La lista de las personas que violaron el decreto de distanciamiento social obligatorio no fue suministrada oficialmente por la Justicia. Se alega el principio de inocencia y las convenciones de derechos humanos. Hay conocidos nombres y apellidos que circulan.
Circulan listas off the record de personas participantes en la megafiesta con más de 300 personas en la cercana localidad de Santa Ana. Pero el periodismo profesional -en el que se encuadra El Libertador- no necesariamente tiene que ser un repetidor de tales especies.
Es cierto que nombres y apellidos vinculados a personalidades que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y otros estamentos de alto rango, pueden tentar a un título escandaloso y vendedor de cierta prensa amarilla. Lo único que podría dar seriedad informativa al acontecimiento, sería la difusión de un listado oficial por parte de la misma Justicia que investiga y que ya tildó de imputados a los citados.
Pero tanto la juez Correccional N° 2, María Cristina Sánchez como la fiscal Correccional N° 2, María Andrea González, tienen un criterio restrictivo al respecto.
De todos modos, la fiscal González se prestó gentilmente a un diálogo con El Libertador, poniéndolo al tanto de las últimas novedades de la investigación. Fue ella la encargada de informar que exactamente hay 303 personas que fueron citadas como imputadas. Ese número surgió del acta que labró la policía que realizó el procedimiento a raíz de una denuncia.
Hasta el momento se presentaron a declarar 200, a lo largo de cuatro días (martes, miércoles, jueves y viernes) y a razón de 50 por día. En todos los casos se abstuvieron de declarar, haciendo uso del derecho que tienen para eso y sin que implique presumir nada en su contra.
"Usted me solicita la lista de los imputados -le aclaró la Fiscal a un periodista de este diario-, pero yo valoro el principio de inocencia. Porque ese tipo de información podría llevar a prejuzgar la conducta de las personas involucradas. Y eso a su vez puede ser un delito".
"Una vez citados todos los imputados -agregó-, lo único público del proceso lo es para las partes intervinientes (es decir, los funcionarios judiciales y los abogados defensores)".
Añadió que "ese es, al menos, mi criterio y la valoración que hago de los hechos. Recuerde usted que el país está incluido en las convenciones de derechos humanos, que amparan la privacidad de las personas, preservándolas de una condena anticipada".
¿Qué delito podría estar tipificado en estas circunstancias?, fue la siguiente pregunta de El Libertador. Y la fiscal González aclaró que "eso está establecido en el artículo 205 del Código Penal, que específicamente establece un tipo penal para quienes violen disposiciones emitidas por autoridad competente destinadas a establecer medidas sanitarias por si hubiere algún tipo de contagio ante epidemias".
Aclaró que "hasta el momento no se ha detectado ninguna trasmisión del coronavirus Covid-19. Si eso llegase a ocurrir, indudablemente la acusación podría ser más grave. Por ahora, es sólo la violación de una cuarentena establecida".
Luego de las declaraciones de los imputados, faltan incorporar a la causa las diligencias realizadas, algunos registros de pertenencias incautadas en allanamientos realizados en dos domicilios. Todos los convocados hasta el momento lo hicieron por videoconferencia. La mayoría son personas de Corrientes, aunque también hay del Chaco, en este caso, estudiantes de esa provincia que están estudiando en Corrientes.
Evaluó la funcionaria judicial, finalmente, que "en este tipo de delito, la condena establece un máximo de dos años. Así que puede culminar en una condena, en una absolución o en otras alternativas, como la suspensión del juicio a prueba, la reparación del daño con la prestación de algún servicio social, etcétera. La falta de antecedentes, además, beneficiaría al imputado".
Valdés advirtió a intendentes
Antes de concluir su visita a la localidad de Garaví, el gobernador Gustavo Valdés, en contacto con un medio televisaccue el brote en Paso de los Libres está contenido y que se trabaja fuertemente para controlar los 21 casos que aprecieron en la Capital. En relación al comportamieneto social pidió un mayor involucramiento de los jefes comunales en cuanto a asumir el verdadero rol de controlar, clausurar y eventualmente denunciar a quienes incumplen con las normativas vigentes en materia sanitaria sobre el Covid-19.
¿El silencio es salud?
Otras opiniones de profesionales del Derecho disienten con las opiniones que la fiscal del caso, María Andrea González, vertió ante EL LIBERTADOR. Desde esas fuentes se señala que la Justicia no puede ocultar quiénes están imputados, puesto que la mayoría de ellos serían menores. Ante los muchos rumores que pobló la calle, la opinión pública hizo saber de diferentes maneras a este medio que no se puede cercenar la información. La negativa de los funcionarios judiciales, por cierto, no contribuye a lo que la sociedad espera, aunque el argumento de la funcionaria consultada es atendible.
Este diario consideró que el listado debería ser oficial para disipar dudas de que falte alguno de los participantes, no habiendo razón para que se cree un manto de sospecha. Por ello algunos abogados consideran que la Justicia debió dar cuenta de quiénes son los imputados, y no lo hizo. La requisitoria de EL LIBERTADOR de información oficial para no sacar nombres sin asidero no tuvo la respuesta esperada.
Periodísticamente es un dato interesante y como este medio no quiere actuar sobre especulaciones que podrían llevar a ser interesadas, ha recabado a la justicia la transparencia que resulta de un informe oficial.
