Por Daniel Caran
Casi el 70 por ciento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) no podrán pagar la primera cuota del sueldo anual complementario (SAC), popularmente llamado aguinaldo.
Eso dice un informe realizado por la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (Feciba) y la situación, si bien plantea una realidad de un lugar específico del país, conlleva múltiples análisis con la misma repercusión: el temor de que termine ocurriendo algo similar en todos lados.
En concreto, el 66,4 por ciento de las pequeñas y medianas empresas de la Capital Federal afirman que no saben cómo afrontarán el pago del aguinaldo previsto para el próximo 30 de junio. Y el 21,4 por ciento restante admitieron que "evalúan proponer un pago desdoblado en dos o tres veces".
La contundencia de los números sorprende: sólo el 12,2 % de los consultados reconoció que podrá "cumplir tal como lo estipula la ley".
¿Se puede relacionar esta delicada situación con nuestra región y con Corrientes en particular?. Lamentablemente si.
Y si bien las empresas medianas y pequeñas no tienen incidencia importante en el mapa financiero local, debido a la intromisión casi exclusiva de ‘don estado’ en el mercado laboral, un rápido estudio de la situación empresarial nos permite analizar desde un escenario complejo, preocupante.
Solo con observar cómo se cierran comercios en Corrientes uno puede establecer un parangón de inmediata similitud con el presente explicado desde las pymes porteñas.
Claro está que no se puede ser extremadamente pesimista en una evaluación incompleta, pero valdría advertir circunstancias considerablemente complejas con casi nulo acompañamiento de un estado que en Corrientes sigue priorizando el empleo público como herramienta laboral, incluyendo el pago de sumas en negro que desvirtúan la supuesta respuesta salarial.
En concreto, el peligro está latente. Y el horizonte no es lo más límpido que uno quisiera. Un panorama preocupante.
