El vocero Manuel Adorni y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informaron que se había allanado un edificio de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo en el que funcionaba «un boliche clandestino» y un «búnker político».
La rectora Cristina Caamaño y el consejo superior del establecimiento aclararon de inmediato que el inmueble en cuestión «nunca dejó de estar en la órbita del Ministerio de Justicia y no es utilizado por nuestra Comunidad Académica desde el año 2019», e instaron al Poder Ejecutivo a «cesar en sus ataques y transferir los recursos presupuestarios que corresponden, conforme lo dispuso la Justicia en la semana en curso». Anunciaron que presentarán una denuncia por difamación.
El exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, detalló por su parte los usos que se le dieron al edificio en cuestión durante la administración del Frente de Todos y enmarcó la fake news libertaria en la decisión, ejecutada la semana pasada, de cerrar el Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas que funcionaba allí desde 2021.
La jueza federal de San Martín, Martina Forns, dictó el martes una medida cautelar que suspendió la resolución 45/24 del Ministerio de Capital Humano, de febrero último, por la cual el Gobierno ordenó revisar el proceso de creación y funcionamiento de la UNMa, artilugio administrativo que complementó la decisión de dejar de pagar sueldos, de solventar gastos de mantenimiento y luego de nombrar a un interventor.
La respuesta del Gobierno ante el traspié en el Poder Judicial se conoció de boca del vocero Manuel Adorni, quien en su conferencia matinal lanzó: «La Policía Federal allanó un boliche clandestino ubicado en un piso cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo».
«Esto representa una grave desviación a los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) consiguió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos», agregó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, desde las redes sociales, machacó con la idea de «boliche clandestino y búnker político”, que ilustró con imágenes de una bailanta. Hubo medios que reprodujeron el armado, sin chequeo ni consulta a fuentes alguna.
«Esto es una operación a partir de que hemos ganado una cautelar en el juzgado civil y comercial de San Martín, que dice que durante seis meses soy la rectora, que tienen que mandarnos el dinero que se adeuda a los docentes y trabajadores no docentes, y que cesen las hostilidades hacia la Universidad. Este es un vuelto, con una mentira que ni siquiera figura en el traspaso que hicimos el año pasado, cuando se creó la Universidad», explicó Caamaño en la previa a la marcha de las Madres en Plaza de Mayo.CON MALVERSACIÓN Y SIN EDUCACIÓN.
Un boliche clandestino, un búnker político, ocupas, gallinas, parrilla y hasta un gimnasio. Esto encontramos en el edificio cedido a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que el año pasado recibió el equivalente a $4500 millones de hoy. pic.twitter.com/1qdiyaWrWJ
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) November 22, 2024
«Nuevo ataque a la UNMa», denunció la institución en un comunicado, en el que destacó que el inmueble en cuestión «no fue traspasado a nuestra Universidad, conforme surge del Acta de Traspaso del 15 de noviembre de 2023», que «nunca dejó de estar en la órbita del Ministerio de Justicia y no es utilizado por nuestra Comunidad Académica desde 2019».
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MIENTE, MIENTE…
«Miente, miente, que algo queda…», lamentó Pietragalla en respuesta al ministro Cúneo Libarona. Detalló que el Estado, a través de la AABE, cedió los tres pisos de ese edificio para distintos fines, que la UNMa dictó cursos en el segundo piso hasta 2021 y que la Secretaría inauguró luego allí el «primer Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, parte de lo que luego se convertiría en una red nacional de Centros con apoyo de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que funcionaron a lo largo y ancho del país».
Destacó que «desde su apertura, el Centro de Integración brindó atención, asesoramiento, acceso a trámites de regulación migratoria, capacitación y asistencia social a más de 31.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad» y aclaró que las imágenes de la bailanta difundidas por el Gobierno «corresponden a un espacio ubicado en el tercer piso del inmueble, en el que no funcionó ni la Universidad ni ningún organismo oficial».
«No sorprende que hoy el ministro oculte deliberadamente una política integral de gestión pública de Derechos Humanos para las poblaciones más necesitadas», concluyó.
