Por Mariana Carbajal
La niña cuenta que el bebé está bien, que se mueve y patea dentro de su pancita y en el mismo mensaje de audio pide que le lleven dibujitos y lápices para pintar. Se lo pide a Ester Dotro, trabajadora social, integrante de la Colectiva Feminista de Monte Caseros, de donde es oriunda, en la provincia de Corrientes. Acaba de cumplir 11 años y hace cuatro días está internada, aburrida, en el hospital materno neonatal Eloisa Torrent de Vidal, de la capital correntina, a 480 kilómetros de Monte Caseros. En pocos días se convertirá en madre: en una niña forzada a ser madre.
Su abuela se dio cuenta que le crecía la panza y sospechó que podía estar embarazada. La niña, que tenía 10 años, entonces contó que la había abusado la pareja de su mamá. No está claro si la madre sabía de esos abusos. El hombre, Horacio Insaurralde, de 31 años, está preso. Y la niña, también: presa de esos abusos, presa de ese embarazo forzado.
Los ataques sexuales habrían ocurrido en la casa de Insaurralde, en Monte Caseros, adonde la niña y su madre se habían mudado hacía algunos meses: antes vivían en un paraje rural, a unos 15 kilómetros. Es gente muy humilde.
La madre denunció a Insaurralde en la comisaría de Monte Caseros. La causa la lleva el Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres.
En el hospital local, adonde fueron acompañadas por la policía, la médica que atendió a la niña y confirmó la gestación en curso, ofreció que se la sometiera a una interrupción legal de embarazo. Se estimó que cursaba la semana 24, según reconstruyó Ester Dotro. Pero cuando la médica le empezó a explicar cómo sería el procedimiento, se mencionó que le aplicarían un suero, que la tendrían que pinchar y la niña se asustó, se puso a llorar y dijo que no, que no quería que la pincharan. A los 10 años, después de haber sufrido violencia sexual, debe ser difícil comprender lo que significa seguir o no con un embarazo que no se eligió, tener o no tener un bebé. Un tío le dijo: “No, no abortes. Si vos abortás, te van a poner el bebé en un frasquito en la mesa de luz”.
La madre quiso que la viera la pediatra que la atendía regularmente, una médica muy católica, que hace trabajo social en la zona y atiende en un consultorio privado. La madre le contó a Esther Dotro que la pediatra le dijo que era sumamente riesgoso hacerle un aborto, más riesgoso que continuar con el embarazo. “No les dieron información médica adecuada ni contención psicológica inmediatamente después de hacer la denuncia. Recién un mes después la empezó a ver una psicóloga en el municipio”, consideró Ester Dotro. La trabajadora social de la colectiva feminista les explicó que la niña tenía derecho a interrumpirlo. Pero la familia se convenció de que la mejor alternativa era que la niña se convirtiera en madre. “La palabra autorizada para la madre fue la de la pediatra porque era su médica de confianza. Como profesionales de la salud tenemos que pensar cómo podemos llegar a definir la vida de los demás. ¿Qué vida se le viene a esa nena ahora? No podemos imponer nuestras creencias personales. El protocolo de interrupción del embarazo del Ministerio de Salud contempla el aborto en casos como este, y no define un plazo máximo de gestación para hacerlo”, señaló Dotro.
Corrientes fue declarada como provincia “pro vida” en 2011, por el decreto 2871 de su entonces gobernador radical Ricardo Colombi, “estableciéndose como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción y de la familia". Su sucesor en el cargo, el también radical Gustavo Adolfo Valdés, renovó ese compromiso “pro vida”.
La provincia no implementó un protocolo de actuación en casos de abortos no punibles y con excepción de un caso que se hizo en marzo de 2019 con una orden judicial en el Hospital de Santo Tomé a una niña de 13 años con retraso madurativo, no se practican interrupciones legales de embarazo en centros de salud públicos. Es más, operadores de la justicia se vanaglorian de convencer a niñas embarazadas en violaciones -o a sus madres- de llevar a término la gestación, como lo ha dicho la defensora de Pobres y Ausentes Nº 1 del Poder Judicial de la provincia, Roxana Itatí Duarte López, en relación a un caso de 2013 de una niña de 10 años: “Yo tengo contacto con la mamá de la niña, y le dije `vas a tener dos hijas: la de 10 y la bebé´”, contó en 2018 en Radio Sudamericana, una radio local.
Corrientes tampoco adhirió a la ley de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El porcentaje de embarazo en la adolescencia es del 20 por ciento, por encima del promedio nacional que es del 15,5 por ciento: siete de cada 10 no son intencionales, de acuerdo a información de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), con información oficial.
El de la niña de Monte Caseros no es un caso aislado. Cada año, unas 2400 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz en la Argentina. En 2918, en Corrientes fueron 146 niñas, en 2017, 122, y en 2016, 115, según las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Es una de las provincias con mayor proporción de bebés nacidos de niñas (0,7 por ciento del total, cuando a nivel nacional representan el 0,3 por ciento). El abuso o la coerción sexual son regla. La naturalización de las violencias y de la maternidad temprana, forzada, contribuye a que las historias se repitan.
