El productor ganadero Ricardo La Regina fue declarado culpable por haber matado a decenas de pingüinos de magallanes en la reserva de Punta Tombo, ubicada en la provincia de Chubut, en 2021. La pena que el acusado deberá cumplir se dará a conocer el próximo lunes 11 de noviembre, en la audiencia de censura.
El tribunal que evaluó el caso, integrado por los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini, indicó que “esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado del medio ambiente”, y consideró que La Regina es “autor penalmente responsable de daño agravado en concurso ideal con crueldad animal”.
¿Qué hizo La Regina?
La Regina es dueño de un campo lindero a la reserva Punta Tombo –una de las más grandes del mundo– pero, por un conflicto familiar vinculado a la sucesión de los terrenos, en noviembre de 2021 decidió abrir un camino con una topadora, aplastando y enterrando así a unos 140 nidos, que tenían entre dos y tres pingüinos cada uno.
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Además, electrificó un alambrado, causando así la muerte de ejemplares adultos que volvían del mar para darle de comer a sus crías.
La fiscal general Florencia Gómez advirtió: “Al ser una reserva natural, todo lo que uno quiera hacer en el lugar tiene que contar con la autorización previa de gente idónea para evitar el impacto ambiental”.
Y recriminó: “Los nidos están a la vista, los pichones también. Es una reserva, es un patrimonio que no se puede tocar, mucho menos en la época del año en la que el pingüino viene a reproducirse”.
La acusación
Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut aseguraron que “se trata de un caso sin antecedentes que afectó el ambiente, la biodiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido”.
El juicio oral contra La Regina comenzó el pasado 28 de octubre. Al acusado, ahora hallado culpable, se le achacaron los delitos de daño agravado y crueldad animal por “la presunta muerte de numerosos pingüinos en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo, entre agosto y diciembre de 2021”.
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En la primera jornada de debate, el productor ganadero ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado para que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”. Sin embargo, la fiscal Gómez y los dos querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio y de la propuesta.
Durante la etapa de alegatos, la fiscal subrayó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado”.
Asimismo, destacó que la “acción efectuada con una máquina retroexcavadora produjo un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna, vegetación cuya propiedad no le corresponde al imputado, sino al Estado, afectando en algunas partes zonas irrecuperables, además de nidos, huevos y pichones de pingüinos durante su etapa reproductiva”.
“Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”, concluyó.