Es una denuncia de la ONG RACTES. Esta agrupación sostiene que la actividad “está avalada por el gobierno provincial”, pese a que un fallo de 2022 consideró a estas aves como seres sintientes.
“Los tiran para que se los demos de comer a los perros”, contó un lugareño ante el reciente macabro hallazgo de decenas de patos autóctonos muertos a orillas de un camino rural del departamento Victoria, cerca de la RP Nº 11, en Entre Ríos. Muchas de las aves son especies protegidas y eso las hace el “galardón” deseado de los cazadores extranjeros que llegan hasta la provincia para hacerse el festín, pese a que sus presas fueron consideradas como seres sintientes por un fallo judicial, en mayo de 2022.
Las cacerías se estarían produciendo con la llegada de un barco llamado ‘nave nodriza’, que navega por las aguas del río Paraná llevando a estas personas al lugar y poniendo en desventaja a los animales. “Esto se realiza bajo el eufemismo de turismo cinegético. Traen a modo de excursión a cazadores extranjeros que matan miles de animales autóctonos por año”, denuncian desde la Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres.
Como resultado de la caza indiscriminada quedaron decenas de cadáveres esparcidos a lo largo de los caminos. “Esto atenta contra la biodiversidad y contra la salud ambiental debido a la contaminación por plomo proveniente de las municiones utilizadas en estas cacerías”, señalaron respecto a las aves perteneciente a especies protegidas tras un fallo que las considera “seres sintientes”.
“Hoy la sociedad considera cruel, irresponsable, anacrónica y violenta a esta práctica. En el mundo cada vez se la limita más porque atenta contra el patrimonio natural y cultural de la provincia”, asegura.
El recurso de amparo a favor de las aves
En mayo de 2022, la Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Entre Ríos habilitó mediante una resolución la temporada de caza menor y permitió la caza de cinco especies de aves autóctonas además de la liebre: sirirí pampa, el sirirí colorado, el pato Picasso y el pato capuchino, todas estas especies de patos migratorios, el inambú común (perdiz) y la liebre.
“Lo que quedó habilitada en esa época fue la caza en distintos puntos del territorio entrerriano y nosotros presentamos ante la Justicia de la Provincia un recurso de amparo para que se derogue esta resolución debido a que no contaba con una fundamentación técnico-científica sobre los estados poblacionales de las especies cuya caza querían habilitar. Esto lo exige la ley”, explica Gabriel Bonomi, miembro de la ONG CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) y de la Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres.
El juez aceptó el recurso de amparo, luego se hicieron las respectivas audiencias. Allí, Bonomi resalta que “estuvo claro que el gobierno provincial no sólo que no contaba con ningún tipo de estudios acerca de las especies sino que además no tiene la capacidad para controlar ni fiscalizar la actividad. Esto anuló la medida que avalaba la cacería y se la declaró inconstitucional. Por primera vez en la historia del derecho argentino, el juez determinó que las aves silvestres que se pretendían habilitar a la caza son especies sintientes, seres con capacidades de sentir. Esta fue la primera vez también que se deroga una resolución que habilitaba la caza en nuestro país”.
Pese a ello, los cotos de caza continuaron, por lo que la RACTES ahora alerta que se están produciendo grandes masacres de las mismas especies de aves silvestres protegidas “sin el más mínimo control por parte de las autoridades provinciales, usando plomo y con aval de la Provincia”, aseguran. Y sostienen que “lo mismo estaría ocurriendo en Santa Fe y Corrientes, habida cuenta de que se ha detectado la presencia de un barco llamado nave nodriza, que navega por las aguas del río Paraná llevando a los cazadores al lugar”, dice Bonomi.
Respecto al barco, explica que “viene y matan miles de animales autóctonos por año sin respetar las especies protegidas, las cantidades, ni días establecidos de cacería; a la vez que contaminan agua, suelo, animales, plantas y cultivos con el plomo de las municiones, material altamente contaminante, tóxico (ya que genera plumbismo en personas y otros animales) y probablemente cancerígeno”.
En ese tono, explica que “la propia página de la empresa Duck Hunting Argentina Cruiser muestra impunemente en sus videos de promoción cómo se están ultimando muchísimos ejemplares de especies cuya caza no está permitida en la provincia, tales como Pato Cuchara (Spatula platalea), Pato Cuturí (Amazonettabrasiliensis), Pato Gargantilla (Anasbahamensis), Pato de Collar (Callonettaleucophrys) y Pato Maicero (Anasgeorgica)”.
A su vez, destaca que muchas de estas aves son migratorias y se desplazan a otras provincias siguiendo ciclos biológicos de reproducción, descanso y diseminación de semillas e insectos, afectando directamente a las poblaciones en toda su extensión territorial.
“La resolución de este año, atendiendo a al fallo del año pasado, presenta estudios científicos que fueron solicitados, pero que fueron solicitados y pagados por la Cámara Argentina de Turismo, Cinegético y Conservacionismo, que es la principal promotora de la caza en nuestro país. En la resolución piden la reducción del 25% de las municiones de plomo en los cotos, porque nosotros lo hemos reclamado ya que el plomo es un material altamente contaminante, pero presentamos un recurso de amparo para que se derogue esa resolución y dimos nuestras objeciones sobre ese estudio”, aclara.
Asimismo recuerda que “el fallo del año pasado fue del juez Andrés Marfil y fue apelado por el Gobierno de Entre Ríos. Luego pasó al Superior Tribunal de Justicia, que lo ratificó. Así quedó prohibida la caza de especies autóctonas a mitad de la temporada”, asegura Bonomi.
La nueva denuncia
Ocho fundaciones y grupos ambientalistas le solicitan mediante un escrito al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, intervenir ante la caza indiscriminada que se está realizando en Entre Ríos.
“Queremos hacer responsable de estas masacres de aves al propio Gobierno de Entre Ríos, a cargo del gobernador Gustavo Bordet, el cual a través de la Resolución Nº 0888 de la Dirección de Recursos Naturales permitió de manera irresponsable la matanza de cinco especies de aves autóctonas en cotos de caza, sabiendo de antemano que no cuenta con la capacidad necesaria para controlar esa actividad. La medida cuestionada beneficia claramente a los cotos y está basada en estudios solicitados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (CATCyC), entidad con evidentes intereses en el tema ya que es la principal promotora de la caza en el país”, dice la denuncia conjunta de ocho entidades ambientalistas.
En el mismo texto señalan: “Entendemos que el Gobierno da prioridad a los intereses económicos de un reducido grupo de personas (propietarios de los cotos de caza) por encima de la salud general de la población y del ambiente. Desde nuestro lugar, exigimos a Entre Ríos que ponga fin de manera inmediata a esta irresponsable actividad que atenta contra el patrimonio natural y cultural de los entrerrianos y de todos los argentinos , y contra la propia salud de la población. Exigimos a Prefectura Naval investigar la presencia de esta embarcación que navega el Río Paraná”. Infobae.
