El mandatario instruyó al fiscal de Estado para que contribuya al esclarecimiento del caso.
El gobernador, Gustavo Valdés, instruyó al fiscal de Estado, Horacio Ortega, para que el área que está bajo su órbita se constituya en querellante de la causa en la que se produjeron supuestas estafas y falsificación de documentos con inmuebles, y que tiene como procesados a dos funcionarios del Gobierno provincial.
Las directrices del mandatario provincial al cuerpo de abogados gubernamentales que encabezará Ortega son claras: conocer en profundidad si están en riesgo los derechos y bienes del Estado correntino, y velar por los intereses de la provincia.
La semana pasada, el titular de la fiscalía de Estado tomó contacto con el fiscal que entiende en la causa, Gustavo Robineau, con el fin de informar sobre esta decisión del Gobierno provincial, en su afán de determinar si se perjudicó a la Provincia.
“La semana entrante estaremos iniciado las presentaciones correspondientes para cumplir con la instrucción emanada por el gobernador Valdés. Vamos a revisar todo para determinar si se ha atentado contra los intereses de la Provincia, pero sobre todo ante los bienes de la misma”, señaló Ortega.
La impronta de la actual gestión que se desempeña en la cartera que dirige Ortega, va en ese sentido, marcado por lo que pretende el gobernador, en pos de que estén activos los procesos de recupero de terrenos fiscales que pertenecen a la provincia y que se hallan intrusados.
“Tenemos muy clara la tarea que debemos realizar. Vamos a defender los intereses y derechos de la Provincia ante los tribunales de la Justicia en los casos y en la forma que establecen la Constitución y las leyes, como parte legítima en todos los procesos donde se controviertan intereses o bienes del Estado provincial. El gobernador no dio la libertad de acción para evitar que se defraude a nuestra provincia”, explicó Ortega.
La causa
El último detenido fue el empresario correntino Gerardo Bergman, acusado de la adulteración de documentación pública. Se allanó su vivienda durante la investigación por megaestafa en la compra y venta de inmuebles.
En la causa permanecen imputadas mas de 20 personas, entre ellas, los titulares de la Dirección de Catastro y del Registro de la Propiedad Inmueble provincial, escribanos, abogados, agrimensores e incluso un fiscal provincial.
El arresto de Bergman se produjo por orden de la jueza de Instrucción N° 3, Josefina González Cabañas.
La magistrada también negó las excarcelaciones tramitadas por los últimos detenidos el pasado 11 de agosto.
Continúa además detenido el director de la Dirección de Catastro y Cartografía, Narciso Santín Toffoletti, que prefirió no declarar en una primera instancia y no presentó un pedido de excarcelación.
De la investigación se derivan 25 causas por supuestas adulteraciones y estafas de inmuebles en la Dirección de Catastro y Registro de la propiedad. Gerardo Bergman, propietario de una conocida casa gastronómica con varias sucursales en la ciudad, está acusado por adulteración de documentación pública.
En recientes declaraciones, el representante del Ministerio Público confirmó que está probada la participación de los funcionarios públicos detenidos y reveló que mediante escuchas se pudo determinar cómo era la operatoria que implicaba a abogados, funcionarios y escribanos. “Para nosotros, la hipótesis de la intervención o la participación de los funcionarios públicos tanto de Registro como de Catastro está mínimamente acreditada en el expediente y estamos hablando de una investigación que recién está empezando porque la verdad es que todo lo que pudimos recabar en cuanto a documentación y testimonios nos habla de una operatoria que lleva un tiempo y que involucra a distintas personas”, precisó.
En tanto, aún falta hallar una pieza clave de la banda delictiva dedicada a falsificar instrumentos públicos y a la compra y venta de inmuebles de manera irregular, y concretar así una megaestafa.
Se trata de la prófuga y falsa escribana Teresa Vázquez, quien realiza apariciones y declaraciones de manera virtual.
