Llegaron imputados de delitos contra 104 personas en el ámbito de la subzona militar 23, en la provincia de Corrientes. El debate se inició el lunes y continuó ayer con la declaración de los imputados. Se reanudará mañana con los primeros cinco testigos.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por Juan Manuel Iglesias, Eduardo Belforte y Fermín Ceroleni, dio inicio el lunes al juicio oral y público a tres exgendarmes y seis exmilitares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad contra 104 personas. Los acusados revistaron a la época de los hechos en el Regimiento de Infantería Nº 9, que era el Comando de la VII Brigada de infantería, y en dependencias de la Gendarmería Nacional. En la audiencia de inicio, el tribunal dio lectura a la síntesis de los requerimientos de elevación a juicio, mientras que ayer recibió declaración a los imputados.
La brigada, por cuyo nombre se conoce a este juicio como "Brigada VII de Infantería", intervenía en el esquema organizativo como la jefatura de la subzona 23 -escenario de los hechos de esta causa-, dentro del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. Este juicio es el décimo que se celebra en la provincia por crímenes de lesa humanidad y es el de mayor cantidad de víctimas y de acusados.
En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal federal Flavio Ferrini que, al encontrarse de licencia, está siendo subrogado por los auxiliares fiscales Juan Pedro Resoagli y Diego Vigay. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación actúa como querellante.
A esta instancia habían llegado diez acusados. Sin embargo, el tribunal dispuso en la primera audiencia del debate el apartamiento del proceso por razones de salud del exjefe de inteligencia de la VII Brigada, José Emilio Mechulán.
En el juicio se juzgan los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, y dos homicidios. Entre los hechos se abordarán las privaciones de libertad a las que estuvieron sometidos una beba de diez días y de un niño nacido en cautiverio, mientras estaban detenidas sus madres. Los acusados son el excomandante de la VII Brigada de Infantería, Alfredo Carlos Farmache; el exauxiliar de la División II Inteligencia, Eduardo Antonio Cardozo; el excoronel de Regimiento de Infantería 9, Abelardo Carlos de la Vega; el exteniente 1° de la Unidad Regimiento 9, Raúl Horacio Harsich; el exsargento ayudante y exauxiliar de Inteligencia de la Gendarmería, Pedro Armando Alarcón; el excomandante de Gendarmería Nacional, Abelardo Palma; el exjefe de la Oficina de Inteligencia de la Jefatura de la Compañía Comandos y Servicios del Regimiento de Infantería N° 9, Juan Carlos De Marchi; el exoficial de Inteligencia de la Compañía Comandos y Servicios del Regimiento de Infantería N° 9, Horacio Losito; y el exalférez de la Gendarmería Nacional, Raúl Alfredo Reynoso.
Entre ellos, los únicos que recibieron condenas previamente por crímenes de lesa humanidad son De Marchi, Losito, Reynoso y Harsich.
En la causa había siete imputados más: Roberto Romeo Bin, Julio Maidana, Alfredo Levatti, Oscar Guastavino y Solis Neffa, quienes fallecieron durante el proceso, mientras que Julio Rafael Barreiro y Cirys Dalmi Feu fueron apartados por cuestiones de salud.
Los hechos
En el ámbito de la subzona militar 23, la Brigada de Infantería VII, con sede en la capital correntina, tenía a la época de los hechos dominio territorial en los departamentos provinciales de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina, y en las provincias de Misiones, Chaco y Formosa. Sin embargo, el juicio abarca exclusivamente los hechos ocurridos en la provincia de Corrientes.
En los requerimientos de elevación a juicio formulados por el fiscal Ferrini se precisó que la Brigada de Infantería VII “contaba con medios humanos y materiales para proceder al ingreso a una vivienda por la fuerza, sin orden de autoridad judicial correspondiente, asesinar a sus ocupantes sin dar explicaciones por ello, sustraer bienes muebles a discreción, secuestrar y, eventualmente, disponer de los menores de edad que pudieran quedar con vida.
También tenían capacidad para secuestrar a una persona en territorio de una provincia y aún de países vecinos, trasladarla a sitios especialmente acondicionados para mantenerla cautiva y efectuar torturas, y hasta disponer de su vida, todo en la más absoluta clandestinidad”. Fiscales.
