El gobierno ha reaccionado tarde y mal en la disputa con CAMMESA por el cobro de los costos de producción de energía, parte de ese espasmo oficial es la decisión de suspender la facturación del mes de mayo, aunque reconoce que desde el mes de enero viene percibiendo notas de crédito del mayorista en cumplimiento de una medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal Nº 1.
Desde ese momento jugó el partido en silencio siendo que tenía un importante as en la manga para moderar el incremento de sus tarifas y pese al alerta que significaron las protestas de los usuarios chaqueños por ese valor, y la noticia nacional que importó el fallecimiento de un empresario saenzpeñense ante la exorbitancia de la facturación de Secheep.
La campaña electoral adelantada por el gobernador Domingo Peppo en la provincia terminó poniendo la cuestión en el centro de la escena, pese a los denodados esfuerzos del gobierno para evitar que el tema se discuta, vía sus propios funcionarios que respondieron con pirotecnia una cuestión tan sensible, el denunciar un intento privatizador impedido por la Constitución de la Provincia o a través de comunicadores oficiales que pretenden orientar el debate.
Contra su voluntad la cuestión se metió de lleno en medio de la campaña cuando uno de los acólitos del presidente Macri, promotor del ajuste y los despidos en el sector público, el presidente de la Federación Económica del Chaco, Sergio López, terminó denunciando en una reunión con oficialistas y opositores (nacionales y provinciales) que Secheep estaba facturando 1500 por ciento por encima de sus costos ante la concesión de la medida cautelar de la Justicia Federal.
La medida cautelar surgió tras una acción de amparo interpuesta por el Defensor del Pueblo del Chaco, que cuestionó el accionar arbitrario e ilegal que ha dispuesto el aumento del valor de la energía eléctrica, sin audiencia pública previa, en un marco de emergencia hídrica en la región y sin considerar condiciones particulares en referencia a las altas temperaturas en la zona y que además reclamó que la Nación establezca tarifas diferenciadas para nuestra región, teniendo en cuenta que los ciudadanos de nuestra provincia no cuentan con gas natural en red, lo que nos convierte en electrodependientes.
Cuestiones elementales que no han sido contemplados por la administración del gobierno nacional ni reclamados por la administración provincial que tiene el mandato otorgado por los ciudadanos chaqueños.
Un batallón de abogados bien remunerados en Secheep no han sabido plantear el reclamo que finalmente hizo el Defensor del Pueblo con una estructura infinitamente inferior a la que tiene la empresa energética estatal (sin contar el gobierno de la provincia), pero además, esos mismos letrados han contribuido a la fallida explicación oficial de los sucesos en la provincia del Chaco con el pueril argumento de que “Secheep no es parte” o “no estábamos notificados”.
Un rápido repaso por buscadores de internet permiten obtener el paso a paso de la acción judicial a través de medios de comunicación públicos. Pero, la asesoría legal de Secheep pretende que los chaqueños entiendan que porque “nunca les llegó una cédula” no se enteraron de lo que estaba ocurriendo y por ello no pidieron tomar intervención en un expediente en el que claramente están legitimados para ser parte.
Hace más de un mes, la Justicia Federal le ordenó a Secheep que disponga en un plazo muy breve cómo se instrumentaría la reducción de las tarifas en función de la medida cautelar, que como reconoció la empresa está generando notas de crédito a favor de la distribuidora provincial desde el mes de enero y la comunicación pública chaqueña es “Secheep no es parte” o peor, la conducción plagada de ingenieros, le pregunta al juez “¿cómo hago?”.
Incluso la orden del gobernador de “no facturar” mayo representa la misma línea argumental que tomó hasta ahora la empresa. Porque hay una diferencia entre no facturar y reducir la facturación. No hacerlo, significa exactamente lo mismo que se ha hecho hasta ahora, patear la pelota hacia adelante, anticipando desde ahora que en caso de que no haya una resolución favorable en la acción de amparo, el usuario chaqueño deberá afrontar en el futuro la boleta del mes en curso y la que ahora se suspende.
Es decir, se pretende cargar con los costos de un posible fracaso de la acción judicial a los mismos usuarios, cuando la aplicación de la medida cautelar debería estar caucionada para poder llevarse adelante. Vale decir, todo debería estar previsto.
Pero la campaña, no es sólo provincial. Chaco es una de las primeras provincias en la que habrá elecciones, pero no es la única. Y la cuestión del incremento tarifario no es exclusivamente local. Lo demostró el ministro de Energía, Juan José Aranguren cuando denunció en Buenos Aires que “tarifas de luz en La Rioja, Córdoba o Chaco en que han habido aumentos tarifarios por encima de lo que fue el costo de generación, porque le siguieron sumando valor agregado de distribución y como aumentó el costo de generación se lo ponen en la mochila al Estado nacional”.
“Muchas provincias han continuado con esas políticas de aumentos por encima del costo de generación y ha habido casos paradójicos como el de Chaco en el que Cammesa no le puede facturar ese costo (por la aplicación de una medida cautelar) pero la distribuidora le trasladó al público el precio total diciendo que es responsabilidad de la Nación”.
El ex presidente de Shell prometió además desnudar la cuestión, previa a la audiencia de conciliación que dispuso el Juzgado Federal para los primeros días de junio. Aranguren dijo que “el Gobierno nacional buscará avanzar en una ‘armonización tarifaria’ del servicio eléctrico en todo el país con la premisa de ‘transparentar’ los costos de cada uno de los componentes de las facturas, con un horizonte de concreción para mediados de 2018, lo que explicará los sobrecostos ajenos al sistema que se están aplicando en distintas provincias”
“Antes de fin de mes se publicarán en la web los valores que cobra cada una de las distribuidoras, sus cuadros tarifarios, indicando cuánto es el componente de generación, cuánto es el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el de impuestos, que también es distinto entre provincias. Ahí vamos a transparentar quién cobra qué”.
Esa información que hasta ahora no pudo conocer Secheep para trasladar la reducción del valor a sus usuarios –por el resolutorio de la cautelar- estará en internet, probablemente antes de que se lleve a cabo la elección primaria del domingo próximo.
