Se trata de un pedido formulado por la defensa de la expresidenta para poder exponer los planteados de nulidad contra la causa. El tribunal y las partes discutirán si se avanza a la etapa de juicio oral o, como ocurrió en el expediente dólar futuro, se cierra sin necesidad de debate por inexistencia de delito.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 resolvió este viernes hacer lugar al pedido realizado por la defensa de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para realizar una audiencia oral y pública en el marco de la causa del Memorándum de entendimiento con Irán.
Se trata de un pedido formulado por la defensa de la expresidenta, a cargo de Carlos Beraldi, para poder exponer los planteos de nulidad contra la causa que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadio y en la que está acusada de encubrir supuestamente a los imputados iraníes por el atentado a la AMIA.
Aunque aún no se fijó la fecha en la que se celebrará la audiencia, el tribunal y las partes discutirán si la causa avanza a la etapa de juicio oral o, como ocurrió en el expediente dólar futuro, se cierra sin necesidad de debate por inexistencia de delito.
El día no está definido porque los jueces que intervienen en el caso - Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado- pertenecen a tres tribunales orales distintos y no habían logrado sincronizar sus respectivas agendas hasta el momento.
La causa Memorándum se inició por la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman y, pese a que fue cerrada dos veces, la Cámara de Casación la reabrió en un fallo firmado por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
El eje del planteo de nulidad formulado por la vicepresidenta contra el desarrollo de este expediente está dado por la intervención de esos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes solían visitar al entonces presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, lo que podría afectar su imparcialidad en un expediente de altísima sensibilidad política.
Ambos jueces reabrieron el caso cuando un juez antes había dicho que no existía delito, y además aceptaron a la DAIA como querellante para acusar a la expresidenta y al fallecido canciller Héctor Timerman, entre otros.
Si bien las recusaciones contra esos dos jueces habían fracasado en otros momentos del desarrollo de la causa, el TOF 8 consideró que las nuevas circunstancias fácticas que fundamentan los actuales pedidos de nulidad volvieron a poner en tela de juicio el accionar judicial y reavivaron nuevas sospechas de parcialidad que hasta el momento no fueron tratadas.
“La celebración de la audiencia oral y pública solicitada por las defensas y el representante del Ministerio Público Fiscal es el mejor –sino el único- mecanismo para garantizar de manera amplia los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación”, sostuvieron los jueces según publicó Télam.
Y agregaron: “Publicitar y transparentar el trámite incidental y la solución a la que en definitiva se arribe, responde también a una exigencia proveniente de una sociedad que en su conjunto nos interpela como operadores y operadoras de una Justicia permanentemente cuestionada”.
El pedido de la defensa de la vicepresidenta había sido acompañado a principios de mes por el fiscal ante el Tribunal a cargo del juicio, Marcelo Colombo, quien pidió que se requieran informes sobre las visitas al expresidente Mauricio Macri por parte de los camaristas Hornos y Borinsky.
Colombo solicitó doce medidas de prueba antes de emitir opinión sobre los planteos de la defensa de la vicepresidenta, que reclama la nulidad de la causa y no realizar el juicio oral.
