En pleno vaciamiento del organismo provincial por parte de sus autoridades, una vieja causa judicial de 2007 sobre cómo opera el ente dependiente del ministerio de Hacienda. La idea es que una firma privada ejecute las cobranzas de dicho organismo.
Por ese motivo un grupo de 25 trabajadores son impedidos de ingresar a sus áreas laborales y no perciben sus haberes desde marzo pasado. Todo este drama en medio de la pandemia.
Las autoridades de dicho organismo suspendieron el pago de incentivos al personal contratado por el Colegio de Agrimensores a solicitud del director de Catastro, que se abonaban con el 20% de la recaudación del cobro de Contribuciones Especiales, autorizado por la Ley Provincial N° 5.217 y Resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas N° 0458/07.
Encuadre legal
Una ley del año 1997 y que recién entró en vigencia el 1° de Febrero del 2008, autoriza al Poder Ejecutivo realizar un convenio con el Colegio de Agrimensores de la Provincia con la finalidad de cobrar a cada usuario particular o profesional, que solicitara cualquier servicio a la D.G.C. y C. una Contribución Especial a través del Banco Corrientes, dinero que se deposita en una cuenta especial del Colegio.
El objetivo principal de esta recaudación era modernizar el sistema operativo y funcional de Catastro.
Objetivo que nunca se cumplió. Incluso, el edificio se encuentra en muy malas condiciones, incluso en algunos sectores representa un peligro para el personal y público que acude al organismo.
Catastro remite al Banco de Corrientes un listado, autorizando por el Colegio de Agrimensores, del personal de la Repartición, habilitado a cobrar incentivos ocupando el 80% del total recaudado en el mes. Sin tener en cuenta si el servicio por el cual se abonó, se emitió en ese mes o en meses posteriores.
El 20% restante, se debía invertir (en realidad el total de lo recaudado, pero la Resolución 458 tergiversa el sentido de la misma) en la compra de equipos modernos para digitalizar Catastro y capacitar en informática al personal.
Cálculo de los últimos 12 años
Los últimos registros recaudatorios datan de fines de 2018, indican un registro de $ 1.000.000, sin considerar el último aumento autorizado por el actual ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini del 100% en dos tramos.
Haciendo un hipotético ejercicio con la recaudación mencionada de hace doce años y por doce meses; arroja una cifra de $ 144.000.000.
Toda esa recaudación debería tener como destino la optimización y modernización de la Dirección de Catastro, pero la realidad muestra que nada de eso ocurrió.
Este periplo de maniobras está descripto en una causa judicial (N° 160.854/17) radicada en el Juzgado de Instrucción N° 6 de Corrientes Capital.
