Por Francisco Nercesian y Víctor Bronstein
Luego de un 2020 donde la producción de gas viene registrando una fuerte caída, el gobierno busca revertir la declinación con un subsidio que apuesta a compensar con la caída de las importaciones de combustibles.
El jueves pasado la Secretaría de Energía concretó con éxito la apertura de sobres con las ofertas de gas realizadas por las 16 empresas petroleras que decidieron participar del Plan Gas 2020-2024 (Plan Gas.Ar). Los principales productores del fluido se sumaron a la iniciativa y se logró conseguir 67,85 millones de metros cúbicos diarios de gas incremental (casi la totalidad de los 70 millones buscados por el gobierno).
El programa establece un precio diferencial para el gas adicional extraído con el objeto de sustituir importaciones de 30.804 millones de metros cúbicos. El costo fiscal será de 5.062 millones de dólares por ese precio adicional a remunerar mientras que se generará un ahorro de divisas por unos 9.274 millones de dólares, dejando como saldo un ahorro total de 2.574 millones de dólares hasta 2024. Además de los beneficios en términos fiscales y de divisas, el proyecto incorpora aspectos importantes en lo referente a la generación de empleo. En las presentaciones de las empresas deberá reflejarse el aumento en las contrataciones de pymes locales, regionales y nacionales, cuyo incremento a lo largo del programa tiene que ser de entre 30 y 40 por ciento.
A raíz de la trascendencia de este programa surge el interrogante de por qué es necesario incentivar la producción local de gas natural. El principal problema que enfrentó el país en términos energéticos durante los últimos años estuvo relacionado con la caída en la producción de gas natural debido al agotamiento de los yacimientos convencionales, lo que obligó a incrementar las importaciones. Así, a partir de 2011 comenzó a generarse un saldo negativo en la balanza comercial energética que coadyuvó a la irrupción de la restricción externa en la economía argentina.
La solución a este problema se basó en tres hechos/decisiones fundamentales: En primer lugar, la aparición de la factibilidad técnica de la extracción de hidrocarburos acumulados en formaciones no convencionales (Sahle) permitió pensar en la viabilidad de Vaca Muerta como sustituto de los yacimientos maduros. En segundo lugar, la estatización parcial de YPF, dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández en 2012, permitió dar los primeros pasos en el shale que, por ese entonces, representaba un riesgo que los actores privados no estaban dispuestas a asumir. En tercer lugar, y como condición necesaria para la viabilidad de la explotación en este tipo de yacimientos shale, se necesitó de estímulos a la inversión debido a la complejidad tecnológica que implica (perforación hasta los 3000 metros, geonavegación de la roca, fracturas hidráulicas masivas y materiales especiales entre otros aspectos).
Así surgieron los planes de estímulo Plan Gas I y II que comenzaron en 2013 con el objeto de revertir la caída de la producción que se venía manifestando desde 2004. Tras su finalización a fines de 2017 el gobierno de Macri instrumentó un nuevo programa de incentivos focalizado en la producción no convencional de la cuenca Neuquina y Austral (Resolución N°46/2017). En términos de los resultados obtenidos, estos sucesivos programas de incentivo tuvieron su correlato en el incremento de la producción. A partir de 2013 se detuvo la declinación y, entre 2014 y 2019, el volumen de gas extraído pasó de 114 millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d) a 135 Mm3/d promedio en 2019.
A partir de agosto del año pasado, el cambio en las condiciones de la Resolución Nº 46 por parte de la administración Cambiemos y luego los efectos de la pandemia hicieron que las operadoras interrumpieron las inversiones provocando la caída en la producción de gas que será crítica para el próximo período invernal si no se revierte la tendencia (el mes de agosto cerró con una producción de 122 Mm3/d). En este contexto es que surge la necesidad y la urgencia de la implementación del Plan Gas.Ar.
Lo que queda por definir es cómo se distribuirá el costo inicial del programa entre el Estado y los usuarios. Lo que surge como certeza es la necesidad de que el Estado implemente este tipo de políticas para garantizar el abastecimiento de gas nacional a costo razonable en un país cuya matriz energética primaria es dependiente en más del 50 por ciento de esta fuente.
*Ingeniero Industrial. CEPA.
Herramienta muy valiosa
En nuestro país, decir petróleo es decir Mosconi, el general ingeniero impulsor de la creación de YPF y de la defensa de nuestros recursos. Sin embargo, hoy nuestra fuente principal de energía es el gas natural, y aunque la historia del gas en Argentina no tuvo la épica de YPF, fue producto también de una visión estratégica de país. El impulsor de la industria del gas en Argentina fue el ingeniero Julio Canessa, nombrado por Perón en 1946 como el primer Director General de Gas del Estado que llevó a cabo la construcción del gasoducto entre Comodoro Rivadavia y Llavallol en la provincia de Buenos Aires para reemplazar la importación de hulla y aprovechar el gas que se venteaba. Con una extensión de 1605 km fue en su momento el segundo más largo del mundo y posicionó a nuestro país como uno de los países con mejor infraestructura gasífera y mayor consumo de gas por habitante.
Hoy, el gas natural es fundamental para Argentina ya que el 50 por ciento de la energía que consumimos proviene del gas y más del 60 por ciento de la electricidad es generada por centrales térmicas que utilizan el gas como combustible. Debemos destacar que nuestra dependencia del gas es hoy un elemento positivo desde el punto ambiental. En el mundo, el 38 por ciento de la electricidad se genera a partir del carbón como fuente primaria. Alemania, por ejemplo, que promueve de manera agresiva la transición hacia energías renovables a partir de importantes subsidios (alrededor de 30 mil millones de euros anuales), obtiene el 40 por ciento de su electricidad a partir de centrales que funcionan con carbón.
En este contexto, el Plan Gas.Ar es una herramienta de política energética muy valiosa, tal vez la más importante en muchos años, ya que apunta a detener la declinación y aumentar la producción de gas en un marco de precios competitivos. Como se plantea en el proyecto, la implementación del plan permitirá ahorrar dólares por el gas que se deja de importar, pero también hay que destacar que fue producto del consenso entre el Estado, YPF y los productores privados para garantizar las inversiones necesarias con un horizonte de cuatro años, sentando así las bases, en una primera etapa, para lograr el autoabastecimiento de gas en el invierno y tener excedentes de exportación en verano.
Por otra parte, el plan apunta a cumplir con los dos pilares fundamentales de una política energética nacional:
Seguridad energética. La energía es la base del funcionamiento de las sociedades y debe asegurarse su disponibilidad ininterrumpida a un precio asequible para productores y consumidores.
Accesibilidad. La energía en las sociedades modernas es un derecho social, el que debe asegurarse a todos los habitantes, lo cual plantea una tensión esencial entre el valor redituable al inversor y el precio accesible al consumidor.
Estos dos principios se traducen en tensiones entre los productores y los consumidores, donde el Estado es el mediador ineludible ya que si los costos de producción no hacen posible el acceso a la energía de toda la población, debe implementarse un sistema de subsidios para que las tarifas sí sean accesibles. En nuestro país, además, hay un factor que complica las negociaciones que está relacionado con nuestra economía bimonetaria. Este plan ha reconocido con la cuota de pragmatismo necesaria esta situación, fijando valores en dólares para los productores, aceptando implícitamente que es muy difícil hoy desdolarizar las tarifas.
Si bien sería deseable contar con tarifas que no dependan del valor del dólar, y poder fijarlas en pesos conforme al poder adquisitivo y nivel de ingreso locales, debemos reconocer que el valor del gas, que son la base de nuestra matriz energética, se comercializan internacionalmente en dólares, con independencia de los costos en cada país productor.
Las tarifas de gas dependen mayoritariamente del valor del gas en boca de pozo, un precio que no tenemos manera de pesificar, o dicho de otro modo, cualquier valor fijado en pesos en un nivel inferior al equivalente internacional no atraería las inversiones que se requieren para explotar los recursos disponibles. Este “dilema de las tarifas”, es decir, la necesidad de pesificar en la punta del consumidor pero mantener dolarizada la del productor, implica implementar políticas de subsidios. En el caso argentino, además, las tarifas eléctricas también dependen en gran medida del valor del gas. Es en este punto donde el desarrollo de Vaca Muerta muestra una vez más toda su importancia. Nos permitirá llegar al autoabastecimiento, nos traerá dólares y nos permitirá en unos años bajar las tarifas energéticas. El plan gas es el primer para lograr este objetivo.
**Director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad.
