La desidia que padecen los ruralistas argentinos, más incluso los correntinos, promete extenderse en el tiempo, conforme no se dan las señales institucionales necesarias para combatir el abigeato.
Innumerables casos se conocen cada semana, en los que se exponen redes de connivencia que involucran actores estatales, privados y delincuenciales, en un círculo vicioso que se ve sostenido por la «puerta giratoria» del sistema aplicado mediante leyes truncas.
Así, medidas que se toman en lugares como el Uruguay, se transforman en un ejemplo a seguir -si es que quieren (¿?)- de parte de las autoridades locales.
Resulta oportuno mencionar que el propio presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se ocupó de inaugurar la sede de la Dirección de Seguridad Rural para combatir el abigeato en una de las zonas azotadas por dicho flagelo.
«La creación de esta dirección señala una vocación del Gobierno de tener clara la autoridad de colaborar, así como el rumbo de la libertad y la independencia», aseguró el Primer mandatario del vecino país.
Agregó que hoy el país tiene escrita una nueva normativa que respalda a los vecinos y le permite a la autoridad actuar. Esta es la legítima defensa rural ante la «industria organizada del abigeato», remarcó, dejando en claro que la prioridad es otorgar herramientas institucionales y legales a los ciudadanos que son víctima del robo sistemático de ganado. Mientras, del otro lado del río ocurre lo contrario.
Las normativas vigentes en Argentina y en provincias como Corrientes, ganaderas desde siempre, no sirven para combatir a grupos que actúan con impunidad, que en muchos lugares, además, tienen el apoyo de autoridades de distintos estamentos estatales.
Tanto la Policía rural como la Justicia, se encuentran con las manos atadas a la hora de afrontar diferentes hechos que se tornan escandalosos, mientras se van conociendo detalles de las investigaciones y a quiénes involucran.
Escenarios como el uruguayo, se convierten en un contundente mensaje a la Legislatura de Corrientes, teniendo en cuenta que las normas locales favorecen la delincuencia rural.
Hay quejas en la Justicia que ya se plantearon en las distintas órbitas institucionales necesarias. La Policía y los productores, que destacan la necesidad de dar cobertura legal al accionar de las fuerzas que permitan a los jueces y fiscales poner límites a los bandidos rurales.
En el territorio uruguayo, se dieron repuestas desde el propio Poder Legislativo, instados a la vez por el Ejecutivo, disponiendo la modificación de leyes para perseguir el delito. En Uruguay, «un país en serio», al decir de muchos, los tres poderes del Estado tiran parejos.
«Hoy tenemos una nueva normativa para que los vecinos se puedan respaldar y para que la autoridad pueda actuar», destacó Lacalle Pou, rememorando el trabajo consensuado que se realizó, el cual fue traducido oportunamente al ámbito legislativo, para aplicar las modificaciones en los textos legales en materia de abigeato y en beneficio de la legítima defensa rural.
El Presidente del país vecino reconoció al abigeato como una «industria organizada» a la que se agrega el «flagelo de las jaurías». «No se puede ser libres e independientes en cualquier punto del país si no se tiene una autoridad que proteja el ejercicio de nuestra vida familiar y laboral», agregó.
El Mandatario fue enfático al afirmar que desde el Gobierno se respaldará el accionar policial y se protegerá a los ciudadanos que cumplan con la ley. Añadió que se trabajará en la protección de los pequeños, medianos y grandes productores y afirmó que el que más sufre el delito de abigeato es el pequeño productor.
Por estos lares, todo está en un veremos infinito. Más allá de algunas intenciones y medidas tomadas, como en la reforma constitucional de 2007 y la creación de algunos instrumentos de acción, muchos quedaron sin activarse, durmiendo el sueño de los justos, sin siquiera contar con un amago de posibilidad de concretarse.
