La Corte Suprema del Reino Unido rechazó una apelación de la Argentina por la condena a pagar 1.300 millones de euros a bonistas por la manipulación de las estadísticas públicas. La sentencia se origina en una demanda de cuatro fondos de inversión con tenencia de títulos emitidos en el canje de 2005 que les otorgaba a los acreedores el beneficio de cobrar un adicional en caso que el PBI de Argentina creciera por encima del 3,3% anual. Por ese entonces, en el 2013 en el Ministerio de Economía estaban Axel Kicillof y Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio, a quien se le atribuía injerencia directa en el INDEC.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó al kirchnerismo luego de conocerse el reciente fallo de la Corte Suprema del Reino Unido que desestimó un pedido de la Argentina para que le permita apelar la sentencia que obliga al país a pagar US$ 1.500 millones por «la manipulación de datos del INDEC durante el gobierno de Cristina Kirchner».
El funcionario sostuvo en su cuenta de X que «esta causa, conocida como Cupón PBI, es arrastrada desde 2013, cuando el gobierno de la ex presidente modificó la forma de calcular el PBI para evitar realizar pagos adicionales a los tenedores de bonos emitidos en ocasión de los canjes de deuda de 2005 y 2010».
La sentencia es por una demanda de cuatro fondos de inversión con tenencia de títulos emitidos en el canje de 2005 que les otorgaba a los acreedores el beneficio de cobrar un adicional en caso que el PBI de Argentina creciera por encima del 3,3% anual.
En ese marco, los litigantes argumentaron que el país modificó en 2013 la forma de cálculo de su PBI para evitar que sobrepase ese techo y en consecuencia evitar ese pago.
Cabe recordar que ese año coincide con la actuación como ministro de Economía del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el por el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno, a quien se le atribuía injerencia directa en el INDEC. En ese entonces, en el último trimestre de 2013 se modificó la forma de cálculo del PBI y en consecuencia arrojó para el año un alza de 3,2%.
Los acreedores se presentaron en los tribunales de Londres y obtuvieron una sentencia favorable en la que se dictaminó que Argentina había modificado los cálculos para perjudicar a los tenedores de bonos.
