Por Daniel Caran
Está claro que éstos tiempos, más que de pruebas, suelen caracterizarse como “el veranito de la gestión”, ya que ninguno puede arrogarse la desafiante actitud de criticar porque sí a un Gobierno recientemente constituido.
Pero parece que se extralimitó el excelentísimo señor Presidente al nombrar, por Decreto, a los abogados Rosetti y Rosenkrantz como miembros de la Corte Suprema.
Se aclaró desde el principio que Mauricio Macri se amparó en el artículo 99 de la Constitución.
Tal normativa permite al Primer Mandatario "llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".
Está claro entonces que el procedimiento es válido y constitucional. Pero, claro está, esto es absolutamente riesgoso en términos políticos, ya que la decisión recibió más reproches que los previstos.
Sergio Massa se pronunció en contra de la medida, pero aclaró: "los nombres me parecen impecables, la forma me pareció horrible. ¿Qué hubiese pasado si este decreto hubiese sido firmado por el gobierno anterior".
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el ex mandatario santafesino, Hermes Binner, se sumaron a las críticas. El nuevo mandatario provincial señaló que no comparte con el procedimiento y que "es un error" del jefe de Estado; el actual diputado nacional dijo que es un “retroceso institucional”.
Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que "es una barbaridad. Un abuso de autoridad".
También recibió el reproche de importantes referentes de la UCR como Ricardo Gil Lavedra y Julio Cobos.
La maniobra, absolutamente contraria a los valores simbólicos que representa para el radicalismo el respeto por las instituciones y el proceder democrático, deberá sin dudas tener una opinión institucional del centenario partido.
A nivel local, Carlos Vignolo dio su visión: “es una medida que abrirá discusiones, esperamos que se haya hecho con la idea de darle fortaleza al Poder Judicial y que pueda trabajar de modo independiente porque las propuestas son de personas intachables, con vasta trayectoria” expresó y dejó en claro: “nos hubiese gustado otra posibilidad para la designación”.
Lo que causa temor y llama a la reflexión inmediata es que uno de los designados es abogado de la empresa comandada por Magnetto. Se trata de Carlos Rosenkrantz, socio fundador del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados.
Entre los clientes del estudio se pueden identificar a Cablevisión S.A., el mismo candidato cortesano estuvo involucrado en un escándalo por la creación de una organización “trucha” para favorecer a la empresa del Grupo Clarín.
Una medida constitucional, pero extremadamente arriesgada. ¿Desafío o autoritarismo?.
