Por Roberto C. López
La defensa nacional, en general, y su instrumento militar en particular, parecieran estar atravesando una crisis de conducción que deja expuestas las debilidades de un sistema que aparenta ceñirse sobre sí mismo hasta ahogarse y fenecer.
Las irresponsabilidades de la conducción política de la defensa encuentran en los altos mandos militares un reflejo ineludible de una frívola y farandulezca época. Aquí es, en ese sentido, donde pareciera que las figuras de autoridad se desintegran en las redes sociales a la frenética velocidad de un gobierno que se lleva todo por delante, denigrando de este modo, a las instituciones y a los intereses por las que ellas velan.
Tal así, la pérdida de conducción se hace notoria, y queda en evidencia, en cada posteo del ministro de defensa o de algunas de las fuerzas que exponen un plan táctico o una operación militar de defensa. Sobre esto último basta con haber visualizado, a tiempo, una publicación en la red social X este fin de semana pasado -luego de algunas horas fue levantada- que daba cuenta de un plan de defensa en la cordillera y que aparentaba una posible acción militar con origen en el vecino país de Chile.
Sobre este último incidente debería revisarse la responsabilidad penal y administrativa que le cabe, en orden de mérito, al ministro, secretario de asuntos militares, jefe de estado mayor conjunto, jefe de estado de mayor y jefe de inteligencia del Ejército Argentino. Todo ello previsto en los artículos 216 y 222 del Código Penal Argentino, con los agravantes determinados por el legislador por su condición de militar en los casos que aplique.
La sobrexposición mediática no parece llevarse bien con asuntos tan delicados como la defensa nacional -o la inteligencia- aunque esto pareciera ser el sello distintivo de la política del gobierno del presidente Javier Milei. Así, queda manifestado en la recurrencia de debatir en redes sociales primero, para luego ser llevado a los ámbitos institucionales determinados especialmente para ello. También, vale decir, que la discusión en redes sociales poco tiene que ver con la democratización de la información, sino que esta más vinculado al sometimiento al escarnio público de todo aquel que piense o disienta con el Ejecutivo y sus mandantes.
Sin embargo, en este caso, parecen haber sobregirado esa conducta y violado secretos de estado y acciones confidenciales de la defensa nacional. Esto parece demostrar tres cosas, por un lado, una alarmante falta de conducción en una institución orgánica y vertical que ordena su funcionamiento en base a esta premisa, en segundo lugar un aparente abandono de la hipótesis de conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña por la ocupación ilegal de parte de nuestro territorio nacional descripto en la Directiva de Política de Defensa Nacional del año 2021 (también castigado por el código penal en cuanto a poner en peligro la integridad territorial de la nación artículo 215 inciso 1°) y, finalmente, el retorno a los 70 en cuanto al regreso de las hipótesis de conflicto con los países vecinos.
Vale recordar, en la semana que pasó, una revista del Reino Unido publicó una nota sobre la poca utilidad que Argentina podría darle a los medios materiales adquiridos a EE.UU. en un hipotético caso de enfrentamiento armado entre ambas naciones. Es preciso recordar, entonces, que los intereses británicos en el Atlántico Sur no se remiten, únicamente, a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, sus áreas marítimas adyacentes y el aeroespacio suprayacente, sino que van mas allá y se extienden al territorio antártico y control del paso bioceánico.
En síntesis, la manifiesta falta de conducción, política y militar, exhibe a nuestro país como mareado, sin rumbo y con sus intereses vitales dispersos e indefensos. El desmantelamiento de la industria de la defensa -FADEA anunció el fin del programa de producción del IA-63 PAMPA- y la paralización de otros proyectos que coadyuvan a la defensa son indicadores de la construcción de un nuevo paradigma de defensa con fuerte desapego a las tradiciones y con un notable sesgo ideológico y antinacionalista. Como dato, conviene señalar también las paralizaciones de los programas Tronador, CAREM 25 y ARSAT entre otros.
Finalmente, es necesario que haya una investigación que ponga luz sobre esta grave situación que compromete a la seguridad de la nación y deslinde las debidas responsabilidades. No parece una buena práctica democrática, transparente y sana encubrir estas situaciones; la opacidad de las acciones de las FF. AA. del pasado han comprometido la realidad de una generación y se debería tomar nota de las lecciones aprendidas.
En definitiva, como decía Perón, la organización, tanto en la guerra como en la política, debe ser eficiente y eficaz, simple, objetiva y estable, parece que ninguna de estas premisas se cumple en la actualidad y nos encaminamos a lo impredecible e incierto, como factor común, y poco sano para la construcción de políticas públicas y de largo plazo.
* Roberto C. López es Coordinador del área de Asuntos Estratégicos del Instituto de Políticas Públicas y Estado de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA). Investigador de la UMET. Consultor.
