El Poder Judicial de Corrientes le otorgó este viernes la excarcelación al abogado Alberto Iván Bordón, en el marco de la investigación en la megaestafa en la compra y venta de inmuebles de manera irregular.
Así lo estableció el documento que lleva la firma de a jueza Josefina González Cabañas, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 3 de Corrientes.
Bordón para continuar con el beneficio deberá cumplir algunas normas que se le estableció al momento de dictarle la excarcelación.
Entre ellas tendrá que fijar domicilio que no podrá variar sin comunicarlo previamente al tribunal, comparecer ante el llamado de la autoridad competente cada vez que le sea requerido, debiendo asistir ante estos Estrados Judiciales del 1 al 10 de cada mes, a fin de firmar la respectiva acta de comparendo.
Además, tiene prohibido ausentarse de la Provincia y del País, sin previa autorización de este juzgado debiendo hacer entrega, a través de su defensa, del pasaporte (si posee) el que se reservará en cajá fuerte del Juzgado, como así también realizar trámites ante el Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección General de Catastro, por sí o por interpósita persona, para sí o para terceros.
Entre tanto, tampoco podrá mantener contacto alguno por cualquier clase de medios (llamadas telefónicas y o por medios telemáticos) con los demás co-imputados de esta causa.
La causa
De acuerdo a la investigación, las al menos 15 personas detenidas formaban parte de una banda delictiva que buscaba inmuebles de personas fallecidas, armaban una prescripción veinteañal con terceros, mensuraban el terreno legalmente, pero cuando llegaba al Registro de la avenida 3 de Abril y Mendoza, lo cambiaban a dominante para poder escriturar la propiedad robada. Para eso, les falseaban la mensura a agrimensores.
El negocio no es solamente el loteo San Blas de la Ruta Provincial Nº 43, a 2 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 12, que es el centro del conflicto.
También se escrituraron y vendieron muchos terrenos baldíos, como casas sin habitantes. Identificaban si se encontraban abandonados y verificaban a quiénes les pertenecían, precisaron fuentes judiciales.
Si se determinaba que los dueños estaban muertos, confeccionaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos. Hacían primeramente una mensura de prescripción, la que no lo habilitaba para hacer un título, entonces la fraguaban con una de dominio o deslinde, y así poder escriturar el inmueble.
Ese rótulo truchado era aprobado por la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble.
En agosto del año pasado el área de Asesoría Legal de esta Dirección advirtió las irregularidades en los expedientes que llamativamente tramitaban siempre las mismas personas que hoy están detenidas.
