 2016. A pesar que Ramírez había sido denunciado en 2014 por la Procuraduría de Lavado de Activos, Keiko lo nombró jefe de su campaña electoral para las elecciones de 2016. Para esa campaña, Keiko instaló su cuartel general en una vivienda en un exclusivo barrio residencial de Lima propiedad de Ramírez. El investigado por lavado entregó otra de sus propiedades en la capital para que funcione como oficina de Fuerza Popular. También dio vehículos. Ramírez se convirtió en el brazo derecho de Keiko en esa campaña. Iban juntos a todas partes.
Investigado por la DEA
En el tramo final de la campaña de 2016 se difundió la declaración de un piloto de aviación peruano e informante de la DEA radicado en Estados Unidos, Jesús Vásquez, asegurando que Ramírez era investigado por esa agencia y que en un encuentro le había contado que había lavado 15 millones de dólares para Keiko utilizando su cadena de estaciones de servicio. Se confirmó que la DEA investigaba al alto dirigente fujimorista. Por el escándalo, Ramírez renunció a la secretaria general de Fuerza Popular y se alejó del partido, al menos formalmente, en una operación de control de daños que no evitó la derrota electoral de Keiko. En enero de este año, Ramírez asumió como alcalde de la provincia de Cajamarca, cargo al que postuló por un movimiento independiente regional formado por él.
El fujimorismo ha querido distanciarse de Ramírez diciendo que ya no forma parte del partido, pero buena parte de los hechos denunciados se dieron cuando era un alto dirigente fujimorista e involucran a Keiko. Y aunque ahora tratan de negarlo, es inocultable la protección que le dieron y que se beneficiaron con el dinero sucio de Ramírez. Después de unas primeras declaraciones de los ministros del Interior y de Justicia apoyando la investigación fiscal, Fuerza Popular sacó un comunicado exigiéndole a la presidenta Dina Boluarte que “instruya a sus ministros” que no opinen sobre las acusaciones contra Keiko y Ramírez. Poco después de difundido ese comunicado, escrito en tono amenazante, el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, salió a declarar que nadie del gobierno hablaría del tema. “No nos vamos a referir a ningún caso que se esté investigando”, se apresuró a declarar para tranquilizar al fujimorismo. Un cambio radical en la postura que han tendido Otárola y otros ministros, y la propia presidenta, en el caso de Pedro Castillo, declarando activamente sobre las investigaciones fiscales al expresidente. Ahora que se investiga al fujimorismo, el gobierno opta por el silencio. Keiko lo exige y el gobierno acata. El caso Ramírez vuelve a comprometer a Keiko y al fujimorismo con dinero sucio, operaciones ilícitas y oscuros personajes relacionados con el narcotráfico.
