Distintos representantes del sector taxista asistieron esta semana a la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal para reclamar que se bajen los gastos ligados al desarrollo de la actividad porque de lo contrario «será el final del transporte público» de la ciudad». Según plantearon, la renovación de una licencia supera los 3 millones 300 mil pesos y hace insostenible la competencia con las aplicaciones ilegales como Uber.
El tesorero de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, explicó este martes ante Conclusión que el reclamo está anclado en la imposibilidad de afrontar los costos ligados a los derechos de explotación y a las reformas que deben hacerles a los vehículos para poder funcionar como taxis.
«Hoy, una persona que tiene auto y quiere adquirir una licencia de taxi tiene que pagar 3.300.000 pesos y aproximadamente 2.500.000 para armarlo. Además, eso tiene una demora de entre 2 y 3 meses. La verdad que se hace inviable, ¿quién va a querer tener uno si las aplicaciones ilegales -Uber, principalmente- vienen trabajando en la ciudad prácticamente sin control? En la actualidad, si te anotás para trabajar en Uber, en 24 horas estás trabajando y no tenés que invertir absolutamente nada», expuso Iantosca.
El referente de Catiltar enumeró ante este medio varias de las diferencias que marcan una completa disparidad entre las condiciones que se le exigen a los taxis para funcionar y la libertad con la que operan las aplicaciones como Uber. «Tienen una inspección técnica que les permite usar el auto en todo el país y nosotros únicamente podemos utilizarlo en Rosario; además renovamos el carnet una vez por año y ellos cada cinco; el nuestro cuesta 40.000 pesos, pero el que usan sale 25.000. Hay demasiadas diferencias», planteó.
A estas cuestiones -indicaron desde el sector taxista- hay que sumarle las diferencias que hay entre los seguros que pagan uno y otro servicio y el mecanismo de dumping que lleva adelante la aplicación con el objetivo de imponerse comercialmente en el mercado.
Este combo, resaltó Iantosca, es letal no solamente para el sistema de taxis de la ciudad, sino para el transporte público en general. «No van a quedar ni colectivos en Rosario. Nos vamos a olvidar de lo que es tener transporte público y cuando nos queramos acordar ya va a ser muy tarde», acentuó.
Propuestas concretas
Estas aseveraciones coinciden con las presentadas ante la Comisión de Servicios Públicos del Concejo, donde también estuvo presente la Asociación de Mujeres Conductoras. Allí, los diferentes representantes de la actividad plantearon una serie de propuestas que tienen por fin reducir los gastos y aumentar los controles.
En el primero de los sentidos se presentó un proyecto para reducir los costos, tanto de la renovación de la licencia como de las transferencias de chapas, a 500 módulos tributarios. Esto, según se expuso, bajaría el número a poco más de 150.000 pesos.
A la vez, para atender el segundo de los ejes, se impulsó una iniciativa que propone crear un grupo de inspectores que detecte la prestación del servicio de transporte mediante aplicaciones ilegales, que estaría sustentado con la recaudación de las multas que se le apliquen a esas empresas.
