Por Daniel Caran
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral que ordena la cobertura del 100% de los gastos para que una maestra integradora acompañe a un menor de edad durante la jornada escolar completa.
La medida involucra directamente a un menor con capacidades diferentes, e implicaba –en el sentido estricto del cumplimiento de la sentencia- una respuesta concreta de enorme sensibilidad.
Pero, siempre hay un pero en las luchas intestinas de los organismos públicos en Corrientes, y lo que para el propio Ministerio de Educación era “una obligación hasta moral del estado”, para el Ioscor era “un gasto no previsto.
Uno de los ministros del alto cuerpo, Luis Rey Vázquez, consideró que “la postura del Ioscor resulta atentatorio con las normas constitucionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud y a la educación”.
En síntesis: una decisión judicial que responde a una necesidad humana absoluta termina siendo un foco de conflicto entre dos organismos del estado, lo que demuestra la insensibilidad absoluta de algunos funcionarios.
“De acuerdo a la sentencia no queda otra instancia, pero será analizadas por las autoridades. Toda sentencia que tengamos que cumplir la cumplimos y si hay posibilidad de apelar, apelamos. Siempre hay que empezar a cumplir y luego apelamos. Si fue un fallo del STJ, la única apelación que queda es ante el fuero federal”, dijo hoy el contador Gustavo Vega, Gerente de la obra social estatal.
Y si bien desde el Ioscor pueden atender cualquier necesidad teniendo en cuenta la ‘caja’, aparece como inhumano el no atender éste caso puntual, donde un chico con capacidades diferentes requiere de una atención adecuada.
“Para nosotros no es una prestación que sea de rehabilitación médica el trabajo de una maestra integradora, sí es una cuestión para lo pedagógico del chico” consideró el funcionario del Ioscor.
Argumentos frágiles de la insensibilidad. Aceptaron, a duras penas.
