La conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y de ATE a nivel nacional pedirán el cierre de la causa judicial seguida a docentes y trabajadores estatales por la protesta en la Legislatura en septiembre, cuando se sancionó la ley de ajuste previsional, al considerar que se trata de un caso de “persecución política y gremial”.
Los secretarios generales de ambas organizaciones, Sonia Alesso y Rodolfo Aguiar, darán una conferencia de prensa este lunes a las 10 en el local de Amsafé Rosario, ubicado en Catamarca 2330, junto a referentes provinciales de ambas entidades sindicales “exigiendo el cese de la persecución”.
Se trata de cinco militantes gremiales que fueron allanados, detenidos, incomunicados y luego imputados por la fiscal santafesina, Laura Urquiza, quien investiga los sucesos ocurridos en la Legislatura provincial el 12 de septiembre, cuando se sancionó la reforma previsional.
La fiscal les achacó los delitos de daños agravados e impedimento del funcionamiento del parlamento santafesino. Los imputados son Román González, Franco Casassola, Diego del Castillo Curbelo (Amsafé), Maximiliano Molina (ATE Rosario) y Mauro Corna (Sindicato de Municipales de Venado Tuerto).
A través de un comunicado, los gremios señalaron que “lo que se evidencia es una caza de brujas, una verdadera persecución gremial. Una investigación más enfocada en identificar y exponer a dirigentes gremiales, sus actividades, sus vidas privadas y la vida interna de la organización, que en constatar la existencia de algún delito”.
Luego de las imputaciones, en octubre pasado, las defensas de los cinco acusados cuestionaron la continuidad de la jueza de la investigación penal preparatoria, Susana Luna, porque su participación en el proceso, entienden, viola el principio de imparcialidad, atento a que antes de la audiencia ya había decidido sobre una solicitud fiscal, para oficiar a la empresa Meta con el fin de que brinde información sobre las cuentas en redes sociales de los sindicatos Amsafé Capital y Rosario, ATE Rosario, Municipales Venado Tuerto y de la ciudad de Santa Fe.
Celina Tidoni, una de las abogadas, dijo a Conclusión que solicitó la nulidad de las evidencias recogidas. “Pedimos a la segunda instancia que se declaren nulas esa actuaciones”, afirmó la abogada, para agregar que “lo que se está planteado es que no se abren los celulares hasta tanto se defina” ese asunto, dijo.
Te puede interesar: Imputaron y liberaron a los referentes gremiales detenidos este miércoles: transitarán el proceso en libertad
Los celulares son los teléfonos personales de los militantes sindicales, que les fueron secuestrados al ser detenidos, junto con pecheras de sus organizaciones de referencia y material impreso. La medida solicitada por la fiscalía, y otorgada por la jueza Luna, para abrir los equipos, quedó suspendida hasta que la alzada resuelva el planteo de nulidades.
“Nuestro argumento es que no tendrían por qué haber otorgado esa medida, del mismo modo que los allanamientos, cuando podrían haberlos citado”, abundó Tidoni. También refirió que “secuestrar intercambio epistolar es muy grave y por eso se ampara en el derecho con que deben tener argumentos para ello. Y no lo tienen, ni siquiera lo manifestaron al argumento y de igual forma se le dio lugar hasta que pedimos este control jurisdiccional”, dijo la abogada.
En el comunicado mencionado, los gremios se preguntan acerca del pedido acerca de las redes sociales sindicales: “¿Y por qué afirmamos que es persecución gremial? Porque entre la información que se requiere están las contraseñas y los mensajes privados intercambiados por dicha red (por Meta), y las cuentas asociadas a las mismas. Es decir, las personales de quienes se encuentran con cargos jerárquicos en tales organizaciones”.
En esa línea, consideran que “nada de esto tiene ningún vínculo específico respecto del día de los supuestos hechos” en la puerta de la Legislatura, mientras Diputado convertía en ley la reforma previsional y la declaración de emergencia del sistema jubilatorio provincial.
“La inviolabilidad de los locales y bienes sindicales, en particular de la correspondencia, constituye una de las libertades esenciales en el ejercicio de los derechos sindicales y garantías fundantes de una sociedad democrática”, agregaron. “Y como tal, su intervención debió estar debidamente fundamentada y dirigida a la constatación de un delito”, abundaron.
En ese marco, este lunes los titulares de Ctera, Alesso, y de ATE nacional, Aguiar, junto a un importante arco de referentes sindicales y dirigentes políticos y sociales, participarán de la rueda de prensa exigiendo el cese de la persecución y el cierre de las causas judiciales a los trabajadores docentes y estatales que protestaron contra la reforma previsional.
