A través de la Decisión Administrativa 175/2022 publicada en el Boletín Oficial el Gobierno aprobó la adquisición directa para la contratación de 14.000 de cuna-moisés.
A través de la Decisión Administrativa 175/2022 publicada en el Boletín Oficial el Gobierno aprobó la adquisición directa para la contratación de 14.000 de cuna-moisés como parte de la Estrategia Nacional de Sueño Seguro del Lactante en virtud del “Plan 1000 días", que ofrece acompañamiento y asistencia durante el embarazo y los primeros tres años de vida de niños y niñas. En esta oportunidad, las unidades serán realizadas por detenidos federales.
La iniciativa es una versión del programa Qunita, lanzado en el segundo mandato de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que había sido cancelado por Cambiemos en medio de una investigación judicial. En 2021 los funcionarios acusados fueron sobreseídos.
Ahora, el Ministerio de Salud adjudicó la realización de las 14.000 cunas-moisés por 277.200.000 pesos al Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario (Encope). Se trata una unidad estatal que promueve el trabajo de los “talleres de labortearapia para los internos alojados en jurisdicción de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal”.
Según precisó el Ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, los cunas-moisés y accesorios tienen la finalidad de “reducir las muertes infantiles domiciliarias y contribuir tanto a la salud física y mental, así como también al pleno desarrollo del lactante, en el marco de la Estrategia Nacional de Sueño Seguro del Lactante en virtud del “Plan 1000 días”.
En agosto el Gobierno bonaerense lanzó su propio programa Qunita destinado a mujeres y personas embarazadas titulares de la Asignación por Embarazo para la Protección Social, con cobertura pública exclusiva, que residan en la provincia de Buenos Aires y sus familias.
La iniciativa fue anunciada por Axel Kicillof junto a Cristina Fernández de Kirchner y el entonces intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. La tarea está encomendada en el Sistema Penitenciario Bonaerense, en articulación con el programa “Más Trabajo, Menos Reincidencia” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.
