Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución del presupuesto 2024 del Gobierno nacional sostiene que “se detectó una fuerte caída de la ejecución real respecto al mismo período del año 2023, del orden del -32%”.
Para el centro de estudios, eso “implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración”, como las sociales, sanitarias y de educación.
El informe arroja como conclusiones que «la situación general de la Administración Pública Nacional es de una fuerte reducción de su ejecución presupuestaria» en los primeros diez meses del año, es decir, durante la gestión del presidente Javier Milei.
«Reducción que en algunos casos -dice el Cepa- está llevando a la paralización de programas de alto impacto en términos sociales, y de salud de la población».
En esa línea, señaló que «incluso en un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social, y de estímulo al desarrollo productivo».
Paralelamente, marca que todo ese «esfuerzo» que realiza la sociedad al recibir menores prestaciones del Estado se va en parte en el pago de la deuda externa. «Se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 12% del total de gastos».
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¡Carrera march!
Según el informe del Cepa, dentro de un contexto de fuerte ajuste en buena parte de las partidas de la administración central y sus organismos, «sobresale el incremento interanual real del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que lleva gastado 24 mil millones de pesos durante 2024″.
Sin embargo, ese incremento del gasto público en el Estado Mayor Conjunto no se replica en cada una de las Fuerzas Armadas, que han visto reducidas la ejecución de sus partidas.
«La misma realidad se presenta para las Fuerzas Armadas, con reducciones de las partidas del Ejército (-17%), la Armada (-20%), y la Fuerza Aérea (-18%)», sostiene el trabajo publicado por el Cepa.
Aunque, como se mencionó, resalta el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas «con un incremento real del 19% interanual».
En contraposición con la retórica pública, las fuerzas de seguridad también sufren los efectos de la licuadora de Milei. De acuerdo al informe, «los casos de los organismos de seguridad también tienen marcadas caídas en su ejecución, especialmente las fuerzas federales. Es el caso de la Policía Federal (-27%), Gendarmería Nacional (-27%), Policía de Seguridad Aeroportuaria (-17%) y Prefectura Naval (-26%)».
La casta pasiva
Al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación, es decir por partidas programáticas, se observan caídas en los principales programas de la Seguridad Social, sostiene el CEPA.
Entre ellos, «se ajusta fuertemente la Puam (Pensión Universal para el Adulto Mayor) con un ajuste del 42%; las pensiones no contributivas, con una caída del 26%, y las transferencias a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados».
Allí, el trabajo destaca los fuertes recortes que sufrió este año el Pami, con una caída real en las ejecuciones de sus partidas en relación al año pasado del 55%. Los jubilados han visto recortadas este año tanto prestaciones médicas como provisión de medicamentos cuyos precios, además, subieron por encima de la inflación.
En materia se seguridad social, el trabajo del CEPA también hace hincapié en el caso de la Ansés, en el que el recorte llega al -18% respecto al año pasado. También se detectaron recortes del 63% en el Inaes (cooperativas y economía social); y del 43% en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Las partidas destinadas a salud también sufrieron la “motosierra” oficial: «Se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-65%), Anmat (-21%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-29%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-18%)», detalla el estudio.
El extraño caso de la Side
El informe del Cepa detectó un caso por lo menos raro en materia administrativa. De acuerdo al análisis de la ejecución de los gastos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), en la que tiene injerencia el asesor monotributista Santiago Caputo, en el mes de octubre presentó planillas por gastos menores a los que ya había realizado en septiembre.
Dice el informe: «Sobresale el caso de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, la cual declaraba ejecutar 108 mil millones de pesos al mes de septiembre (tanto devengado como pagado), y actualmente sólo estima una ejecución acumulada de casi 32 mil millones de pesos durante todo el año».
Para el Cepa, «el Gobierno deberá dar explicaciones de cómo hizo para dar marcha atrás con el devengamiento de un crédito, lo que implica un compromiso de pago». Y aún más, «ya que dichos montos figuraban ‘pagados’, es decir que ya se habían librado las órdenes de pago de la Tesorería General».
Ante esa extraña presentación de los gastos, en la que las partidas devengadas y pagadas se redujeron en 70 mil millones entre un mes y el siguiente, el CEPA se pregunta: “¿Devolvieron la plata o se imputaron dichos gastos a otros organismos o jurisdicciones de la Administración Pública Nacional?”.
