Por Daniel Kersffeld
Valiéndose del conflicto con Rusia, el régimen de Volodímir Zelenski lleva adelante una brutal ofensiva en contra de los derechos laborales de los ucranianos.
Organizaciones sindicales de todo el mundo están denunciando que el gobierno ucraniano apunta a crear un verdadero laboratorio neoliberal, con la menor cantidad posible de regulaciones laborales y con las mejores condiciones para que empresas privadas y grandes corporaciones puedan realizar enormes inversiones en el marco de la política de reconstrucción del país que actualmente se está promocionando en los países europeos y en los Estados Unidos.
Ya han evidenciado su interés en invertir en una Ucrania de posguerra desde entidades crediticias a bancos, fondos de inversión y grandes empresas tecnológicas como Google, gigantes agrícolas como Syngenta, comerciantes de logística y productos básicos como Trafigura, proveedores de servicios de pago como Mastercard, y firmas consultoras como PricewaterhouseCoopers.
Pero una de las principales condiciones para llevar a cabo las enormes inversiones apunta a reformar el código laboral vigente hasta hace unos meses y al que se consideraba todavía como “sovietizante”. Se buscó así simplificar los procedimientos de contratación y despido, e introducir contratos a nivel individual como base principal para el nuevo entramado de relaciones laborales.
Pero la reforma que actualmente se está llevando a cabo en Ucrania no es algo novedoso ni tampoco detonado por el actual conflicto con Rusia. En efecto, y desde que llegó al gobierno en mayo de 2019, Zelenski avanzó en diversas propuestas de desregulación del mercado laboral, incurriendo en toda una serie de medidas antipopulares. Para ello, contó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, la principal prestamista del estado ucraniano.
Una primera propuesta de reforma laboral se presentó en 2020. El proyecto de ley contemplaba la posible terminación sin justificación alguna de los contratos vigentes, la reducción de la prima por pago de horas extras, la obligación a los empleados de divulgar aquella información que pudiera afectar su desempeño y la ampliación de los contratos de “cero horas”, por los que el trabajador debía estar disponible cuando su patrón lo requiriera.
La reacción violenta de las principales organizaciones obreras, nucleadas en la Federación de Sindicatos de Ucrania (FSU) y las amplias protestas en las calles forzaron al régimen de Zelenski a retroceder y a redefinir su estrategia, antes que a claudicar en sus objetivos.
En septiembre de 2020 el gobierno ucraniano pasó nuevamente a la ofensiva con apoyo directo del Reino Unido y de su ex primer ministro Boris Johnson, por medio del Fondo de Buena Gobernanza existente en el Foreign Office y que es administrado por la consultora británica Mannion Daniels.
Una nueva legislación laboral se comenzó a delinear bajo la influencia del Reino Unido, que brindó financiamiento, asesoramiento legal y asistencia técnica para desarrollar esta tarea y como incentivo para promover la radicación de empresas británicas en territorio ucraniano.
Para no volver a chocar con la importante central sindical, el gobierno de Zelenski contrató los servicios de la consultora estadounidense Abt Associates, especializada en desarrollo global y con una importante experiencia en el manejo de conflictos a nivel comunicacional.
El principal objetivo de esta agencia fue crear en la opinión pública un clima favorable a la reforma y contrario a los sindicatos en el que se señalara, explícitamente, que sólo una nueva regulación laboral podía favorecer la llegada de capitales externos y la entrada de Ucrania a una nueva realidad económica y social. Para ello, se apeló a una estrategia de “mensajes emocionales”, creados y replicados por autoridades, funcionarios públicos, blogueros e influencers.
El inicio del conflicto con Rusia fue el factor que finalmente consolidó la orientación neoliberal en Ucrania. En efecto, la imposición de la ley marcial frenó la movilización obrera e impidió la realización de huelgas, así como como también congeló la política de inspecciones estatales para documentar irregularidades o violaciones a la legislación laboral.
En medio de un contexto cada vez más complejo, y sin posibilidades reales de protesta social, a mediados de 2022 el gobierno sancionó las leyes 5388 y 5371, de un claro carácter antipopular.
Si bien la primera fue considerada como un “intento suave” por disminuir el poder gremial, la segunda directamente dejó sin beneficios a cerca del 80% de los trabajadores al prohibir su participación en sindicatos, y al establecer nuevos reglamentos sobre días de trabajo, horas y horarios laborales, valores salariales y condiciones de trabajo saludables y seguras.
Con todo, y pese a las difíciles condiciones prevalecientes, los reclamos se hicieron oír en Ucrania, aunque principalmente en el exterior. La FSU llevó a cabo a cabo demostraciones de fuerza en las principales ciudades ucranianas, en tanto que la Confederación Sindical Internacional, la mayor central obrera que agrupa a más de 200 millones de trabajadores en todo el mundo, criticó severamente al gobierno.
Su secretaría general llegó a afirmar en un comunicado que “Es grotesco que los trabajadores ucranianos, que defienden el país y atienden a los heridos, enfermos y desplazados, ahora estén siendo atacados por su propio parlamento”.
La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos fue clara al afirmar que el Reino Unido está “financiando propaganda” para “crear un clima” contra los sindicatos ucranianos. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo y el Comité Económico y Social de las Naciones Unidas advirtieron que las nuevas leyes podían violar las normas internacionales sobre el trabajo.
La presión internacional tuvo efectos positivos: a último momento el gobierno aceptó una reforma por la que la Ley N° 5371 estaría vigente sólo mientras se mantuviera el actual conflicto con Rusia.
Pero el régimen de Zelenski no se ha contentado con esta reforma laboral. En septiembre de 2022 se aprobó la liquidación de buena parte del aporte estatal en los beneficios sociales y su reemplazo por fondos de pensiones, provenientes de capitales externos y de carácter privado.
Ahora, la principal puja económica y sindical se produce sobre las prestaciones sociales que serían privatizadas y eliminadas luego del último préstamo del FMI, concretado en marzo y por 15,6 mil millones de dólares.
La incertidumbre sobre las políticas asistenciales es mayor teniendo en cuenta que en Ucrania la proyección del gasto en programas sociales y pensiones representa el 17% del presupuesto nacional para 2023, y que sólo es superado por el gasto en defensa y seguridad, de un 43%.
En Ucrania, en medio de la disputa con Rusia, se está desarrollando otro conflicto interno, no siempre evidente desde el exterior, en el que un neoliberalismo relegitimado y cada vez más fortalecido en su ofensiva contra las mayorías, podría obtener amplios efectos internacionales.
