Por Alejandro Pairone
Los terroristas y los perejiles presos: las estrategias del Gobierno provincial y la Justicia para descargar las responsabilidades en otro lado.
El viejo truco de los magos de barrio es ineficaz por sabido: distraer la mirada hacia un lado cuando el engaño sucede por el otro. Esto se parece mucho a la respuesta que los poderes Judicial y Político de Río Negro hicieron con el reciente incendio: salieron a cazar perejiles y denunciar terroristas para ocultar la responsabilidad previa que facilitó las condiciones ideales para la tragedia.
Durante años las autoridades se negaron a trabajar en la prevención y a avanzar en planes de gestión sobre las 65 mil hectáreas del Anprale; desoyeron las advertencias de los especialistas, desfinanciaron las áreas de ambiente y cargaron contra la ruralidad para defender los negocios turísticos e inmobiliarios.
¿Sabían los turistas del Cajón del Azul el riesgo que corrieron ese día? ¿Sabían que no estaban cubiertos por un seguro? ¿Sabían que estaban hacinados, con dos o tres mil personas en un lugar que soporta máximo el 10%, sin plan de evacuación ni medios de rescate? ¿Supieron quienes estaban allí el 30 de enero que sólo gracias al esfuerzo y valentía de los brigadistas, varias decenas de personas pudieron continuar con vida?
Tras desatarse el incendio, los gobiernos provincial y municipal, y el Ministerio Público, intentaron culpar a nueve brigadistas y una persona con problemas mentales. Pero para muchos, los autores reales se encuentran ahora en suite de un All Inclusive en una playa del Caribe disfrutando del dinero obtenido por hacer tres fueguitos que, en un tiempo, brindarán ganancias extraordinarias.
