Por Alejandro Morlachetti
Es importante que los servicios e instituciones por las que transitan las infancias cuenten con las competencias necesarias para la identificación de señales de alerta y sepan cuándo y cómo intervenir.
En la Argentina, seis de cada diez niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia en el ámbito de su hogar y por parte de sus principales cuidadores, cifra que asciende a siete de cada diez entre las niñas y los niños con discapacidad, según la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de UNICEF, publicada en 2021.
De los chicos y chicas que sufrieron violencia, el 42% padeció castigo físico (incluyendo formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7% agresión psicológica (como gritos, amenazas, humillaciones). Asimismo, en una consulta a adolescentes a través de la herramienta U-Report realizada por UNICEF en 2022, casi la mitad de las y los consultados aseguraron no saber dónde ni como pedir ayuda ante situaciones de maltrato.
El marco normativo de nuestro país brinda un contexto adecuado para la erradicación del maltrato y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. El castigo corporal está prohibido desde la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Art. 647) y la Ley de Protección Integral de la Niñez (26.061). Además, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar políticas, recursos y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente sus funciones en la crianza.
Adicionalmente, está en camino de aprobación con media sanción por parte de la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la “Prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”, que entre otras importantes medidas, establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Pero, si bien sabemos que los cambios normativos contribuyen al cambio de los comportamientos sociales, estas transformaciones no son automáticas, ni inmediatas. La prevención y la detección temprana resultan claves para proteger a la niñez de las consecuencias físicas y psicológicas del maltrato, proteger su vida y restituir sus derechos cuando ya fueron víctimas de violencia.
Por ello, cobra especial relevancia que los servicios e instituciones por las que transitan las infancias (escuelas, centros de salud, espacios de cuidado, entre otras) cuenten con las competencias necesarias para la identificación de señales de alerta, conocer cuándo y cómo intervenir y a quién reportar potenciales situaciones de violencia; en suma, que dispongan de las herramientas para asumir su responsabilidad como parte del Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Pero prevenir cualquier forma de violencia y proteger a la infancia frente al maltrato no es responsabilidad solo de los servicios e instituciones para la niñez, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
Por ello, ante el conocimiento o sospecha de una situación de violencia contra un niño o una niña es importante dar inmediata intervención a las autoridades y en particular a los organismos de niñez especializados a través de la línea #102, o el Servicio local de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes más cercano.
Implementar, sostener y fortalecer estrategias innovadoras centradas en el interés superior del niño para poner fin al maltrato a las infancias y adolescencias es una prioridad de UNICEF. Por eso, se busca fortalecer las capacidades del Estado a nivel nacional y en las provincias para mejorar las estrategias de prevención y protección, a través de la generación de evidencia, campañas de sensibilización, el fortalecimiento de los canales de reporte y asistencia para chicas y chicos, la ampliación de los servicios de fortalecimiento familiar, la capacitación en detección temprana de situaciones de violencia, el abordaje integral y el acceso a la justicia.
La protección contra toda forma de violencia, maltrato y abuso a chicos y chicas constituye un derecho fundamental. Es una tarea primordialmente del Estado y también de cada uno de nosotros y nosotras prevenir, visibilizar, detectar y proteger a los niños y niñas para que una sociedad libre de violencia pueda convertirse en una realidad.
(*) Alejandro Morlachetti es Especialista de Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF Argentina.
