Por Daniel Caran
Es verdad que nuestros dramas parecen descubrirse recién cuando tienen repercusión nacional. Pasa en todos los temas, y se repite con el problema concreto que aparece en Itatí, convertida en el paso más fácil y vulnerable de nuestra frontera para el paso de estupefacientes y otros males.
Y si bien sabíamos de las vicisitudes que atraviesa el hasta hace poco tranquilo pueblo donde está la Basílica de Nuestra Madre Morena, la difusión de un informe de la televisión nacional termina despertando a muchos de un letargo innecesario y hasta imprudente.
En el medio amenazas, miedo, temor, y muchos condimentos a un drama que se instala como tal en un escenario de la pobreza estructural tantas veces denunciada en este espacio.
Pero lo más grave en todo éste tema es lo denunciado por el juez Federal Carlos Soto Dávila, que al ser consultado sobre la posibilidad de cierta complicidad del poder político local para que los narcos puedan tener margen de accionar respondió: “es evidente que sí, de lo contrario no podrían actuar con tanta tranquilidad. Algo de eso hay”.
Y si a una evidente complicidad del poder político se le suma la gravísima denuncia del intendente Terán sobre las amenazas recibidas, todo se convierte en una bomba que podría estallar en cualquier momento.
Vale decirlo: esto no es nuevo, y viene ocurriendo desde hace años con más o menos impacto.
Habrá que recordar los curas que debieron dejar Itatí por denunciar a quienes trafican hasta con la esperanza de los más jóvenes.
No hay que desechar tampoco el pedido casi desesperado del propio Intendente: “lo que queremos es posibilidades. Que podamos dar trabajo a los jóvenes para que no estén obligados a tomar éste camino equivocado”.
Pasa por ahí la cosa. Lo que más duele es el silencio que termina siendo una mirada cómplice ante la muerte amontonada en ladrillos de marihuana.
