El ministro de Economía, Martín Guzmán, reiteró el llamado al diálogo del Gobierno nacional al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, para acordar entre ambas jurisdicciones el gasto anual que el Estado le paga a la Cuidad Autónoma por la transferencia de las funciones policiales. A fines de diciembre una ley del Congreso retrotrajo la coparticipación al porcentaje previo al aumento por decreto que Mauricio Macri dispuso en 2016 –cuando aumentó la porción de la torta que recibe la capital federal del 1,4 al 3,75 por ciento– y fijó un plazo de 60 días para que ambas partes negocien la cifra. Pero Larreta optó por judicializar el tema y recurrió a la Corte Suprema para que revierta la decisión del Congreso. Tal como ocurrió en la primera convocatoria, un mes atrás, desde el Gobierno porteño adelantaron que no accederán al diálogo hasta que no haya un pronunciamiento judicial.
El origen del conflicto data del 5 de enero de 2016, cuando la flamante gestión Cambiemos premió a su distrito natal con un generoso aumento de la coparticipción federal por decreto. Los gobernadores protestaron pero Macri justificó la decisión invocando la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad. Tiempo después, por el ajuste fiscal, la redujo al 3,5 por ciento.
En septiembre pasado, en el contexto de los reclamos salariales de la policía bonaerense, el presidente Alberto Fernández resolvió también por decreto reducir un punto de ese porcentaje y recordó que el monto transferido en 2016 no tenía ninguna relación con el costo real de la policía metropolitana. Según un estudio de la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, CABA recibió durante el cuatrienio macrista un excedente de 86 mil millones de pesos sobre el costo real de funcionamiento de la fuerza.
Rodríguez Larreta recurrió a la Corte tras el anuncio presidencial y volvió a hacerlo a fines de diciembre, cuando el Senado convirtió en Ley 27.606 el “Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en CABA”. Los legisladores de todo el país –ya no el Ejecutivo– retrotrajeron entonces la tajada de coparticipación porteña al 1,4% anterior al guadañazo Pro y establecieron una transferencia mensual transitoria equivalente a la doceava parte de 24.500 millones de pesos, a cuenta del monto que acuerden Nación y Ciudad, a cuyas autoridades les fijó un plazo de 60 días para negociar.
Guzmán y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, convocaron entonces a Larreta, quien rechazó la invitación: “ya hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la ley”, respondió. Argumentó que “los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover”, y añadió que “viola manifiestamente la autonomía” porteña.
El viernes Guzmán reiteró la invitación “a un encuentro que nos permita construir un acuerdo adecuado a lo establecido en el marco de la institucionalidad” y que respete el plazo fijado por el Congreso. Consideró que la cuestión “constituye un problema de carácter económico, que debe ser resuelto sobre la base de un análisis técnico correcto y transparente”, que exige como condición “trabajar mancomunadamente, en reuniones bilaterales, en las que analicemos técnicamente los supuestos y valores económicos que determinan el gasto anual del servicio oportunamente transferido desde la Nación a CABA, y su razonable actualización”.
“Estoy convencido de que los espacios de diálogo –a los que estamos y estaremos siempre abiertos desde el Gobierno Nacional– fortalecen la democracia y el federalismo, y también apuesto a que coincidimos en que los consensos y acuerdos son necesarios y serán siempre sanos para nuestra Argentina y para la construcción de un ambiente de estabilidad y previsibilidad”, destacó el ministro.
Desde el Gobierno porteño adelantaron que volverán a rechazar la invitación. En caso de iniciar un diálogo “estaríamos convalidando una ley que nosotros mismos denunciamos como inconstitucional ante la Corte Suprema”, explicaron. E insistieron en que el decreto de septiembre y la Ley de diciembre “rompieron los acuerdos que ya estaban firmados, vigentes y en ejecución”.
