La Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado radical Martín Tetaz, se reunió este martes para tratar tres expedientes vinculados a reformas de los artículos 2, 7 y 6 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre deducción de las indemnizaciones percibidas y actualización y repotenciación de los créditos laborales por depreciación monetaria.
En el encuentro, disertaron de forma presencial y remota más de 20 expositores quienes coincidieron en la necesidad de que el Congreso sancione de forma “urgente” una ley largamente esperada.
El primer expositor fue Esteban Mancuso de la Cámara Argentina de Comercio quien manifestó que la actualización judicial de los créditos laborales “fue y es un tema prioritario sobre el cual venimos trabajando desde hace tiempo, en especial, por los enormes costos de la incidencia de los costos laborales sobre las PyMES”.
Mancuso precisó que la “problemática a nivel federal y para este tipo de empresas, son agobiadas por este tipo de sentencia condenatoria”, y agregó que la realidad laboral es “dinámica, requiere de cambios constantes y atención permanente”, por lo que resaltó que “es necesario dar respuesta a las nuevas técnicas de producción como tecnología, digitalización de proceso, teletrabajo, IA”.
Sobre la Ley Bases destacó: “Desde la CAC consideramos que fue un avance importante y medular que se dio dentro de una adecuada política institucional dentro del Parlamento oyendo a los distintos actores sociales”, pero indicó que el tema convocante de la reunión quedó fuera de la Ley.
“Es una cuestión medular para la CAC y requiere, a nuestro modo de ver, una solución inmediata”, demandó y agregó “las actualizaciones judiciales tienen criterios disímiles y arrojan sumas exorbitantes atentando de manera profunda con el cierre de algunas PyMES”.
En representación de IDEA, Pablo Venarotti, explicó que “desde septiembre del 2022 venimos con una evolución en materia de intereses laborales fluctuantes que dificultan la conciliación”.
“La conciliación es uno de los modos más utilizados para dar en tiempo más rápido una solución a las partes, por el contrario, la extensión de los procesos judiciales, en materia de intereses o actualización agrava dicha circunstancia por cada año que pasa”, concluyó.
En ese marco, Edith Pecci, presidenta de Idea Pyme, señaló que “hay situaciones en las que ponemos en riesgo nuestras empresas por la falta de legislación” y reclamó “falta de previsión”. Además, la empresaria Pyme invitó a “dejar de lado el concepto de que trabajadores y empresarios estamos en dos veredas diferentes, estamos diciendo que las reglas de juego tienen que ser justas para ambas partes”.
El abogado laboralista César Arese destacó que “no se trata de potenciar ni degradar los créditos laborales sino de otorgar una justa composición a través de una ley del Congreso”.
El titular de La Bancaria y Diputado Nacional, Sergio Palazzo, expresó su posición respecto la actualización de los créditos laborales, sobre los cuales especificó: «son tres proyectos, dos de los cuales tienen perjuicios hacia los trabajadores que son las actualizaciones de los créditos laborales que se ganan en un juicio».
«Hay dos proyectos, el de la diputada Verónica Razzini y el de Martín Tetaz que como siempre tienden a beneficiar al sector empresario, el otro proyecto del diputado Ávila de Hacemos Coalición Federal, que me parece que con algunos arreglos que pudimos aportarle, seria interesante, porque preserva el valor de los créditos».
Desde el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS), Guillermo Agis, cuestionó las iniciativas porque “proponen analizar cómo abordar el incumplimiento al pago de indemnizaciones y de créditos que, por su naturaleza, tienen carácter alimentario”.
Por su parte, el doctor Sebastián Serrano de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario sostuvo que hay que “establecer leyes que protejan a los derechos de los trabajadores” y propuso cinco puntos a tener en cuenta: mantener el valor del crédito porque “un ajuste de indemnización no puede implicar un empobrecimiento de la víctima”; la no indexación no puede mantenerse una ley de hace tres décadas que sufre inconstitucionalidad y “nunca ha servido”, que se compense el curso del tiempo con lo que se determine; compáralo con parámetros reales de la economía como la inflación; no se puede repetir un mismo criterio en todos los casos; que todos los cálculos los jueces lo vuelquen a la sentencia.
