El presidente de la Cooperativa Cooperar, Cesar Basañes, sostuvo en diálogo con Conclusión que con esta ley denominada «hojarasca se están barriendo cosas importantes, en particular una ley de 1926 para facilitar el desarrollo de las instalaciones de las cooperativas, ese año fue muy importante porque se aprobó la primer ley de cooperativas y la ley de financiamiento y garantizaba que se apliquen impuestos sobre los inmuebles«.
En el caso de que la ley 11.380 sea derogada bajo el proyecto de ley Hojarasca, las cooperativas enfrentarían un aumento exponencial en sus impuestos, que llegará a 1.250 millones y que el gobierno nacional capitalizará de este impuesto, muy por encima de los 600 millones que se pagan actualmente.
El cooperativista afirmó que «en 1986 se aprobó la contribución especial que pagan las cooperativas sobre el capital, cuando se paga, no están incluidos los inmuebles, si se deroga la ley de 1926 pasaría a pagar el 2% sobre el valor de esos impuestos y significa un agujero enorme, y un atentado a la seguridad jurídica«.
Además,»se suma que estos fondos irían a engrosar el fondo de promoción y educación cooperativa, que no está usado por el gobierno ni piensa usarlo, porque en el presupuesto 2025 dice que se recaudaran 100 mil millones y de esos solo autorizaran 20 mil millones para las cooperativas y sobrarán 50 mil millones que no los piensa usar».
Para Basañes, el gobierno «debe entender que las cooperativas es la forma en que la sociedad encontró para resolver problemas comunes, a partir de la cooperación no esperamos que el Estado nos resuelva los problemas, ni el mercado tampoco debe resolvernos los problemas«. Sentimos que tenemos que ser socios de cualquier administración pública» .
Si se aumenta el impuesto, automáticamente ese impuesto tiene que ir a parar a la tarifa
«Hay resistencia a considerarnos como empresa, cuando tramitamos el certificado pyme se nos contesta que no somos empresas, si somos empresas de los trabajadores y de usuarios y servicios, que las constituimos para resolver problemas comunes«., planteó Basañes.
Asimismo, expresó su preocupación al referir: «Esto nos haría perder los beneficios que tenemos como pyme, es un tema muy fuerte y hemos logrado que el gobierno prorrogue estas medidas hasta el año que viene».
En términos generales la condición «de monotributistas nos afecta particularmente en las cooperativas de inclusión socio-laboral, pasa con las cooperativas en situación de discapacidad que podrían perder las pensiones si son monotributistas, decimos que las organizaciones cooperativas garantizan la inserción socio laboral de esas personas y por otro lado, estas políticas de recortes arbitrarios los deja afuera de la inserción laboral».
